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martes, 17 de agosto de 2010

UN EXTRAÑO ATENTADO


UN ATENTADO DE LA EXTREMA DERECHA QUE EXTRAÑA AL URIBISMO?


Según las cifras oficiales 1.100 apartamentos resultaron afectados por la explosión.

TERRORISMO: El carro bomba de la semana pasada en el norte de Bogotá despertó la solidaridad del país, pero deja inquietantes interrogantes sobre los responsables. Cada vez se piensa menos que fueron las Farc.

Sábado 14 Agosto 2010 – SEMANA.COM

El jueves de la semana pasada el terrorismo regresó a Bogotá. A las 5:27 de la mañana un carro bomba cargado con más de 50 kilos de anfo estalló en la carrera séptima con calle 67, justo al frente de las instalaciones donde funciona la cadena Caracol Radio. La detonación dejó seis heridos y, según las cifras oficiales, produjo destrozos materiales en 1.100 apartamentos del sector.

El ataque terrorista causó desconcierto. Desde hace varios años, la capital de la República no sufría un atentado de esas características. Bogotá estaba relativamente blindada contra este tipo de acciones por parte de la guerrilla. Los frentes que rodeaban la ciudad habían sido prácticamente desarticulados por la fuerza pública, y los intentos de ejecutar acciones por parte de comandos guerrilleros adscritos a redes urbanas o a columnas móviles enviados desde otras zonas del país generalmente eran frustrados gracias a una eficaz acción de la inteligencia del Ejército o la Policía, que lograban neutralizar los golpes y arrestar a los terroristas. En los últimos tres años, por encima de cualquier otra ciudad del país, Bogotá se había convertido en un lugar donde las Farc prácticamente no tenían margen de maniobra. Por eso sorprende tanto el atentado de la semana pasada. Pero no es lo único.

Una hora después de la explosión, llegaron hasta el lugar del atentado el presidente Juan Manuel Santos; el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera; el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, y la cúpula de la Policía. Tras rechazar enfáticamente el ataque, ninguno de los funcionarios se apresuró a señalar a las Farc como responsables, una actitud prudente que se extendió durante los siguientes días y que, de paso, contrastó fuertemente con lo que ocurría durante la era Uribe, en la que primero se señalaban responsables y después se investigaba.

El único funcionario del gobierno que señaló a la guerrilla como responsable fue el director del DAS, Felipe Muñoz, quien dijo que unas grabaciones e información de inteligencia recolectada días antes del ataque señalaban que alias 'Grannobles' había impartido la orden de ejecutar ataques contra medios de comunicación. Hecho que no deja de ser curioso, por decir lo menos, ya que si era cierto que existía información sobre un eventual atentado, lo lógico era haber intentado evitarlo o por lo menos alertar a los principales medios nacionales.

Si bien el gobierno fue prudente en señalar responsables, no pocos sindicaron a las Farc de la autoría del ataque. El vehículo usado, un Swift robado a finales de julio pasado a un suboficial del Ejército, había sido cargado con anfo y dos dispositivos para hacerlo estallar cuatro minutos después de dejarlo abandonado frente al edificio de Caracol Radio. Ese tipo de explosivo y el modus operandi ya habían sido usados por las Farc en varias oportunidades en el pasado. Aunque para algunos ese es un fuerte indicio que señalaría a la guerrilla, la realidad es que armar un carro bomba con esas características no es ni muy difícil ni exclusivo de las Farc.

No menos extraña fue la hora en la que los terroristas programaron la explosión: 5:27 de la madrugada. A esa hora hay muy pocas personas en la calle en ese sector, lo cual hace pensar que el objetivo era causar la menor cantidad de muertos y heridos. En los ataques habituales de las Farc, tratar de minimizar víctimas no es prioridad. Y normalmente sus acciones tienen como objetivo primordial la fuerza pública o alguna entidad del Estado.

A pocas horas del atentado, la página de Internet Anncol, que usualmente reproduce comunicados de las Farc, negó la responsabilidad de la guerrilla en el hecho. Sin embargo, en la bomba del club El Nogal o en la masacre de los diputados del Valle también se expidieron comunicados negando esas acciones, que tiempo después terminaron aceptando las propias Farc. No obstante, no deja de ser llamativo también el momento político en el que ocurrió el atentado.

