miércoles, 26 de enero de 2011

DESASTRE ECOLÒGICO POR EL ORO EN RIO DAGUA


EN EL VALLE DEL CAUCA Y EN OTROS LUGARES DE COLOMBIA ESTO Y MUCHO MAS, ESTA PASANDO CON LA EXPLOTACIÓN DEL ORO



LAS IMÁGENES SON DRAMATICAS MIENTRAS LOS COLOMBIANOS EN LA INDIFERENCIA PERMITIMOS LA DESTRUCCION DE NUESTROS RECURSOS NATURALES, CON UN GOBIERNO SUBORDINADO QUE AUTORIZA TALES ATENTADOS NATURALES.

EN CAJAMARCA LA MINA "LA COLOSA” FUE ENTREGADA EN CONCESIÓN A LA ANGLO GOLD ASHANTI. OTRA EXPLOTACION CON RESULTADOS TRAGICOS PARA LA NATURALEZA NACIONAL.

EN SANTANDER LA EMPRESA NORTEAMERICANA GREYSTAR, EXPLOTARIA MAS ORO EN EL PARAMO DE SANTURBAN Y EN TANTOS LUGARES ESTA SUCEDIENDO LO QUE EL CAPITAL DE LAS MULTINACIONALES Y SUS LACAYOS NACIONALES, DECIDAN PARA LA DESTRUCCION DE LA RIQUEZA ECOLOGICA Y LA DIVERSIDAD DE LOS COLOMBIANOS DE HOY Y DEL FUTURO, SACIANDO DE ESTA MANERA, SUS INAGOTABLES APETITOS DE PODER Y RIQUEZA.

martes, 25 de enero de 2011

LATINOAMERICA NO DEBERÍA SER MENOSPRECIADA POR EL G20

ASEVERÓ PRESIDENTE, JUAN MANUEL SANTOS

Durante su discurso en el tercer Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe que se lleva a cabo en París, el mandatario reclamó que las naciones latinoamericanas “no se sienten representadas” en el bloque.

Prensa YVKE Mundial / Telesur
LUNES, 24 DE ENE DE 2011. 11:35 AM




Juan Manuel Santos se reunirá con su par francés para plantearle varias ideas sobre el G20. (Foto: Telesur)


El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, instó este lunes al Grupo de los 20 a tomar en cuenta a los países latinoamericanos y a "no ahogarlos, ni menospreciarlos" porque ya son unas "locomotoras económicas" en el mundo.

Durante su discurso en el tercer Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe que se lleva a cabo en París (capital de Francia), el mandatario reclamó que las naciones latinoamericanas “no se sienten representadas” en el bloque.

"El tren del desarrollo está encontrando nuevas locomotoras, y una de ellas es América Latina. Antes era un vagón que esperaba ayuda de locomotoras como Europa, Estados Unidos (EE.UU.) o Japón, pero el mundo de los países emergentes está poniéndose a la vanguardia del crecimiento", manifestó el presidente colombiano.

Expresó que el G20 “tiene representación de México, Argentina y Brasil, pero ni los países caribeños, ni centroamericanos, ni andinos, nos sentimos representados. Chile tampoco se siente representado”.

"¿Cómo hacemos para que la gobernabilidad a nivel mundial se mejore? Dando de cierta forma alguna voz a esas economías que emergen, para que se sientan partícipes", se preguntó.

Santos llamó a Europa a entender que América Latina “tiene una importancia muy particular en esta etapa de la historia (...) Tiene lo que en este momento el mundo está pidiendo. Tradicionalmente a la región la han dejado relegada, (aunque ahora) comienzan a verla con otros ojos", señaló.

Además, el jefe de Estado de Colombia criticó la decisión de los países desarrollados de devaluar sus monedas. Consideró que esta medida perjudica a los países latinoamericanos, así como afecta la recuperación de la economía mundial.

“Los mercados financieros están causando graves problemas a países como, por ejemplo el mío", afirmó Santos.

El mandatario colombiano lamentó en el foro económico que “la política de emitir dinero para salir de la recesión está reevaluando las monedas de Colombia, Brasil, Chile, de toda América Latina”.

“Esto está destruyendo nuestra capacidad exportadora y, en cierta medida, matando la gallina de los huevos de oro", dijo Santos, quien se reunirá el próximo miércoles en su primera visita a Europa como jefe de Estado con su homólogo francés, Nicolas Sarkozy, presidente del G20, con el objetivo de plantearle varias ideas sobre el bloque, ante de viajar a Davos (este) Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial.

POR QUÉ LOS COLOMBIANOS NOS AGUANTAMOS TODO?


Por María Jimena Duzán



SEMANA.COM OPINIÓN: No solo no protestamos, sino que reelegimos a los políticos que nos han robado, a los alcaldes que se han enriquecido y a los aliados de los narcoparamilitares.
Sábado 22 Enero 2011

En Barcelona, una ciudad que funciona bastante mejor que Bogotá, trataron de implantar el Pico y Placa por un día, pero los barceloneses salieron a protestar y lograron que el alcalde tumbara la medida en menos de una semana. En Ecuador, las petroleras están enfrentando importantes juicios por atentar contra el medio ambiente, por cuenta de los indígenas que salieron a protestar. En Estados Unidos, la BP quedó herida de muerte por cuenta de las protestas de cientos de pescadores que presionaron al gobierno de Obama para exigirle una millonaria indemnización y la salida de su país. Aquí en cambio, los colombianos nos seguimos aguantando todo, de manera estoica, sin protestar.

Las playas de Santa Marta las acabó la Drummond con su polvillo de carbón. ¿Alguien ha salido indignado a protestar por ese crimen ecológico? Cientos de niños tienen problemas respiratorios. ¿Acaso se escucharon las protestas de la gente? Los bogotanos seguimos aguantándonos un Pico y Placa que hace rato dejó de servir, y al cuestionado Alcalde nadie lo increpa. El problema con las losas de TransMilenio nos dejó una autopista inservible y en constante remiendo, pero el responsable de este descalabro es hoy uno de los candidatos más opcionados en las encuestas a la Alcaldía de Bogotá. ¿Quién nos entiende? El que va de primero en esos sondeos es el ex presidente Álvaro Uribe, a quien le debemos el desastre de Opain, la yidispolítica, las 'chuzadas' del DAS y el desastre del Inco, que nos devolvió al año de upa en materia de contratación y transparencia institucional.

Sin embargo, fieles a nuestra forma de no protestar cuando hay que protestar, el ex presidente Uribe anda por toda Colombia lanzando sus talleres ideológicos promovidos por La U, sobre la base de sus tres huevitos: seguridad, lucha contra la corrupción y cohesión social. Yo sí quisiera asistir a uno de esos talleres democráticos financiados por La U cuando exponga su huevito de la lucha contra la corrupción, porque me imagino que debe ser una obra maestra de la ciencia política. Sus aportes en la materia serían tan iluminantes como si pusiéramos al propio Madoff a dar talleres de responsabilidad bancaria o a Berlusconi, talleres de ética. De todas las lecturas, quisiera asistir a la que hable de su legado en esa lucha contra la corrupción en el caso del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Si fuera una de sus asistentes le preguntaría cómo fue que su gobierno consiguió otorgarle la concesión del aeropuerto a la oferta más barata (en la que coincidencialmente estaba de socio su cercano amigo William Vélez) para que después Opain empezara a pedir más dinero y la obra nos terminara costando una cifra muy superior a la más alta de las que ofertaron. Con un problemilla: con todas estas demoras y a pesar de todos los adendos, el aeropuerto que vaya a construir Opain nos va a quedar pequeño antes de que entre en funcionamiento. En esas circunstancias, lo que sí podría impartir el presidente Uribe en sus talleres ideológicos en materia de lucha contra la corrupción sería un taller sobre cómo reducir la corrupción no a sus mínimas sino a sus máximas proporciones. Ese taller podrían repartírselo con Júnior Turbay para que la cosa tenga algo de humor.

