viernes, 24 de febrero de 2012

ÁLVARO URIBE VÉLEZ Y EL DILEMA ENTRE LA JUSTICIA, EL ASILO Y LA IMPUNIDAD


Foto: Elpais.com

Por: Carlos Zota Jiménez

Según el artículo “NO TIENE LA CULPA EL INDIO… SINO QUIEN LE HACE LA FIESTA”, de Simonpetrus, - “La biblia dice: "No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse." (Lucas 12:2), y eso precisamente es lo que esperamos los Colombianos que suceda algún día en nuestra patria con el gobierno del presidente Uribe” -.

Traemos a colación esta cita bíblica y el comentario, porque por estos días se están presentando situaciones que causan sobresalto a los demócratas e incitan al cinismo de los sectores más recalcitrantes de la derecha criolla, ocasionados por las agresiones al derecho, a la Justicia, a la institucionalidad y al pueblo Colombiano, que estupefacto es testigo de los “vientos de impunidad” que promueve un prestigioso expresidente, ante las supuestas actuaciones dolosas y los requerimientos de la Justicia a sus más cercanos funcionarios.

Los escándalos que se conocen hasta el momento como el famoso Agro Ingreso Seguro, las chuzadas del Das, los “falsos positivos, la persecución a opositores políticos, magistrados, periodistas, el continuo enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia durante el casi interminable Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la falsa entrega de guerrilleros y paramilitares, conflictos ideológicos de poder con los países vecinos afectando el comercio y la vida fronteriza, la “Parapolítica” con amplios sectores de congresistas ligados con los paramilitares y Uribistas confesos, se suman a la búsqueda insaciable de la perpetuación en el poder, pues no solo se cambió la Constitución de manera ilegal como se demostró para el segundo mandato, donde también se sobornó a congresistas en el caso de la Yidispolítuca, sino que casi logra con sus conocidas artimañas políticas y jurídicas, acceder a una tercera postulación presidencial. Era el reinado del “todo vale”.

Durante el Gobierno de la “Seguridad Democrática”, se protegió a altos funcionarios y miembros de la fuerza pública, pero una vez finalizado el mandato Uribista, dichos funcionarios cercanos al hoy expresidente, empiezan a afrontar las consecuencias de sus actos.

Es el caso del exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, quien se encuentra privado de la libertad y la exdirectora del DAS, María del Pïlar Hurtado, asilada hasta el momento en Panamá gracias a las influencias de su exjefe Álvaro Uribe, los dos por la imputación de cargos que les hizo la Fiscalía por el caso de las “Chuzadas”.

De la misma manera el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, perdió su libertad por el escándalo del Agro Ingreso Seguro, AIS, que benefició a terratenientes y grandes potentados del agro, y que junto a Bernardo Moreno, no alcanzaron “huir” del país como lo promueve abiertamente el expresidente, con el argumento de que no hay garantías procesales para sus funcionarios, convirtiéndolos en supuestos “perseguidos políticos”.

Por estos días asistimos al bochornoso espectáculo protagonizado por el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, quien siempre se presentó como un funcionario con “piel de oveja”, pero que ahora que está solicitado por la Fiscalía por la presunta falsa desmovilización del bloque Cacique La Gaitana de las FARC, muestra sus “afiladas garras” saliendo subrepticiamente del país hacia un lugar desconocido, desde donde arremete contra la Fiscalía aduciendo que “vestidos con el ropaje de la Ley, los criminales se han apoderado de la Fiscalía” y anuncia que buscará el asilo político.

Común denominador ha sido la defensa pública que el expresidente Uribe hace de sus exfuncionarios, su exhortación a escaparse del país y optar por el asilo político, eludiendo de esta manera responder por sus actuaciones ante la Justicia Colombiana, por los presuntos delitos cometidos en el cumplimiento de sus funciones. Ya nos están haciendo creer que “el que algo debe, algo teme”, como lo afirmaban nuestras abuelas

Si las actuaciones de esos funcionarios fueron tan claras como lo predica continuamente el expresidente, no se entiende el porqué eluden nuestra Justicia, cuando pueden gozar de todas las garantías procesales que brinda nuestro estado de derecho

La política de la “huida” hacia un asilo político y la defensa a ultranza de sus funcionarios por parte de Uribe, nos hace pensar que existe una consigna que busca el desprestigio Nacional e Internacional de la justicia Colombiana, tal vez abonando el terreno para cuando por acción o por omisión, el exjefe del Gobierno sea vinculado a los excesos de la Seguridad Democrática.