Hace tres semanas el jefe de las Farc, 'Alfonso Cano', divulgó un video en el que abría la posibilidad de buscar un acercamiento con el gobierno del presidente Santos. La propuesta fue acogida por el nuevo gobierno, que dejó abiertas las puertas de un eventual diálogo con condiciones. Aunque la lógica de la guerrilla no es la misma del país, y no pocas veces sus discursos van en una dirección contraria a sus acciones, no tendría ninguna lógica ejecutar un acto terrorista como el de la semana anterior que, de comprobarse la responsabilidad de las Farc, podría llevar eventualmente a que el gobierno se vea obligado a cerrar cualquier posibilidad de negociación, al menos a corto plazo.

Hay otra hipótesis bajo consideración, que toma cada vez más fuerza y apunta, irónicamente, a que fuerzas oscuras de la extrema derecha pusieron la bomba. Los recientes anuncios del presidente Santos no han caído nada bien entre estos fanáticos. La puerta del diálogo que abrió con Cano sumado al restablecimiento de relaciones con Venezuela han generado inquietud. El carro bomba estalló a escasas 48 horas después de la cumbre entre Santos y Hugo Chávez, en la cual quedaron superadas profundas diferencias y las relaciones entre los dos países adquirieron una nueva dinámica. No es descartable que lo que el ex presidente Virgilio Barco llamó las "fuerzas oscuras" esté tras el ataque con la intención de enviar un mensaje al nuevo gobierno y tratar de torpedear cualquier intento de paz con las Farc o con Chávez.

Es claro que los terroristas buscaban generar ruido y zozobra. En la zona están dos de las emisoras más importantes del país, Caracol Básica y W Radio, junto con la agencia internacional de prensa EFE.

Una de las preguntas esenciales que hacen los investigadores cuando ocurre un atentado es: ¿a quién beneficia? A las Farc, evidentemente no. El rechazo fue total y hasta las personas más amigas del diálogo dijeron que si se confirmaba la autoría de la guerrilla, no se podría negociar.

A simple vista, los que más ganan con el atentado son aquellos que quieren que el Presidente asuma una posición radical, o como dijo el ex candidato presidencial Gustavo Petro, "llevar al actual gobierno a la postura del anterior".

Por eso es tan entendible y encomiable la prudencia del gobierno y la Fiscalía en el manejo de este asunto. Al cierre de esta edición, el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza, insistía en que aún es aventurado señalar algún responsable del carro bomba. Dilucidar quiénes estuvieron tras el ataque se convierte en una prioridad para la justicia, el gobierno y el país.

miércoles, 7 de julio de 2010

Señor Presidente: " No más palmaditas de Hipocresìa "



CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA – CRIC-
Thursday, 01 July 2010 22:06

El pasado 16 de junio, la fiscalía recibió la denuncia sobre el atentado que sufrió Dagoberto Musse, exgobernador indígena del resguardo Chxa Yu´ce Fxiw, ubicado en el municipio de Cajibío, Cauca, del cual salio ileso pero al tiempo recibió un mensaje donde le anunciaban que él y su familiar Alcides Muse, actual integrante de la Consejería Mayor CRIC, tenían dos meses para salir de su territorio bajo la amenaza de ser asesinados.

Llaman la atención dos situaciones detectadas en el memorial de denuncia: Una referida a que la fiscalía registró el hecho como realizado por subversivos, cuando el testimonio de la víctima indicó que los atacantes fueron individuos desconocidos que portaban armas de largo alcance, vestían de negro y uno de ellos cubría su rostro con pasamontañas. Dos: No aparecen registradas las vainillas recogidas en el sitio de los acontecimientos y que habían sido aportadas como prueba al momento de presentar la denuncia.

Otra situación lamentable fue denunciada por la Autoridad Tradicional del cabildo indígena de Cofradía del mismo municipio de Cajibio, donde se responsabiliza al ejército nacional de haber realizado un allanamiento sin orden judicial. El hecho sucedió el pasado 18 de junio a las 8:30 de la mañana, y fue perpetrado por dos individuos que portaban armas de largo y corto alcance, uno de ellos con prendas militares y el otro vestido de civil, quienes intimidaron al joven Andrés Felipe Volverás, colocándole un arma de fuego en la cabeza mientras lo acusaban de ser guerrillero y le preguntaban dónde se hallaba el resto de sus compañeros. Igual suerte sufrió el comunero del lugar, señor Libio Casamachín, a quien obligaron a quitarse la ropa, le tomaron fotografías y lo amenazaron con matarlo si lo veían nuevamente por esos lugares.