Pero no solo no protestamos, sino que terminamos reeligiendo a los políticos que nos han robado, a los alcaldes que se han enriquecido con el erario y a los que en los últimos 20 años se han aliado con los narcoparamilitares. Y como siempre, los pocos que sí protestan terminan como esos líderes de Córdoba que han sido asesinados por los paras en estos últimos meses luchando por su tierra. Lo más seguro es que en ese departamento se seguirá imponiendo la familia López Cabrales, y en Sucre los familiares de Álvaro García, así como en el Valle lo harán los títeres de Juan Carlos Martínez. Esas tres familias, a pesar de que han cohabitado a su manera con el narcoparamilitarismo siguen detentando el poder en sus regiones. Son los hombres de acero de la política colombiana: a ninguno le hace mella ni sus alianzas con el diablo, ni la precaria situación social que viven sus departamentos, ni el aumento de la violencia.

Protestar en Colombia no solo desafía la cultura establecida, sino que lo convierte a uno en un perro a cuadros. Uno no encuentra ni los lugares precisos, ni las instituciones que reciban esa protesta y la tomen en serio. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que cuando van a protestar por una cuenta de gas o de luz que supera lo normal, lo primero que hace la persona encarcagada es darle a uno a entender que la protesta no es válida y que uno es el equivocado? Las veces que yo he hecho el reclamo me ha tocado prácticamente probar que no soy una antisocial que quiere robarle chichiguas a la empresa en cuestión. ¿Han intentado hacer un reclamo en Comcel o en Movistar sin terminar convertidos en una especie de apátridas?

Cuando ni siquiera las protestas cotidianas tienen cabida ni eco, es un síntoma preocupante de que la protesta no es valorada por la sociedad ni por las instituciones. Ahora, si lo único que hay para valorar realmente son esas tres güevas de Uribe, desde ya siento mi protesta, así me tachen de que estoy atentando contra todo un 'triplevarón'.

viernes, 21 de enero de 2011

TRIBUNAL COLOMBIANO ORDENA QUE INVESTIGACIÓN CONTRA URIBE SEA PÚBLICA

POR ESPIONAJE TELEFÓNICO

Un vocero de prensa del Colectivo de Abogados José Alvear, una organización no gubernamental, dijo el pasado jueves que a través de uno de sus letrados interpuso una tutela (recurso constitucional de amparo) que buscaba que esa investigación fuera pública.

Prensa Yvke Mundial/Agencias
VIERNES, 21 DE ENE DE 2011. 1:47 AM




Se revelará hasta dónde llegó el espionaje telefónico que practicó el gobierno de Uribe Vélez/Foto: Archivo


Un tribunal de Bogotá le ordenó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que la investigación que adelanta contra el ex presidente Álvaro Uribe, por espionaje telefónico contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, sea pública.

Un vocero de prensa del Colectivo de Abogados José Alvear, una organización no gubernamental, dijo el pasado jueves que a través de uno de sus letrados interpuso una tutela (recurso constitucional de amparo) que buscaba que esa investigación fuera pública.

Según el colectivo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la Comisión de la Cámara, que la investigación que adelanta contra el ex presidente Uribe (2002-2010), fuera de carácter público.

E.U AFIRMA QUE LAS MAFIAS ITALIANAS AYUDAN AL TERRORISMO


Según los cables de Wikileaks, el FBI considera que el dinero de la droga de la 'Ndrangheta y la Camorra financia a grupos armados en Afganistán y Colombia.- El servicio exterior elaboró en 2008 un plan para ayudar a Italia a luchar contra el crimen organizado
MIGUEL MORA - Roma - 20/01/2011


Domenico Oppedisano, considerado el 'número 1', de la 'Ndrangheta poco después de ser detenido el pasado julio.- AP