Y es que los delitos, los abusos de poder, la violación de derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario y los múltiples desafueros cometidos en los dos períodos del Gobierno anterior, no pueden quedar impunes, ni pueden pasar por alto en la memoria de una sociedad indiferente y manipulada mediáticamente como la nuestra.

Aunque las connotaciones de los “falsos positivos” por ejemplo, que nacionalmente no son vistas con la extrema gravedad que en realidad tienen, pero que en el exterior son calificadas como delitos de lesa humanidad, con facilidad podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional, lo que podría afectar a altos miembros del Gobierno Uribe, a integrantes de la fuerza pública y al mismo expresidente, ultradefensor de los indiciados por los excesos de la Seguridad Democrática.

El resultado final de todos estos acontecimientos conocidos en el gobierno de Uribe Vélez, no puede ser la impunidad y más aun cuando esta es promovida por el mismo expresidente, contradiciendo el juramento que hizo dos veces al asumir el primer cargo de los Colombianos, que lo compromete y obliga a respetar la Constitución y la Ley.

SERÁ QUE LA JUSTICIA COJEA PERO LLEGA?

El Rostro Oculto de la Noticia.

Santiago de Cali, Febrero 20 de 2012.

LOS PAISAS ESTAN BERRACOS?


POR LA LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS….



La restitución de tierras es el programa bandera del presidente Juan Manuel Santos. El gobierno ha patrocinado marchas campesinas para promover la formalización de las tierras.

SEMANA.COM – REGIONES: La restitución de tierras que ha tenido gran aceptación en todo el país no ha despertado en Antioquia el mismo entusiasmo. Además, hay un notorio descontento regional con el gobierno Santos. ¿Qué está pasando?

Sábado 18 Febrero 2012

En el acto central de celebración de los 100 años del periódico El Colombiano de Medellín la semana pasada sorprendió que el presidente Juan Manuel Santos no fuera recibido con la ruidosa ovación a la que está acostumbrado cuando asiste a foros y actos públicos. En esta oportunidad, Santos se encontró con un auditorio frío y distante, de más de 800 personas, y su discurso fue interrumpido por aplausos solo en dos ocasiones y de manera breve: cuando hizo alusión al expresidente Álvaro Uribe y cuando respaldó el billonario proyecto de Autopistas de la Montaña.

La falta de entusiasmo con la que la clase dirigente antioqueña recibió al jefe del Estado ha coincidido con una serie de editoriales de los dos periódicos emblemáticos de esa región contra el gobierno. El Mundo se fue lanza en ristre contra la marcha en favor de las víctimas del despojo de tierras que se organizó en Necoclí, evento respaldado y promovido desde la Presidencia de la República. "No le luce a un demócrata integral como él, heredero del talante republicano de su abuelo, el expresidente Eduardo Santos, imitar las veleidades populistas de ciertos 'nuevos mejores amigos"', señaló el diario liberal que dirige Guillermo Gaviria Echeverry, padre del actual alcalde de Medellín.

Una posición similar frente a la marcha asumió el periódico El Colombiano, que lo consideró un acto populista del gobierno y un riesgo para los desplazados. En los últimos días el diario conservador ha ido mucho más allá. El editorial 'Obras son amores' del pasado martes se fue con todo: "Antioquia se ha sentido marginada de las decisiones que se toman en las altas esferas del Estado. Esto ha llevado a muchas personas a pensar que existe un trato discriminatorio, una especie de acción concertada, en los más altos niveles del poder, contra los paisas".

Pero no solo ha llamado la atención la frialdad de Antioquia con Santos, también ha causado desconcierto la apatía que se observa en ciertos sectores de esa región hacia la política de restitución de tierras, bandera del gobierno. Mientras en todo el país la Ley ha tenido gran aceptación, entre los antioqueños no ha despertado el mismo entusiasmo. No deja de sorprender que una política cuyas bondades parecen incontrovertibles, pues se trata de devolverles el suelo a campesinos que fueron despojados por los bandidos, genere un sentimiento agridulce en Antioquia.

