Por Juan Diego Restrepo E*
OPINIÓN – SEAMANA.COM -La guerrilla más antigua del continente muestra señales de apertura a una salida negociada al conflicto armado colombiano. Su propuesta proyecta una senda larga y difícil que requiere de mucha voluntad política.
Lunes 27 Febrero 2012
Celebro la decisión de la guerrilla de las Farc de proscribir la práctica del secuestro extorsivo que afectó, y aún afecta, a cientos de colombianos y extranjeros y cuyos recursos se han aplicado a incrementar su capacidad bélica. Es un primer paso en un camino que traza esta organización insurgente en su propósito de buscar una salida negociada al conflicto armado colombiano que ajusta 48 años.
También alabo la noticia de la liberación de los diez militares y policías que tienen en su poder en calidad de prisioneros de guerra desde hace más de diez años; con el fin de su cautiverio, las familias de estos miembros de la Fuerza Pública tendrán el alivio que tanto han buscado y que la obstinación de los comandantes guerrilleros y los gobernantes los privó de un regreso pronto a sus hogares.
Sin lugar a dudas, algo está pasando en las entrañas de la guerrilla de las Farc para que hayan comenzado a tomar esta clase de decisiones. ¿Estarán aceptando los altos mandos por fin la debilidad de su capacidad militar, política y social para tomarse el poder, tal como siempre lo han ratificado en sus discursos? ¿Hay un cansancio bélico, producto de una larga lucha armada que, poco a poco, fue perdiendo soporte ideológico a medida que el mundo fue cambiando y se incubó en algunos sectores el apetito capitalista que genera el narcotráfico? ¿Se tratará de una estrategia para contener el avance de la Fuerza Pública, eficaz en los últimos años contra sus principales comandantes y estructuras armadas? ¿Será una nueva mentira?
Tratar de responder cualquiera de esas preguntas sin tener más información que la aportada por “La declaración pública” difundida a través de la agencia de noticias Anncol, derivaría en pura especulación. No obstante, considero que el anunció de proscribir el secuestro extorsivo se convierte en una exigencia para la misma guerrilla que deberá cumplir con por lo menos tres requisitos: demostrar que la decisión del Secretario será acatada por todos los frentes en el país; evitar que sus hombres continúen, de manera independiente, con esa práctica, enquistada como método de financiación, desde hace muchos años y se lumpenicen en campos y ciudades; y explicar con claridad cuando se le sindique de continuar con el secuestro extorsivo si es responsable o no, pues a partir de ahora es muy probable que se generen mecanismos de desinformación que pretendan afectar los acercamientos con el Gobierno Nacional.
No obstante, no basta cumplir con esos requisitos. Para que sea más creíble su intención, la guerrilla de las Farc deberá acompañar esa decisión con otros gestos que generen confianza. Por ejemplo, una vez liberados los miembros de la Fuerza Pública deberían continuar con un censo de los civiles que tengan en su poder los distintos frentes en diversas regiones del país, revelar sus nombres, la fecha de su secuestro y el estado actual de salud. Con ello aliviarían la angustia de cientos de familias que se han visto sometidas a esa tortura y sería el primer paso para su liberación sin exigencia económica alguna.
Otro gesto es el cese del reclutamiento de menores y permitir el regreso a casa de aquellos que hoy, en esa condición, estén integrando las filas de la organización insurgente. Para ello podrían recurrir a los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Uno más podría ser la eliminación de las minas antipersonal como método de guerra. Así como acaban de proscribir el secuestro extorsivo, también están en la capacidad de hacer lo mismo con este tipo de artefactos explosivos que no sólo afecta a soldados y policías, sino a la población civil. Pero a esa proscripción debería añadírsele la elaboración de mapas donde se sitúen campos minados con el fin de establecer mecanismos de protección de las comunidades campesinas y, a largo plazo, proyectos de desminado.
Si esa intención de las Farc es realmente sincera, debe estar respaldada, con el paso del tiempo, de muestras de buena voluntad con el fin no sólo de reafirmar su propósito, sino de evitar que los enemigos de este tipo de iniciativas recurran a oscuras prácticas de propaganda para contrarrestar un nuevo intento de salida negociada. No puede olvidarse que la guerra es un negocio y de él se benefician amplios sectores legales.
El camino que han trazado las Farc en su “declaración pública” le sugiere una pregunta al Gobierno nacional y a diversos sectores sociales, económicos y políticos, una pregunta esencial: ¿tienen la disposición necesaria para abrirle paso a un futuro diálogo con los mandos de esta organización alzada en armas con el fin de acabar la guerra en el país de manera negociada?
Todos esos sectores han advertido desde hace varios años que una de las condiciones para acceder a un posible diálogo con las Farc es el fin del secuestro y el regreso a sus hogares de todas las personas, civiles, militares y policías. Ya hay un primer paso, los otros muy posiblemente vendrán cuando se generen las condiciones para seguir en ese camino.
Yo miro con optimismo el anuncio de las Farc y espero que por fin haya una confluencia de voluntades entre las partes que genere nuevas esperanzas a un país cansado de la guerra. Como resalta el Secretariado en su documento, “no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones”.
*Periodista y docente universitario
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