Los diplomáticos de Estados Unidos en Italia consideran que las tres mafias italianas, la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta y la Camorra, son "la mayor amenaza para el crecimiento económico del sur de Italia" y constituyen un peligroso y potente "sindicato del crimen" al que es preciso combatir con "más eficacia", ya que, entre otras actividades, "ayudan a grupos terroristas en Colombia y Afganistán a través del tráfico de drogas, impiden el desarrollo del sur de Italia, distorsionan los mercados, violan los derechos de artistas y compañías estadounidenses, sustentan al crimen organizado en Estados Unidos, y suponen riesgos potenciales para la salud de los miles de militares y funcionarios estadounidenses que residen en el sur de Italia".
Según revelan los papeles secretos del Departamento de Estado filtrados a Wikileaks que ha podido examinar EL PAÍS, los diplomáticos de Washington destinados en Italia elaboraron en junio de 2008 un plan, compuesto por 12 medidas concretas, con el objetivo de que Estados Unidos se implique más a fondo en la lucha contra las mafias.
La propuesta, firmada por el ex cónsul general en Nápoles, J. Patrick Truhn, y aprobada por las legaciones en Roma y el Vaticano, era la conclusión de un largo y demoledor informe sobre el triángulo criminal formado por la Cosa Nostra siciliana, la Camorra de Campania y la 'Ndragheta calabresa.
El diplomático escribía: "Debemos trabajar para convencer al nuevo Gobierno italiano de que el crimen organizado es una seria prioridad del Gobierno de EE UU, y de que los terribles costes económicos del crimen organizado son un argumento convincente para una acción inmediata". El análisis, dividido en tres partes, fue enviado a la Secretaría de Estado, la CIA, el FBI, la DEA y otros 18 organismos oficiales de EE UU en junio de 2008.
Siete razones
El documento 157192 daba una lista de siete razones por las que "el Gobierno de Estados Unidos puede y debe implicarse más" en la lucha antimafia.
-El tráfico de drogas de las mafias italianas envía dinero a narcotraficantes (y por tanto, de forma indirecta a grupos terroristas) en Colombia y Afganistán, lo que afecta a la seguridad nacional estadounidense.
-Un informe de inteligencia del FBI reveló en 2005 que "la interacción criminal entre el crimen organizado italiano y los grupos extremistas islámicos facilita a potenciales terroristas el acceso a apoyo económico y logístico de organizaciones criminales con rutas de contrabando establecidas y una fuerte presencia en Estados Unidos". En una declaración pública de 2004, el fiscal antimafia italiano, Pierluigi Vigna, señaló la conexión entre grupos de militantes islámicos y la Camorra, afirmando que había pruebas de implicaban a la Camorra en un intercambio de drogas por armas con grupos terroristas islámicos.
-Las mercancías falsas y la piratería de productos hechos en Estados Unidos (sobre todo películas, música y software) perjudican directamente los intereses estadounidenses.
-Los lazos entre las mafias italianas y estadounidenses refuerzan mutuamente a estos grupos. Los nexos entre la mafia siciliana Cosa Nostra y la mafia de EE UU se retrotraen a cerca de un siglo, pero la Camorra y la 'Ndrangheta también tienen afiliados en Estados Unidos, según el FBI.
-Los ciudadanos estadounidenses residentes (incluyendo a miles de miembros de la Marina de Estados Unidos y sus familias en Campania y Sicilia) y turistas se ven afectados por el crimen callejero, y potencialmente por la crisis de la basura en Campania (que se debe en gran parte al crimen organizado) y las descargas de residuos tóxicos en la región.
-Empresas de Estados Unidos que querrían invertir en el sur de Italia se niegan a hacerlo porque les preocupa el crimen organizado.
-El crimen organizado debilita a un aliado importante política, económica y socialmente.
El mismo documento recomendaba a Washington que dedique "más recursos e intercambios de inteligencia para luchar contra la Camorra y la 'Ndrangheta" y "para que las autoridades italianas cooperen más estrechamente con sus pares en Colombia, Albania, Turquía, Nigeria y otros lugares".
Y proponía doce "tácticas" concretas a adoptar con efecto inmediato:
-Admitir públicamente la magnitud del problema del crimen organizado en Italia y el apoyo del Gobierno de Estados Unidos a los esfuerzos italianos por combatirla.
-Comprometer más recursos para la cooperación judicial con Italia.
-Favorecer una cooperación más estrecha entre los funcionarios judiciales italianos y sus contrapartes en países clave.
-Expresar al Gobierno italiano la idea de que tiene demasiados pocos magistrados antimafia en Calabria, hogar de la organización criminal más potente del país.
-Presionar al Gobierno italiano para que acabe con la corrupción en sus puertos.
-Cooperar más estrechamente con el Banco Central Italiano y presionar a otros países (por ejemplo Suiza, Liechtenstein, Mónaco) para que cooperen más en la ruptura del circuito de lavado de dinero.
-Trabajar con el Gobierno italiano para mejorar un sistema judicial estropeado. Si se quiere acabar con el crimen organizado, las sentencias deben ser más duras, las apelaciones limitadas, y el proceso judicial más eficiente. No puede ser que presos convictos acaben liberados porque los jueces fracasen al hacer el papeleo.
-Compartir la experiencia de las instituciones penitenciarias del Gobierno de EE UU en construcción, gestión y privatización. Uno de los problemas mayores de Italia es la falta de prisiones, lo que significa que muchos acusados no son encarcelados jamás y muchos condenados son liberados mucho antes de cumplir sus penas.
-Dar más apoyo visible a los esfuerzos de las asociaciones ciudadanas que luchan contra el crimen organizado (por ejemplo los grupos que en Sicilia lideran la rebelión pública contra la extorsión).
-Ayudar a ampliar el conocimiento del público sobre los efectos deletéreos de las organizaciones criminales, y sobre cómo hemos tratado el problema en EE UU.
-Lograr la asistencia de la Iglesia Católica Romana para que sea más expresiva contra el crimen organizado.
-Animar al Gobierno italiano y a la Unión Europea para que inviertan en infraestructuras, particularmente en mejoras de la seguridad pública, en el sur de Italia, y al mismo tiempo para mejorar el seguimiento de cómo se gasta el dinero.

EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EN UNA TRANSFORMACIÒN NACIONALMENTE POSITIVA DEL CONFLICTO ARMADO

Hacia la Reactivación de REDUNIPAZ, Red de Universidades
por la Paz.

COLOMBIA 2010-2014:
ATISBOS ANALITICOS 125 ENERO DE 2011



Santiago de Cali, Colombia

DIRECTOR: Humberto Vélez Ramírez humbertovelezr@gmail.com
EDITOR: Jorge E. Salomón fundacionecopais@gmail.com

ENSAYO
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Hoy por hoy, en Colombia casi no hay compatriota que no se asuma como un especialista en materia de conflicto armado; en otros términos, como mínimo, todos tenemos una representación sobre el asunto, una forma subjetiva de conocimiento sobre el fenómeno y sobre su mejor y más sabia salida. Es ése el lógico resultado de más de dos décadas - por lo menos desde 1990 - de cotidiana insistencia, radial, televisiva, discursiva y analítica, sobre una u otra dimensión del problema. Bienvenido este fenómeno cognitivo colectivo, pero, asumido por cada quien como definitiva verdad “conquistada”, puede funcionar como obstáculo epistemológico a un mejor conocimiento objetivo del estado actual, en este enero del 2011, de la evolución histórica del conflicto armado. Por estos días, cuando, en el periódico o en internet, nos topamos con una titulación que apunta a algún detalle de la guerra interna, como reacción, casi espontánea, de inmediato nos decimos, “sobre esto de la guerra, para qué leer más, si ya casi lo sé todo”.
Pero, hoy como nunca los académicos sabemos que la guerra, como todo otro fenómeno importante de la vida social, debe ser examinada desde su realidad objetiva, así como desde la intimidad subjetiva de los que la hacen, la observan y la sufren en el transcurrir de cada día.
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Para que, desparramadas, estas pildoritas académico políticas, no se queden como islotes cerrados, precisemos de entrada cuál es el propósito central de este escrito, cuál es la píldora central. Hace ya cinco meses que la recomendamos, fue el mismo día en el que el actual presidente Santos se estaba posesionando. Mientras que él, el 7 de agosto del 2010 afirmaba que, direccionado por la Seguridad democrática, no echaría, sin embargo, al mar las llaves de una posible negociación, nosotros escribíamos el Atisbos 120, “Abriéndole trocha a un nuevo Modelo de negociación política del conflicto armado”, en el que decíamos,
“Para empezar digamos que, en una primera fase, dados los obstáculos que desde la mente de los colombianos conspiran contra ese horizonte, todos los esfuerzos deben orientarse a posicionar la agenda de negociación política del conflicto armado.
Quemar esta etapa, presionados por premuras del momento o por la aparición de pequeñas esperanzas, puede significar quemar el pan a la entrada del horno como sucedió en el Caguán cuando, con precipitación, se entró a una negociación sin una previa y necesaria pre-negociación. Una cosa es que sigamos pensando que la negociación política es el camino ciudadano cultural y sicológicamente más sano de tratamiento de la guerra interna, y otra cosa es que existan las condiciones objetivas y simbólicas para entrar a marcharlo. Estas, de modo necesario, deben ser construidas, lo que tiene que ver con sus tiempos, los tiempos de la aclimatación de una salida negociada, ahora bajo un esquema distinto de los del Caguán y la Seguridad democrática, pues el primero se frustró mientras que el segundo ya dio de sí todo lo que podía dar,” incluidas sus protuberantes e históricas perversidades asociadas a la idea antiética según la cual “todo vale” con tal de derrotar a un enemigo considerado estratégico.(1)
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En este primer semestre del 2011, por varias vías, aunque todavía de modo débil, se ha venido abriendo paso una idea, la de la urgencia “pausada” de construir y viabilizar un nuevo Modelo de abordaje del fenómeno capaz de inspirar una transformación nacionalmente positiva de lo mucho que aún queda de guerra interna. Frustrado el Caguán y casi agotada la Seguridad democrática, como muy peculiarmente nuestro sería aferrarnos a una nota, que ha sido una constante en la conducta histórica de los colombianos: de cara a los grandes males nacionales de índole estructural, en “la mañana” normalmente nos sumergimos en la cultura de la resignación - “es que al respecto nada podemos hacer”, es lo que casi siempre decimos-, pero esa misma “tarde” salimos a eliminar de modo violento al vecino o porque “ la noche anterior nos puso a volumen elevado un disco que no nos dejó dormir” o porque “miró mal a un hijo amado”.
¡Con qué facilidad franqueamos las fronteras entre la resignación y la violencia! Como ciudadanos, nunca hemos sido capaces de protestar manteniendo, al mismo tiempo, el respeto al “otro”. Como conducta ciudadana siempre hemos sido resignados “hoy” y violentos “mañana”! ¡Como constante nunca hemos logrado evidenciar una expresión de la modernidad, la de ser luchadores y combatientes inscritos en una cultura de la tolerancia y el respeto!
Nuestra guerra se asocia a un problema estructural de nuestra sociedad. De cara a dos tremendo fracasos para tratarla, no podemos refugiarnos ahora en la cultura de la resignación, “es que ese conflicto nunca tendrá final”, mientras continuamos violentando y eliminando a nuestros vecinos por problemas de menor calado. Respetando al enemigo y al contrario, debemos salir a luchar por una Colombia sin conflicto armado buscando una transformación positiva de éste en la que el gran ganancioso sea el país en su conjunto, aunque todas las categorías de sus hijos salgamos perdiendo, los guerrilleros y los más ligados al Estado y al establecimiento incluidos.