Esta revista se puso a indagar cuáles son las verdaderas reservas que tienen los paisas frente a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y qué está motivando el malestar general que se percibe en la región frente al gobierno central. El tema es 'comidilla' de cocteles y clubes en Medellín, pero nadie quiere ventilarlo públicamente. Por esta razón, las fuentes consultadas prefirieron mantener sus nombres en reserva.

Lo primero que hay que concluir es que no se trata de un sentimiento generalizado de disgusto del empresariado antioqueño o de toda la clase dirigente. Hay matices. Por ejemplo, frente a la restitución de tierras, las mayores dudas sobre esta política provienen de los llamados empresarios del agro, que en las últimas dos décadas se dedicaron a comprar tierras en los Montes de María, el Bajo Cauca o el Urabá. Este proceso, como dice un reconocido industrial de la región, ha sido considerado "casi otra colonización antioqueña". Si estos empresarios no aplicaron con rigor -como algunos piensan que sucedió-, los controles suficientes para saber el origen de los predios y si hubo despojo o abandono forzado en el pasado, esa negligencia los podría meter en problemas. Tendrán que demostrar que fueron compradores de buena fe. "En Antioquia, como en otras zonas del país, hubo inversionistas que compraron al por mayor, a precios no justos, y luego vendieron al por menor. Estos son los más inquietos con la Ley y los que no están tan entusiasmados con la misma", afirmó una de las fuentes consultadas por SEMANA.

Otra cosa es el llamado empresariado moderno de Antioquia, que ve con interés la Ley de Restitución de Tierras, pero que tiene algunas reservas frente a su aplicación. Aunque ninguno de los llamados cacaos se opone abiertamente a la Ley, después de los apoyos protocolarios, salen a flote algunas reservas.

En los círculos de la élite empresarial se comenta el malestar que ha creado el hecho de que se invierta la carga de la prueba, es decir, que tengan que defenderse ante los jueces agrarios para demostrar que fueron compradores de buena fe. Para cualquier empresario que ha tenido una vida intachable de honestidad y ética es un factor incómodo tener que dar pruebas de su probidad ante los estrados judiciales. Cabe recordar el caso del empresario Fabio Rico Calle, quien después de una vida transparente, sin tacha en sus negocios y apegado a cánones de la ética, se vio envuelto en un negocio que le amargó los últimos días de su existencia.

Con la Ley de Restitución de Tierras no solo individuos sino compañías pueden tener inquietudes comparables. Cemento Argos, por ejemplo, uno de los tres pilares del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), adquirió tierras a precios comerciales en Montes de María para desarrollar proyectos de reforestación y hoy tiene que explicarles a los jueces que es poseedor de buena fe. Este es un proceso que tiene mal sabor por tratarse de una empresa y unos directivos cuya integridad nadie en Antioquia ni en el país pondría en tela de juicio.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirma que casos como estos no deberían preocupar, pues los contempló la Ley: "Aquellos que compraron de buena fe exenta de culpa, tendrán que entregar el bien a ser restituido y serán compensados".

La inconformidad paisa frente a la ley más ambiciosa e importante de este gobierno, estaría basada en la preocupación de que la puesta en marcha de esta política podría ser más complicada de lo que se pensaba. Algunos, como los bananeros de Urabá, han expresado serias dudas sobre la posibilidad de que el gobierno logre aplicarla correctamente y que de esta se beneficien realmente los despojados con proyectos productivos para ellos. El ministro de Agricultura, en una carta que le dirigió al presidente de Augura, Roberto Hoyos, asegura que el gobierno no restituirá tierras peladas a las víctimas del desplazamiento y el despojo y garantizó que el proceso estará acompañado de proyectos productivos.

PARLAMENTO ARGENTINO RATIFICARÁ DERECHO SOBRE LAS MALVINAS


ARTÍCULO | FEBRERO 18, 2012 - 1:58PM | POR ORIANA FLORES



Argentina en pie de lucha por sus derechos. Foto: (Archivo)


Yvke Mundial/Prensa Latina

Las comisiones de Relaciones Exteriores del Parlamento bicameral argentino ratificarán la próxima semana la soberanía de este país sobre las Malvinas, seguún informaron fuentes oficiales.