Días antes, 15 de junio, la Audiencia Pública Interétnica realizada en Santander de Quilichao, norte del Cauca, más de 7 mil comuneros indígenas, afros y campesinos, denunciaban que en un lapso de seis meses se han presentado, solo en el norte del Cauca, 284 hechos violatorios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, los cuales permanecen en la más absoluta impunidad.

Las cifras, por demás escalofriantes, se refieren a ocupación militar de actores legales e ilegales a los territorio étnicos y a los sitios sagrados, bombardeos y hostigamiento a poblados, incursión y afectación a viviendas y bienes civiles, detenciones arbitrarias y reclutamiento forzado de menores, amenazas, masacres, asesinatos y desplazamiento forzado, así como presencia de minas antipersonas en más de 5 territorios indígenas y campesinos, cuyas explosiones han dejado como resultado 3 muertos y 14 heridos, donde varias de sus víctimas eran menores de edad (uno muerto y dos heridos).

Mientras el gobierno nacional pregona por todos los medios a su servicio que en el país se desmontaron estructuras criminales, las amenazas contra las organizaciones sociales por parte de los grupos paramilitares continúan, lo cual ha sido denunciado por el CRIC expresando que la guerra, en territorios indígenas, “…se ha usado como distractor para invisibilizar las jornadas de resistencia que han realizado nuestros pueblos en Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló, Caldono y Tierradentro entre otros. Ha contribuido, de igual forma, con las instituciones para que no cumplan plenamente sus compromisos, como en el caso de la secretaría de educación en el departamento del Cauca. Por otra parte ha permitido que las multinacionales ingresen a nuestros territorios activando la violencia que siembra desolación y muerte, como se observa dramáticamente en la mayoría de los municipios del Cauca, especialmente en Morales, Buenos Aires y Suárez”.

El mismo oficio llamaba la atención frente al hecho “…. que las motivaciones de las amenazas paramilitares durante los últimos ocho años, sean las mismas que usan los voceros del gobierno para referirse al accionar de los movimientos sociales y de las organizaciones de derechos humanos…”

En consecuencia, el CRIC reitera lo expresado en el comunicado emitido el pasado 9 de junio y sobre el cual el gobierno nacional ha mantenido un silencio absoluto: “… se requiere que el gobierno colombiano explique ante la opinión pública sobre su distancia o relación con dichos grupos, ya que éstos ratifican su continuidad y accionar pleno. Tal coincidencia conceptual y tanta reserva institucional conllevan a crear un clima de complacencia gubernamental con el accionar criminal de los paramilitares o por lo menos se puede intuir un silencio cómplice.”
De igual forma, ante los últimos acontecimientos de amenaza y violencia, la Consejería Mayor CRIC demanda del Estado colombiano variar su comportamiento mediático con el cual distrae a la opinión pública y emita una política concertada con los pueblos indígenas por medio de la cual las instituciones detengan los discursos discriminatorios y garanticen la vida, los territorios y en general todos los derechos de nuestros pueblos, autoridades tradicionales y comunidades tal como se lo ordena la Constitución Política de Colombia, los tratados internacionales y la Declaración Universal de los Pueblos indígenas aprobada por la Asamblea general de las Naciones Unidas.

No se puede permitir que el gobierno siga dándole “palmaditas de hipocresía” a la OPIC, como es su costumbre para engañar a la opinión pública y gastarse los recursos que le pertenecen a los pueblos indígenas. Es urgente tratar los problemas de fondo, como se lo hemos planteado a la mayoría de los funcionarios del orden nacional y departamental y al mismo presidente Uribe en diversos escenarios locales, regionales y nacionales, quienes los han soslayado haciendo vigente la propia expresión presidencial: como ha sido “…la costumbre de muchos politiqueros”.

Algo tiene que cambiar en este país, lo urgente es que el gobierno tome distancia de los planteamientos de los grupos ilegales, en caso contrario, los entes de control deben iniciar de oficio procesos de investigación frente al comportamiento institucional, en especial, el del gobierno nacional por su cercanía conceptual con el lenguaje de las amenazas o por su omisión ante tanta violencia contra los pueblos indígenas del Cauca.

Dado el contexto actual, resumido por la Corte Constitucional en su Auto 004, una amenaza contra una Autoridad Tradicional como ha sucedido en dos territorios indígenas del municipio de Cajibío o contra alguno de los integrantes de la Consejería CRIC puede entenderse como una amenaza contra todo el proceso organizativo de los pueblos indígenas del Cauca, situación que debe ser atendida con urgencia por el Estado colombiano.

CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
Popayán, junio 21 de 2010