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En concreto, la invitación ahora es para que todos los colombianos, como sociedades civiles y desde las lógicas específicas que las definen, nos reorganicemos para, en una primera fase, coordinar esfuerzos y voluntades con el fin de legitimar en lo social y viabilizar en lo político una nueva estrategia para la transformación positiva del conflicto armado y todo ello inspirado en el levantamiento de un nuevo Modelo de negociación.
Pero, como un nuevo Modelo se impone porque los anteriores han fallado, precisemos primero las razones por las que el Caguán falló como negociación y por las que la Seguridad democrática, excedida en perversidades, ha llegado al agotamiento como posibilidad de derrota militar de las guerrillas.

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La estrategia de negociación ensayada en el Caguán estuvo orientada a institucionalizar a las guerrillas, primero, derrotando a los paramilitares, segundo, haciendo, desde el Estado, una especie de “revolución social” y, tercero, redistribuyendo el poder institucional con las primeras.
Las fallas, precariedades y limitaciones del Modelo Caguán, que finalmente lo llevaron al fracaso, estuvieron asociadas, primero, a la zona escogida para negociar (una región paraestatal donde las Farc presentaban evidentes ventajas comparativas de poder), segundo, a la premura del proceso (se pretendió construir acuerdos sin haber hecho antes una negociación de la negociación), y tercero, al nivel de reformas exigidas por las Farc ( que se hiciese desde el Estado una “revolución social” fue la consigna que se impuso). Coaligadas en sus consecuencias esas tres circunstancias, lo que, en la práctica, se impuso fue un permanente, disfuncional y perverso juego de poder con el que los agentes del gobierno y los farquianos buscaron evidenciar, ante el país y ante el mundo, cuál de los dos era “el más guapo”.
Sobre las muchas críticas que se le pueden formular a la experiencia del Caguán, existe una que, delicada y compleja, hemos formulado así,
“Es necesario, por otra parte, que empecemos a hacernos una autocrítica en torno a algunos problemas centrales, que han terminado por quedar socialmente asentados y aceptados casi como “inamovibles”. En particular, me voy a referir a uno, al de las relaciones entre una negociación política de la guerra interna y las llamadas reformas estructurales de la sociedad colombiana. En su versión extrema, desde el Caguán se ha venido afirmando que sin reformas sociales en profundidad, las sociedades civiles no podían contribuir a pactar el final de la guerra interna. Fue esa postura la que hizo que, desde las lógicas del establecimiento, Alfonso López Michelsen proclamara que muchos -seguro que estaba pensando en la izquierda- pretendían que, por decreto, se les hiciese la revolución social. Pues bien, sabemos que el Modelo- Caguán también fracasó porque el Estado y los dueños de la gran propiedad se negaron a asumir el costo económico y fiscal de las reformas estructurales que le dieron forma a la Agenda de Paz que finalmente se levantó. Esto no obstante, debemos preguntarnos ahora si la negociación de un conflicto macro de nunca acabar, como el colombiano, debe quedar condicionada a que se hagan las profundas reformas sociales que el país requiere. Quizá estemos equivocando los ámbitos de acción, el de la negociación es la coyuntura política de oportunidad para ponerle punto final a una conflicto ya casi secular, mientras que el de la revolución social es y debe ser el de las luchas sociales y políticas de las masas no propietarias. No es que de una negociación así, no se deriven una serie de reformas pero ajustadas a la naturaleza del conflicto a tratar. Algunos dirán que las guerrillas existen dadas la profunda inequidad social que caracteriza a esta sociedad. Pues bien, en este caso, parte de la negociación consistiría en brindarle a los exguerrilleros los espacios institucionales de democracia más adecuados para que en ellos libren sus luchas por la revolución social.

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Por su parte, la Seguridad democrática que, como estrategia siguió al Caguán, estuvo inspirada en la idea de institucionalizar el paramilitarismo, primero, derrotando militarmente a las guerrillas y, segundo, favoreciendo, tanto por omisión como por acción, la cristalización de alianzas locales y regionales entre la mafia paramilitar con burócratas y políticos institucionales orientadas a refundar el Estado desde posiciones ideológicas de extrema derecha. Asunto central de la refundación lo constituía el desmonte de la Constitución de 1991, así como el retorno al espíritu y la cultura política de la Constitución de 1886.
Las fallas, precariedades y limitaciones del Modelo Seguridad Democrática, las recogimos así en el Atisbos Analíticos 124,
“Al final del octoenio de Uribe, 2002-2010, la Constitución de 1991 quedó entre paréntesis, ni desmontada del todo ni sobradamente triunfante. Pero ahí se encuentran la República autoritaria instaurada, así como las consecuencias objetivas y los estados mentales perversos de la Seguridad democrática, su mayor éxito relativo incluido, vale decir, el haber parado la escalada militar que iniciaron las Farc a partir de la toma de la Base militar de las Delicias. Esto no obstante, cuando el presidente Santos inició su gobierno de unidad nacional, bajo el liderazgo de los uribistas más moderados, la Seguridad democrática, todavía viva y actuante, pasaba por una aguda crisis ligada a sus perversidades intrínsecas: primera, la de haber tirado la Casa fiscal por la única ventana del financiamiento de la derrota militar de las farc; segunda, la de haber posibilitado el ahondamiento de la inseguridad urbana; tercera, la de haber equivocado, de modo reiterado, los tiempos de la derrota militar de esta guerrilla; cuarta, la de haber subordinado casi todas las políticas públicas a las lógicas, ritmos e intereses de la Seguridad democrática; quinta, la de haber propiciado “el todo vale”; sexta, la de haber dejado a Colombia internacionalmente aislada; y séptima, la de haber puesto patas arriba la institucionalidad de las relaciones entre dos ramas del poder público”.
Y Ahora, en enero del 2011, patentada ha quedado una octava perversidad de la Seguridad democrática: la de haber propiciado, por acción o por omisión, una segunda fase del paramilitarismo en la que, en definitiva, éste instaló en más de 10 departamentos vigorosos bloques locales y regionales de poder con los narcotraficantes como fuerza protagónica, en alianza con sectores de las Fuerzas de Seguridad, funcionarios civiles y particulares. Para colocar un único y escalofriante dato, la Fiscalía General de la Nación documentó que entre el 2005 y el 2010, con motivo de la instalación y de las condiciones de funcionamiento de esos numerosos gobiernos fácticos de factura neoparamilitar, hubo 173.183 casos de homicidio, 34.467 desaparecidos, 1597 matanzas con la participación de 155 funcionarios civiles, 381 miembros de las Fuerzas de Seguridad y 7067 particulares. Es decir, que colocados en posición longitudinal, esos 173.183 cadáveres en una autopista, nos darían casi 100 kilómetros, como decir desde Cali hasta Tuluá.