Ambas comisiones del Senado y la Cámara de Diputados debatirán en sesión conjunta lo que califican de "una cuestión de Estado que trasciende las cuestiones partidarias".

Los legisladores se reunirán en Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, la ciudad más austral del mundo por su ubicación en el extremo sur del continente.

El encuentro prevé la firma de una declaración ratificatoria de la soberanía argentina sobre las Malvinas, la cual será votada en marzo por los plenarios de ambas cámaras.

Los parlamentarios, asimismo, respaldarán la denuncia presentada hace pocos días por el gobierno de Buenos Aires ante la ONU relacionada con la militarización del Atlántico sur por parte de Reino Unido.

Argentina exigió a Londres explicaciones sobre la presencia de un submarino atómico en esa zona y renovó su llamado para dialogar en aras de alcanzar una solución pacífica a ese diferendo histórico.

La disputa por la soberanía de ese archipiélago enfrenta a los dos países desde 1833 y subió de tono a finales de diciembre cuando varias naciones suramericanas negaron la entrada a sus puertos de barcos con la bandera de las Malvinas en solidaridad con la reivindicación argentina

SESIONÓ EN LA HABANA 8VA. REUNIÓN DEL CONSEJO POLÍTICO DEL ALBA


Cuba asistiría a la llamada Cumbre de las Américas desde su tradicional posición de apego a la verdad


Aida Calviac Mora- GRAMMA INTERNACIONAL

Ante la consulta respetuosa del Gobierno colombiano, Cuba ha declarado que, en caso de ser invitada, asistiría a la llamada Cumbre de las Américas desde sus posiciones de apego a la verdad y su tradicional política exterior de principios, afirmó este miércoles Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, al dejar instalada la 8va. Reunión del Consejo Político del ALBA, sesión extraordinaria, en el hotel Occidental Miramar de esta capital.




Momento en que hacía uso de la palabra el Canciller cubano. El venezolano Rodolfo Sanz fue designado como Coordinador Ejecutivo del ALBA.

El Canciller recordó que dicha Cumbre fue lanzada por el expresidente Clinton en 1994 como la plataforma política para la anexión económica de América Latina y el Caribe. "No puede ser de las Américas en tanto excluye de manera infundada e injusta a Cuba", señaló.

No obstante, reiteró que la Mayor de las Antillas "no regresará a la OEA, ni le interesa tener ninguna relación con esa organización que ha servido para propósitos de dominación, ocupación y agresión de los Estados Unidos para expoliar a la América Latina y el Caribe".

A la cita asistieron los cancilleres y altos representantes de los ocho países del bloque regional: Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, y Cuba, además de Santa Lucía y Suriname como invitados especiales.

En la sesión fue designado el venezolano Rodolfo Sanz como coordinador ejecutivo del ALBA, lo cual forma parte de las medidas que se tomaron el 4 y 5 de febrero en Caracas para dar mayor capacidad política al bloque en el cumplimiento de los planes y tareas.

En el transcurso de la Revolución Bolivariana, el abogado, diplomático y político ha ocupado cargos como: constituyente electo por el estado Miranda en 1999, vicecanciller para América Latina y el Caribe, ministro de Industrias Básicas y Minería, y embajador de Venezuela en Ecuador.

Los jefes de las delegaciones presentes destacaron la madurez que ha alcanzado el ALBA en su aspiración de construir un espacio de soberanía, y definieron acciones para los próximos meses.

En ese sentido, acordaron que el Consejo Político volverá a reunirse los días 2 y 3 de marzo en Jacmel, para, a partir de los acuerdos firmados en Caracas con la asistencia del presidente Michel Martelly, propiciar el desarrollo de un mecanismo ALBA-Haití como expresión de la gran responsabilidad y el papel especial de América Latina y el Caribe en la movilización mundial de recursos para el desarrollo y la reconstrucción de esa hermana nación.

