LA DELACION, LA CALUMNIA Y LA IMPUNIDAD COMO POLITICAS DE ESTADO
Por Carlos Zota Jiménez
Para El Rostro Oculto de la Noticia.
Después de 8 años de gobierno Uribista y unas cuantas semanas del Santismo en la Casa de Nariño, las políticas agenciadas durante tanto tiempo sobre los estímulos y recompensas a la delación, el desprestigio y la impunidad, lograron que ese estilo se arraigara en la sociedad Colombiana y creara en el imaginario público, una conciencia que legaliza a la acusación cierta o falsa como mecanismo de defensa y argumento para el logro de objetivos por lo general malsanos.
Y es que el uso que le dio y le está dando el mismo Estado a este método que riñe con lo ético y lo moral para alojarse en lo deshonesto, lo indecente y calumnioso, permite que nuestra sociedad siga deteriorándose en la perdida de sus principios y valores, causado esto por la necesidad de algunos gobernantes, dirigentes y demás especímenes del acontecer Nacional, de lograr sus objetivos sin importar la manera como lo hagan y el daño que causen a una ciudadanía que inerme, asimila en su memoria estas acciones que determinarán a mediano y largo plazo, su propia actitud frente a las circunstancias de la cotidianidad.
Es por lo anterior que no se nos hace extraño y más bien normal, que narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, toda clase de delincuentes, ciudadanos del común y hasta políticos y miembros de la fuerza pública, se despachen en afirmaciones con el objetivo de lograr beneficios económicos, merma en sus condenas, réditos políticos y toda clase de prebendas que se ofrecen con el ánimo de lograr propósitos que satisfagan sus intensiones o necesidades.
En la actualidad observamos estupefactos como un contratista del gobierno Nacional y de Bogotá, Miguel Nule, miembro del Grupo Nule, salta a los medios de comunicación a lanzar acusaciones contra el ex ministro Andrés Uriel Gallego, el Alcalde de Bogotá Samuel Moreno, a quienes califica de "ineptos y corruptos", el Senador Iván Moreno, hermano del alcalde, la ex directora del IDU, Liliana Pardo y el Contralor Distrital, Miguel Angel Morales, quienes harían parte de "una organización para enriquecerse con los dineros públicos", en el conocido "carrusel de la contratación".
Sin entrar a calificar las acusaciones de Miguel Nule porque no pretendemos "picárnola" de jueces, aunque lo cierto es que en nuestro país se presume la mala fe y se es culpable hasta que se demuestre lo contrario, si llama la atención como calificados personajes de la vida Nacional, acuden primero a los medios de comunicación sin esgrimir pruebas y no a los estrados judiciales o a los organismos del Estado encargados del control administrativo y fiscal, para lanzar acusaciones y dudas sobre las personas y sus actuaciones, contraviniendo explícitas normas Constitucionales, éticas y de sentido común, estimulando esa conducta despreciable arraigada en nuestro medio, según la cual podemos llevarnos por delante a cualquiera que se oponga a nuestros intereses.
También hemos escuchado las "defensas-ataques" de los afectados, todos dentro de la misma tónica, donde se hace más importante justificarse injuriando con el mismo estilo, que responder mínimamente a las acusaciones que se les imputa. Algunos como el Alcalde de Bogotá, se limitó en su alocución aclaratoria a defenderse sentimentalmente, sin tocar ninguno de los hechos que motivan las supuestas denuncias.
Por su parte el Senador Iván Moreno, se fue lanza contra el Gustavo Petro, ex candidato Presidencial, a quien cuestiona por los dineros manejados en su campaña y el Polo Democrático Alternativo, llevando el debate a lo político, a la vez que implicaba a empresarios chanceros del Tolima, lo que convierte a este episodio en el ejemplo clásico de la superficialidad con se trata la honra de las personas y sus actuaciones en los diferentes campos de la vida nacional.
Al mismo tiempo los partidos y grupos políticos que respaldaban la gestión Bogotana de Samuel Moreno, empiezan a "desligarse" de los compromisos que generaba su participación en el gobierno del Distrito, "lavándose las manos" ante una arremetida mediática que por si sola no debiera generar condenas, pues estas solo las deben emitir los organismos de la justicia.
Por lo anterior no es difícil entender lo que sucedió con el DAS y su arremetida de desprestigio y calumnias contra magistrados de las cortes, opositores al Gobierno Uribe, periodistas, organizaciones de derechos humanos y sus militantes, y lo que es peor, la permanente negación de la participación Presidencial en esta conspiración política, a pesar de las acusaciones que recaen sobre sus colaboradores más cercanos. Para el Ex presidente Samper era malo que todo "se hiciera a sus espaldas", mientras al líder de la Seguridad Democrática ni siquiera se le puede tocar el tema, muy a pesar de las recientes acusaciones que certifican su participación en esta aberración político administrativa.
Algo similar sucede con los "falsos positivos" con casi 2000 jóvenes asesinados por los militares, donde resultaron implicados unos soldaditos y uno que otro oficial, relegando la culpa a algunos autores materiales que recibían órdenes y no quienes generaron la intelectualidad del proyecto, las órdenes y las recompensas.
Flaco servicio el que se le ha prestado a los Colombianos desde el finalizado gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en "hora buena" no reelegido como lo pretendieron él y sus incondicionales, pues sus políticas de recompensas, delación, desprestigio e impunidad a cualquier precio y de lograr los propósitos sin importar el costo, están provocando una feria de acusaciones y sindicaciones, que nos demuestran que la fragilidad de nuestras instituciones y el desprecio por la vida, la justicia, los principios, los valores y la verdad, son el pan de cada día en nuestro medio.
Enviado desde mi BlackBerry de Movistar
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