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Pero, no se trata ahora de reclamar una estrategia alternativa cuando la Seguridad democrática todavía no se ha desmontado y cuando el nuevo Gobierno de Santos lo que efectivamente está haciendo es un esfuerzo por lavarle su cara, perversamente ensuciada por “el todo vale” aunque reiterando, por boca de su vicepresidente Angelino, sobre todo, que
“si ellos cumplen las condiciones que el gobierno ha establecido se tendrá toda la generosidad para construir escenarios de paz y caminos de perdón y de reconciliación”.
Entonces, como universitarios nos toca ahora preguntarnos por el papel que las Universidades, en todos sus estamentos, pueden cumplir en un esfuerzo colectivo nacional por construir y viabilizar un nuevo Modelo de tratamiento de la guerra interna.
En el pasado, entre 1998 y el 2002, sobre todo, las Universidades colombianas, con sus intelectuales como componente importante de las Sociedades civiles y asumiéndose ellas mismas como parte integrante del movimiento social por la paz, vivieron una experiencia muy rica al crear la “Red de Universidades por la Paz y la Convivencia”, que entre 1998 y el 2002 realizó cuatro importantes Congresos Nacionales logrando presencia activa en más de 40 Universidades.
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Sabemos que la Universidades que investigan pueden adelantar muy buena proyección social en la medida en que produzcan Pensamiento estratégico. Sin polemizar al respecto, digamos que éste puede ser entendido como aquel que permite llevar los resultados de la investigación teórica, analítica y tecnológica a los problemas de la vida social. Es por esta vía por donde la Universidad cristaliza su misión social. Sin embargo, precisemos que no hay pensamiento estratégico que no sea un pensamiento interesado. En muchos de nuestros Atisbos, bajo formas conceptuales y prácticas muy variadas, lo hemos reiterado inspirándonos con frecuencia en Pierre Bourdieu. En muchos de los Atisbos hemos dicho que el pensamiento estratégico que las Universidades producen a partir de la investigación acumulada, al mismo tiempo no le puede servir a Dios y al Diablo. Lo que normalmente hace el pensamiento estratégico es sugerirle a los actores sociales qué obstáculos deben vencer y qué condiciones crear para que la estrategia de cada uno pueda ser exitosa. Es claro, entonces, que los problemas a resolver están atados a las luchas sociales y a las relaciones de poder. Por lo tanto, de acuerdo con el enfoque ideológico de base de cada universitario, el pensamiento estratégico producido, por ejemplo, para iluminar las luchas realizadas alrededor del conflicto armado, en unos casos instrumentalmente le ha servido a unos para fortalecer o rectificar una salida negociada y a otros, en cambio, para animar una salida militar.
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Pero, al margen del debate que pueda desarrollarse alrededor del carácter y alcances del pensamiento estratégico, habría que decir que un desenlace negociado del conflicto armado es el que más y mejor se ajusta al espíritu, lógicas y cultura de los universitarios. Muy bien sabemos que la lógica de la Universidad no es la lógica del principio de identidad (como decir, lo que es, es) sino, más bien, la del principio de contradicción (como decir, lo que es, puede llegar a no ser hasta convertirse en su contrario). S e trata, entonces, de la contradicción resuelta siempre, de modo dialéctico, mediante la permanente apelación a la inteligencia, a la razón, a la investigación, al debate crítico pero de altura y al poder de la palabra.
Desde el pasado, ésa es la línea en la que, en lo referente a la relación Universidad –Conflicto armado, se han movido, por ejemplo, muchos profesores de la Universidad del Valle.
Sobre la materia, escribió el profesor Angelo Papaquini,
“El encierro en la Universidad y la entrega al goce despreocupado del conocimiento puro y de la cultura aparece ya como una deserción frente a las expectativas de quienes confían en que la Universidad contribuya, con un trabajo investigativo de envergadura sobre los problemas más acuciantes del país, los recursos invertidos en ella por la misma Universidad….La Universidad tiene que enfrentar los problemas concretos de su tiempo y del contexto específico en que se inscribe, pero con sus herramientas más peculiares: el conocimiento, la investigación científica, la crítica y un ethos sustentado en el diálogo y el poder de la palabra”.

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Como decir, si la Sociedad nos financia, a ella pertenecemos con todo lo que tenemos como más específico y peculiar, como es todo lo que gira alrededor de lo que podemos llamar “Palabra de Universidad”. Como decir, la palabra y el diálogo enhebrado en ella al servicio de esa causa llamada “una Colombia sin conflicto armado”. Al pensar en la relación palabra, Universidad y conflicto armado, no podemos olvidar al gran Pablo Neruda,
“Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan…Me prosterno ante ellas…Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito…Todo está en la palabra…Una idea entera se cambia porque una palabra se cambió de sitio, o porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció”.
No hace mucho tiempo, así puse sobre tierra académica este texto de Neruda desde la que he llamado, “Palabra de Universidad”,
“Claro que con la palabra podemos equivocarnos”, y también mentir, añadiríamos ahora, “pero también mediante ella, podemos corregir, reparar y perdonar. Lo que en definitiva la aturde es su uso inútil, hablar por hablar, y, peor, su uso inmoral, hablar para mentir, para engañar, para tapar, para tergiversar. Los que hacen ese uso inútil, pero, sobre todo, inmoral de la ‘palabra’, incurren en el delito de ‘lesa-palabra’ “.