EL MODELO CHINO CRECE EN EL CARIBE


Más de 350.000 autónomos emprenden negocios privados sin libertad política

EL PAÍS (ESPAÑA) - Juan Jesús Aznarez Madrid 18 FEB 2012 - 22:44 CET3

Las más de 300 medidas aprobadas por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en abril del pasado año, abordadas en la Primera Conferencia Nacional del partido, el 28 de enero, carecen del calado de las reformas emprendidas por el comunismo chino y vietnamita en el arranque de sus procesos aperturistas, pero han permitido a 357.000 personas emprender negocios en 188 oficios y actividades, concentradas fundamentalmente en el sector de servicios y la agricultura. Hasta ahora, los emprendedores han contratado cerca de 40.000 ayudantes. El objetivo de las reformas es corregir los ruinosos fracasos de la economía centralizada y reducir los subsidios y la asfixiante carga financiera derivada de una plantilla de más de cinco millones de trabajadores estatales, buena parte innecesarios e improductivos.

La compraventa de casas y automóviles, la concesión de créditos en moneda nacional a particulares, a través de 500 sucursales bancarias, las nuevas concesiones a más de 200.000 agricultores privados y la interlocución comercial entre empresas del Estado y emprendedores son otras liberalizaciones aprobadas por Raúl Castro. La nueva tolerancia económica, desde el inmovilismo político, obliga a los autónomos a la apertura de cuentas bancarias donde domiciliar el pago de impuestos y contribuciones y desde las que efectuar las transacciones derivadas de sus actividades y compraventa de vehículos, viviendas y cosechas.

El Estado, que se lleva el 4% de cada compraventa de casas y una carga tributaria sobre los autónomos que puede llegar a superar el 50% de los beneficios, aprobará las operaciones después de comprobar que los fondos depositados en las cuentas son de procedencia legal. La inspección pretende también limitar en lo posible la masiva circulación de dinero negro y la súbita aparición de autónomos clandestinos y nuevos ricos, cuya riqueza sea susceptible de afrentar y soliviantar a los cuadros comunistas más detenidos en el dogma, en la lucha de clases y en la retórica invocación a la igualdad y al precepto constitucional que prohíbe la “explotación del trabajo de los demás”; los inspectores buscan asimismo quebrar el mercado clandestino de coches, y bienes estatales, controlado por mafias con acceso a las ventanillas de los diferentes ministerios, capaces de apañar titularidades y escrituras sorteando el pago de impuestos y la maraña de prohibiciones.

La disidencia cubana es consciente de que la liberalización económica en curso descarta la liberalización política, pero no será fácil, sin embargo, que puedan acotarse las incipientes transformaciones en curso al aspecto puramente económico y es previsible que conforme vayan consolidándose, esas transformaciones acaben exigiendo más libertad de expresión, más espacio para la organización laboral y política. Las trabas migratorias van relajándose poco a poco.

Richard Feinberg, autor de un reciente informe sobre la economía cubana en el Instituto Brookings, de Washington, sostiene que la comunidad internacionaldebe implicarse en la apertura ensayada por el comunismo caribeño porque constituye una herramienta “una oportunidad de oro” para vencer la resistencia de los cuadros del partido más inmovilistas y avanzar hacia la democracia de partidos.

Ajenos al activismo antigubernamental porque las prioridades son otras, entre ellas la manutención, el transporte, el alojamiento y la carestía de los artículos más demandados, cientos de emprendedores acuden a las notarías oficiales y sucursales bancarias. Lo hacen para interesarse por las novedades legales y los impuestos a pagar al Gobierno, que debieron ser reducidos porque los elevados tipos de los primeros días desanimaron a miles de solicitantes. No pocos renunciaron a las licencias. “No compensa”, fue la queja mayoritaria.

La reducción impositiva ha tenido un efecto incentivador pues el número de autónomos creció de los 150.000 en 2009 a los más de 350.000 de finales del año pasado: más del doble, según cifras oficiales. El ministro de Economía, Adel Yzquierdo, calcula que a lo largo de este año desaparecerán 170.000 puestos de trabajo estatales y se llegará a los 240.000 nuevos empleos privados. El objetivo es que el 40% de la población activa en la isla pueda sumarse a esa categoría en el plazo de tres o cuatro años.

La organización estadounidense Freedom House, satanizada por La Habana, sintoniza con las tesis de Richard Feinberg al subrayar que “el crecimiento del sector privado disparará la iniciativa y la autonomía personales y también las aspiraciones a mayores cotas de libertad”. Fuentes diplomáticas subrayan que “como Estados Unidos no va a invadir la isla, ni se observan revueltas callejeras como en el mundo árabe, habrá que confiar en los efectos democratizadores de la apertura económica”.