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Por facilidad de consulta, quedémonos ahora con algunas de las tesis, que, levantadas hace una década por profesores de la Universidad del Valle, nos pueden servir ahora para repensar la relación Universidad- Conflicto armado.
En 1999, en el Primer Congreso Nacional de la Red de Universidades por la Paz realizado en Bogotá, entre otras cosas, señaló el profesor Adolfo Alvarez,
En la Universidad “se reciclan los conflictos sociales en el ámbito de las ideas y por su función intelectual, por su esencia crítica, la Universidad es uno de los espacios más sensibles a los conflictos y luchas políticas…Existe entonces una tensión entre la necesaria autonomía universitaria para avanzar en su misión intelectual y las demandas de signo diverso que la confrontan y la afectan. Qué tanto y en qué sentido el movimiento universitario y la Universidad colombiana, han incidido sobre: los procesos, las ideas, los actores-partidos, movimientos-, y los conflictos políticos y en el conflicto armado como expresión del conflicto político? O cómo estos la han afectado?”.
Enseguida el profesor Alvarez hizo un examen histórico de las tensiones entre la Universidad colombiana por conquistar su autonomía y la presencia en su seno de fenómenos ora de hiperpolitización- década de 1970- ora de despolitización-década de 1990 concluyendo en la necesidad de repensar la función política de la Universidad:
“La Universidad, señaló, no puede sustraerse de la influencia de los procesos y conflictos políticos que agitan la sociedad. Pero ella debe ganar y construir una verdadera autonomía, que le permita pensar y repensar, criticar, evaluar y estudiar; someter también a un análisis sistemático, con base en las ciencias sociales y humanas, en los desarrollos del pensamiento moderno, las diversas opciones y propuestas políticas... ‘La Universidad, señala al citar a O. Gaviria, no es el escenario de la política, pero la política pasa por la universidad”.
“Por ejemplo, concluyó, respecto de la guerra y la paz la tarea de la Universidad, de los académicos y de los universitarios es promover el análisis, el debate, la reflexión, el estudio, en forma más amplia, rica y compleja de los factores, de las condiciones que la explican, de los actores internos y externos de este proceso. Más allá de justificar el conflicto debe explicarlo, mostrando la lógica de los actores y sus implicaciones para el conjunto de la sociedad y la propia nación. El logro de la paz, hace parte de una condición para la sobrevivencia y el ejercicio de la autonomía universitaria, que como hemos visto es una de las damnificadas de la confrontación armada, pero porque se trata de una condición para ejercer su función crítica en libertad”.
Señalemos, por otra parte, que el profesor Alvarez recogió en su Ponencia una tesis central, que inspiró a REDUNIPAZ durante sus cuatro años de vida activa y que señala a
“las formas democráticas” como las “únicas coherentes con el espíritu de la Universidad”.
Agreguemos ahora que, desde tiempo atrás, Los Atisbos han defendido la tesis que dice que el desenlace que finalmente alcance en Colombia el conflicto armado, incidirá, de modo significativo, en su forma futura de Estado y de sociedad. De todas maneras, el desenlace democrático será siempre el más congruente con el espíritu, la misión y la cultura de La Universidad. Ya lo hemos experimentado, la salida guerrerista intentada entre el 2002 y el 2008, ha tenido entre sus consecuencias más disfuncionales y perversas la evolución del régimen político colombiano hacia una forma de república autoritaria.
Recordemos, por otra parte, que años atrás la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle instauró un Seminario Permanente sobre la Guerra y la Paz en el que 17 investigadores (“Daniel Pecaut, Fernando Cruz K, Carmiña Navia, Anthony Sampson, Rodrigo Romero, Humberto Vélez, Angelo Papacchini, Víctor Mario Estrada, Alba Nubia Rodríguez, Boris Salazar, Martin Urquijo, Jesús Valencia, Fabio Martínez, Darío Henao, Gilberto Loaiza, Alejandro López y Adolfo Alvarez”), independientemente de los diferentes sistemas éticos asumidos como punto de referencia, compartieron la idea de
“unos mínimos humanitarios que no pueden ser violados por ninguna razón o causa superior, por noble y elevada que ésta sea”.
Al respecto, se presentaron cuatro importantes Ponencias.
La idea de universitario se encuentra muy cercana a la de intelectual. Entre las Ponencias presentadas en ese Seminario hubo una que importa destacar en este 2011 cuando creemos que es válido y necesario esforzarnos por viabilizar un nuevo modelo de tratamiento positivo del conflicto armado, proceso en el que a la Universidad le compete un papel importante pero sin que violentemos su naturaleza olvidando que se trata de una organización situada, que tienen una historia específica. Se trata de la reflexión realizada por el profesor Gilberto Loaiza, “Los intelectuales colombianos ante los dilemas de la guerra y de la paz”. Para animar la reflexión, la condesamos así con algunas glosas, en sus tesis centrales,
En su Ensayo esboza lo que “han podido ser y hacer los intelectuales” en un país que, como Colombia “ha vivido, en los dos últimos siglos, una guerra endémica, permanente, no importa los eufemismos explicativos que la aderecen ni las variantes en los métodos de aniquilación o la ampliación histórica de los listados de causas y actores en contienda”. En una primera tesis central, el profesor Loaiza destacó cómo la recurrente alternativa de las armas nos ha llevado a despreciar que “antes, durante y después de cada guerra ha sido posible construir algunos indicios institucionales de modernidad cultural, de lo que cualquier ideólogo liberal decimonónico habría llamado con entusiasmo ‘civilización’ opuesta a la ‘barbarie’ ”. Es en este primer momento cuando el ponente, sin temor y con valor, hace la loa del sector de intelectuales que, sin vinculación en apariencia con la política, han contribuido a la construcción de “la institucionalidad cultural, que permite la difusión – así sea todavía exigua o marginal- de los gustos estéticos”: “A muchos creadores, precisa, debemos agradecerles sus sistemática elaboración de una obra artística” aunque sobre ellos haya recaído la justa o injusta condena de la evasión.”Muchos de esos individuos, prosiguió, son responsables de que la vida pública en Colombia sea menos desoladora, que las ciudades sean escenarios menos hostiles y que el ciudadano medio del país pueda tener algún grado de goce estético en su trágico peregrinaje.”. Glosando al profesor, nosotros agregaríamos que muchos de esos creadores son responsables de que la violencia en Colombia no sea todavía mucho más abundante, intensa y aplastante, lo que, para el caso colombiano, sería casi hiperbólico.
Enseguida el autor destaca cómo durante esos dos siglos de aparente vida republicana y en medio de esta guerra endémica y permanente, “han nacido universidades, se han organizado expediciones científicas, se han ido formando comunidades especializadas en investigación y se han diferenciado las esferas de producción intelectual”. Ha sido así, entonces, como los intelectuales colombianos, con todas sus ambivalencias, históricamente han oscilado “entre ser el apéndice institucional, de su sistema tradicional de parentelas o ser los voceros de una sociedad moderna”. Válida esta tensión, habría que decir que el intelectual del siglo XIX, fue ante todo, el intelectual de un establecimiento e institucionalidad básicas, todavía en construcción, “un agente de exclusión política, precisó el ponente, bajo el principio de la soberanía de la razón que suplantó al de la soberanía del pueblo”. Pero, “en tiempos más cercanos, y he aquí otra importante hipótesis histórica de Loaiza, el impacto de los medios de comunicación audiovisuales y el persistente cuestionamiento del débil sistema público de educación superior, han hecho que el intelectual caiga en la desgracia, según el lenguaje tecnocrático en boga, de ser inviable, de resultar oneroso según las ponderaciones de los heraldo del libre mercado. Su original carácter mediador, de persuasor permanente, se ha diluido en una sociedad que parece poco dispuesta a optar por el uso de la razón. Escribir en este umbral sobre los intelectuales colombianos no promete por tanto, un balance que invite a la esperanza. Pero eso sí, la simple indicación de un acumulado, de unas líneas de persistencia que se sostienen en medio de las cíclicas irrupciones de las formas explícitas de la guerra, nos permiten creer que algo se ha podido construir y que es preciso protegerlo de la extinción”.
El profesor Loaiza nos ha puesto sobre el tapete unas tesis que juzgamos muy importantes en esta coyuntura cuando creemos que es importante trabajar por la reactivación de REDUNIPAZ. Entre 1998 y el 2002, invadidos por el optimismo social de la pacificación, de modos variados idealizamos el papel de la Red. Una década después, con claridad nos hemos percatado de que los intelectuales colombianos no somos unívocos. Quizá todos queramos el final de la guerra aunque unos por un camino de re-guerra y otros, por el de su negociación; muchos, por distintos caminos legítimos, están contribuyendo a la construcción de paz positiva, como ha llamado GALTUNG a toda forma activa de sensibilidad humana orientada a enriquecer lo humano. El profesor Loaiza lo ha destacado: ha existido un grupo de intelectuales colombianos responsables de que este país sea menos desolador. Han sido, así, activos constructores de modernidad. Otros, quizá, queramos colocar ahora nuestro granito de arena en este esfuerzo por potenciar la Red. Hagámoslo con mucho sentido de realidad, pues, de todos modos, estamos en una sociedad en la que no son tantos lo que crean en el poder de la palabra, en el poder de “La Palabra de Universidad”.

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Recojamos, entonces, la idea central: la Universidad Colombiana puede, por ser una empresa del conocimiento y, debe, por obligación moral ligada a su propia misión, primero, investigar el conflicto armado, como pasado y como presente, como realidad y como representación simbólica; segundo, evaluar, en sus implicaciones y consecuencias, las distintas propuestas atadas a sus posibles desenlaces; tercero, contribuir a levantar un nuevo modelo para su transformación nacionalmente positiva; y cuarto, por qué no , casarse con la apuesta más congruente con sus lógicas, espíritu y cultura.
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En este esfuerzo por reactivar la Red, ahora con participación de estudiantes, empleados y trabajadores, ECOPAIS- ATISBOS ANALÍTICOS ofrece sus esfuerzos y espacio (fundacionecopais@gmail.com, humbertovelezr@gmail.com, templario006@yahoo.es, yesika_villegas@hotmail.com, mandatoestudiantilciuv@gmail.com, mandatohumanitario@gmail.com, ) para que a mediados del año podamos realizar en Cali un Encuentro de Universidades del suroccidente colombiano preparatorio del V Congreso de REDUNIPAZ, que se podría realizar en Bogotá a finales del año. Mientras tanto, en las distintas Universidades vayamos realizando Encuentros Internos, Locales y Regionales, así: 1. Eje Cafetero, Caldas, Risaralda, Quindío; 2. Valle del Cauca; 3. Popayán, Cauca, Putumayo.LOS ATISBOS ANALITICOS abre su especio virtual para animar este debate en el sur-occidente colombiano
Mientras tanto, asumamos a REDUNUIPAZ como parte integrante del Movimiento social por la Paz, y, sobre todo, de “Colombianos y colombianos por la Paz” bajo el liderazgo de Piedad Córdoba.
Es una propuesta, ya dialogada entre algunos, que REDUNIPAZ recoja la memoria de Alfredo Correa D’Andreis, uno de sus más entusiastas fundadores.

DAMNIFICADOS EN COLOMBIA VIVEN EN CONDICIONES INFRAHUMANAS




DENUNCIAN LAS AUTORIDADES DE LA PROCURADURIA.

Muchos de los damnificados residen en viviendas de precaria construcción, algunas de ellas hechas con materiales como cartón y zinc, a la orilla de las carreteras, sin acceso a ninguna fuente de agua potable ni servicios sanitarios.

Prensa YVKE Mundial / Telesur
JUEVES, 20 DE ENE DE 2011. 9:02 AM




La Procuraduría colombiana denuncia que los damnificados residen en refugios precarios a la orilla de las carreteras / Foto: Telesur


La Procuraduría General de Colombia denunció que, en los norteños departamentos de Bolívar y Atlántico, algunas de las personas damnificadas a consecuencia de la ola invernal que azotó al país suramericano a finales del pasado año se encuentran en situación crítica.

Durante una visita que funcionarios de la Procuraduría realizaron a la zona, se comprobó que las personas afectadas por las lluvias viven en condiciones inhóspitas, según reseña una nota de prensa publicada en el sitio web de ese órgano del Estado colombiano.

El Ministerio Público indica que muchos de los damnificados residen en viviendas de precaria construcción (cambuches), algunas de ellas hechas con materiales como cartón y zinc, a la orilla de las carreteras, sin acceso a ninguna fuente de agua potable ni servicios sanitarios, bajo fuertes y constantes cambios de temperatura.

Además, la Procuraduría denuncia que en las zonas aún anegadas se evidencia que varios damnificados han construido refugios en condiciones aún más críticas.

A varias semanas de las inundaciones, algunos damnificados expresan que aún no han recibido ninguna ayuda humanitaria, ni siquiera alimentos.

Ante la situación, la Procuraduría ha realizado un llamado al Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para que se agilice la gestión de entrega de ayuda a las personas afectadas por la ola invernal, así como para habilitar albergues temporales con mínimas condiciones de salubridad.

Uno de los municipios más afectados en el sur del Atlántico es Campo de la Cruz, que quedó totalmente inundado por la ruptura de un dique.

El alcalde local, Carlos Gutiérrez Cote, según denuncian los afectados, no ha asumido ninguna de las gestiones en relación con la atención a los damnificados, razón por la cual la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en su contra.

El pasado 6 de enero, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, extendió por 20 días más el estado de emergencia económica, social y ecológica para seguirle haciendo frente a los desastres causados por la temporada de lluvias que, al cierre de 2010, dejó 310 muertos y dos millones 220 mil damnificados.

El estado de excepción inicialmente adoptado el pasado 7 de diciembre por 30 días y dentro de los cuales se emitieron 25 decretos, se prolongará hasta el 28 de este mes.

La Constitución permite al Gobierno adoptar emergencias hasta por 30 días, prorrogables a 90, tiempo en el cual el presidente puede adoptar toda clase de medidas con fuerza de ley sin que estas pasen por el Congreso.

PRIVILEGIOS EN RECLUSIÓN MILITAR? EL DEBATE ESTÁ ABIERTO



SEMANA.El Centro de Reclusión Militar de Tolemaida, creado en abril de 1974, con la finalidad de recluir a los miembros de las Fuerzas Militares que hayan infringido el Código Penal o el de Justicia Penal Militar.

SEMANA.COM – NACIÓN: Los excesos denunciados en la base militar de Tolemaida y la fuga del mayor César Maldonado, detenido allí, reabren el debate. ¿Los militares condenados deben permanecer en guarniciones militares o deberían ir a cárceles comunes?

Miércoles 19 Enero 2011

Durante los últimos días, la base militar de Tolemaida ha sido noticia. Las denuncias publicadas en el diario El Espectador, en las que se ponía en evidencia cómo el preso Juan Carlos Rodríguez, alias ‘Zeus’, hacía y deshacía dentro de la guarnición iniciaron la polémica. De fiestas donde había licor y presencia de prostitutas disfrutaba este hombre.

La decisión de cambiarlo a él y a otros detenidos a otra cárcel no se hizo esperar. Pronto, el director del Inpec, brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, ordenó el traslado al pabellón de alta seguridad de La Picota de Rodríguez y de otros cuatro uniformados, entre los que estaba el mayor César Maldonado, quien al enterarse de la noticia de su traslado se fugó.

El mayor Maldonado, condenado a 27 años de prisión por homicidio, no estaba en su celda del centro penitenciario de la base militar de Tolemaida. Su extraña desaparición hizo recordar un hecho ocurrido tiempo atrás, noviembre de 2004, del que este mismo oficial fue protagonista. En ese entonces, luego de que fuera llevado a un calabozo en el Batallón Militar No.13, en Bogotá, Maldonado escapó. Su recaptura se dio cuatro años más tarde, julio de 2008, en Cúcuta.

Y aunque esta vez su búsqueda duró menos de 24 horas, porque fue hallado antes de pasar el último cordón de seguridad de la base militar, la situación reabre un viejo debate: el de las irregularidades y los privilegios para los presos en los centros de reclusión para policías y militares.
Cabe recordar que hay más de 1.000 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía presos en centros de reclusión especiales, de los que más de la mitad están condenados, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Posiciones encontradas

Entre las reacciones frente al escándalo de Tolemaida, la del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha despertado mucha polémica. Y es que aunque fue claro en decir que las instalaciones militares no dependen del Ministerio del Interior, la situación que se conoció recientemente, según él, “ha de conducir a replantear la permanencia de muchas de las personas condenadas en las instalaciones de las brigadas militares. Eso ha de llevarnos a replantear la política para que quienes estén en estas circunstancias purguen sus condenas en las cárceles ordinarias. En La Picota hay pabellón para quienes fueron servidores públicos. Ahí van a ser trasladados”.

¿Los militares condenados deben permanecer en guarniciones militares o deberían ir a cárceles comunes? Es la pregunta que se hacen hoy muchos.

Para Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, si en Colombia se quieren superar los problemas de impunidad es necesario que haya “solo una justicia”. Y hace especial énfasis en lo que tiene que ver con los crímenes de Estado, en lo que asegura, “no puede haber fuero ni privilegios. Debe ser una justicia igual para todos”.

Carreño asegura que la noción de igualdad en términos de derechos humanos se pierde mientras sigan existiendo reclusiones especiales para militares, aunque reconoce que dada la naturaleza del conflicto sí es necesario que ellos estén en un pabellón especial, pero en cárceles normales.

Y es que el tratamiento que hay en estos sitios de reclusión tiene muchos privilegios. “Sin duda, el hecho de no estar bajo la guardia del Inpec, hace que reciba otros tratamientos, y desde los mismos militares. Es decir, están custodiados por sus mismos subalternos. Ellos nunca están esposados y no importa el rango: de soldado a general van sin esposas”, asegura el abogado, quien además cita varios ejemplos de cómo las fugas son situaciones comunes en este tipo de guarniciones.

“Además del conocido caso de Maldonado, quien se ha fugado dos veces, hay muchos otros. Por ejemplo, el caso del coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, autor intelectual del secuestro y el posterior asesinato del industrial Benjamín Khoudari. Detenido y condenado a 40 años de cárcel por este caso, pero quien se fugó de la Escuela de Artillería y nunca más volvió a aparecer. De eso hace ya más de diez años...”, cuenta Carreño.

La posición de Carreño, de que los militares sean sometidos a la justicia ordinaria, se basa también en el hecho de que estos “logran, siempre, dilatar los procesos. O están enfermos o tienen otras audiencias, pero terminan no asistiendo. Un ejemplo, lo que ha pasado con Plazas Vegas en el caso del Palacio de Justicia”.

Entre tanto el Vicepresidente Angelino Garzón pidió una reunión urgente entre el ministro del Interior, el director del Inpec y los comandantes de las Fuerzas Militares para revisar los mecanismos que lleven a evitar que en las guarniciones militares y las cárceles se fuguen personas.

“Los condenados por delitos de lesa humanidad no deben estar en guarniciones militares. Se debe analizar cuál es la situación real que hoy tienen las personas que están pagando condenas a fin de que esas personas no tengan posibilidad de fugarse y no tengan privilegios que conlleven a tener presos de estratos uno y presos de estrato seis”, dijo Garzón.

Jaime Restrepo, representante legal de la Fundación Héroes Visibles, que lucha por la libertad y dignidad de los soldados víctimas de la guerra jurídica, señala que la razón de ser de que los militares procesados y condenados estén y tengan el derecho a estar en centros de reclusión militar no es otro que “no compartir sitios de reclusión con la delincuencia común y organizada que ellos mismos han combatido en el ejercicio de sus funciones”.

Restrepo dice además que no solo la seguridad de los mismos internos se vería afectada, también las de sus familiares. “Hemos visto casos de cómo militares que están en cárceles ordinarias deben recibir la visita de sus familiares los mismos días que la delincuencia común, lo que genera agresiones en lasa filas de ingreso por parte de los otros familiares”, asegura.

El abogado Restrepo dice también que ante las manifestaciones de quienes insisten en decir que los militares deben ser recluidos en las mismas condiciones de otros, “se podría decir entonces que así como pasó, por ejemplo, con pertenecientes al M-19 que han recibido amnistías e indultos, y otros grupos que con Justicia y Paz están pagando penas cortas, se tuvieran los mismos criterios de igualdad para los miembros de la fuerza pública, que tienen que pagar penas altísimas por hechos cometidos en función de su propio deber”.

Sin embargo, el abogado es consciente de que hechos como el que se denunció hace algunos días sobre irregularidades en la guarnición de Tolemaida tenga elementos que generen el debate, por lo que dice que “una propuesta sería construir prisiones en centros de reclusión militar como batallones y brigadas, pero que obedezcan al pie de la letra lo que exige el Inpec, organizar mucho más todo lo que tiene que ver con la seguridad (...)”.

Pero aunque Restrepo reconoce que hechos como la fuga del mayor César Maldonado da cuenta de las fallas que en materia de seguridad existe en las guarniciones militares, es enfático en decir que eso no solo ocurre allí, así como tampoco los escándalos. “Cualquiera puede visitar prisiones ordinarias de cualquier parte del país y advertir que también se dan ese tipo de situaciones, así es que si se van a aplicar controles para que no se presenten, debería hacerse en cárceles comunes y guarniciones”.

Frente a la posición de algunos que argumentan que los condenados por delitos de lesa humanidad no deben estar en guarniciones militares, Restrepo, quien desde la fundación que representa ha conocido de cerca el tema, señala que “siempre que se piense en llevar a un mismo espacio a militares, sin importar el rango, con delincuentes comunes se pondrá en un gran riesgo la integridad y seguridad de los condenados. Y es que es poner en el mismo lugar a quienes persiguieron, bajo el ejercicio de su función”, concluye.