viernes, 21 de enero de 2011

TRIBUNAL COLOMBIANO ORDENA QUE INVESTIGACIÓN CONTRA URIBE SEA PÚBLICA

POR ESPIONAJE TELEFÓNICO

Un vocero de prensa del Colectivo de Abogados José Alvear, una organización no gubernamental, dijo el pasado jueves que a través de uno de sus letrados interpuso una tutela (recurso constitucional de amparo) que buscaba que esa investigación fuera pública.

Prensa Yvke Mundial/Agencias
VIERNES, 21 DE ENE DE 2011. 1:47 AM




Se revelará hasta dónde llegó el espionaje telefónico que practicó el gobierno de Uribe Vélez/Foto: Archivo


Un tribunal de Bogotá le ordenó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que la investigación que adelanta contra el ex presidente Álvaro Uribe, por espionaje telefónico contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, sea pública.

Un vocero de prensa del Colectivo de Abogados José Alvear, una organización no gubernamental, dijo el pasado jueves que a través de uno de sus letrados interpuso una tutela (recurso constitucional de amparo) que buscaba que esa investigación fuera pública.

Según el colectivo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la Comisión de la Cámara, que la investigación que adelanta contra el ex presidente Uribe (2002-2010), fuera de carácter público.

E.U AFIRMA QUE LAS MAFIAS ITALIANAS AYUDAN AL TERRORISMO


Según los cables de Wikileaks, el FBI considera que el dinero de la droga de la 'Ndrangheta y la Camorra financia a grupos armados en Afganistán y Colombia.- El servicio exterior elaboró en 2008 un plan para ayudar a Italia a luchar contra el crimen organizado
MIGUEL MORA - Roma - 20/01/2011


Domenico Oppedisano, considerado el 'número 1', de la 'Ndrangheta poco después de ser detenido el pasado julio.- AP

Los diplomáticos de Estados Unidos en Italia consideran que las tres mafias italianas, la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta y la Camorra, son "la mayor amenaza para el crecimiento económico del sur de Italia" y constituyen un peligroso y potente "sindicato del crimen" al que es preciso combatir con "más eficacia", ya que, entre otras actividades, "ayudan a grupos terroristas en Colombia y Afganistán a través del tráfico de drogas, impiden el desarrollo del sur de Italia, distorsionan los mercados, violan los derechos de artistas y compañías estadounidenses, sustentan al crimen organizado en Estados Unidos, y suponen riesgos potenciales para la salud de los miles de militares y funcionarios estadounidenses que residen en el sur de Italia".
Según revelan los papeles secretos del Departamento de Estado filtrados a Wikileaks que ha podido examinar EL PAÍS, los diplomáticos de Washington destinados en Italia elaboraron en junio de 2008 un plan, compuesto por 12 medidas concretas, con el objetivo de que Estados Unidos se implique más a fondo en la lucha contra las mafias.
La propuesta, firmada por el ex cónsul general en Nápoles, J. Patrick Truhn, y aprobada por las legaciones en Roma y el Vaticano, era la conclusión de un largo y demoledor informe sobre el triángulo criminal formado por la Cosa Nostra siciliana, la Camorra de Campania y la 'Ndragheta calabresa.
El diplomático escribía: "Debemos trabajar para convencer al nuevo Gobierno italiano de que el crimen organizado es una seria prioridad del Gobierno de EE UU, y de que los terribles costes económicos del crimen organizado son un argumento convincente para una acción inmediata". El análisis, dividido en tres partes, fue enviado a la Secretaría de Estado, la CIA, el FBI, la DEA y otros 18 organismos oficiales de EE UU en junio de 2008.
Siete razones
El documento 157192 daba una lista de siete razones por las que "el Gobierno de Estados Unidos puede y debe implicarse más" en la lucha antimafia.
-El tráfico de drogas de las mafias italianas envía dinero a narcotraficantes (y por tanto, de forma indirecta a grupos terroristas) en Colombia y Afganistán, lo que afecta a la seguridad nacional estadounidense.
-Un informe de inteligencia del FBI reveló en 2005 que "la interacción criminal entre el crimen organizado italiano y los grupos extremistas islámicos facilita a potenciales terroristas el acceso a apoyo económico y logístico de organizaciones criminales con rutas de contrabando establecidas y una fuerte presencia en Estados Unidos". En una declaración pública de 2004, el fiscal antimafia italiano, Pierluigi Vigna, señaló la conexión entre grupos de militantes islámicos y la Camorra, afirmando que había pruebas de implicaban a la Camorra en un intercambio de drogas por armas con grupos terroristas islámicos.
-Las mercancías falsas y la piratería de productos hechos en Estados Unidos (sobre todo películas, música y software) perjudican directamente los intereses estadounidenses.
-Los lazos entre las mafias italianas y estadounidenses refuerzan mutuamente a estos grupos. Los nexos entre la mafia siciliana Cosa Nostra y la mafia de EE UU se retrotraen a cerca de un siglo, pero la Camorra y la 'Ndrangheta también tienen afiliados en Estados Unidos, según el FBI.
-Los ciudadanos estadounidenses residentes (incluyendo a miles de miembros de la Marina de Estados Unidos y sus familias en Campania y Sicilia) y turistas se ven afectados por el crimen callejero, y potencialmente por la crisis de la basura en Campania (que se debe en gran parte al crimen organizado) y las descargas de residuos tóxicos en la región.
-Empresas de Estados Unidos que querrían invertir en el sur de Italia se niegan a hacerlo porque les preocupa el crimen organizado.
-El crimen organizado debilita a un aliado importante política, económica y socialmente.
El mismo documento recomendaba a Washington que dedique "más recursos e intercambios de inteligencia para luchar contra la Camorra y la 'Ndrangheta" y "para que las autoridades italianas cooperen más estrechamente con sus pares en Colombia, Albania, Turquía, Nigeria y otros lugares".
Y proponía doce "tácticas" concretas a adoptar con efecto inmediato:
-Admitir públicamente la magnitud del problema del crimen organizado en Italia y el apoyo del Gobierno de Estados Unidos a los esfuerzos italianos por combatirla.
-Comprometer más recursos para la cooperación judicial con Italia.
-Favorecer una cooperación más estrecha entre los funcionarios judiciales italianos y sus contrapartes en países clave.
-Expresar al Gobierno italiano la idea de que tiene demasiados pocos magistrados antimafia en Calabria, hogar de la organización criminal más potente del país.
-Presionar al Gobierno italiano para que acabe con la corrupción en sus puertos.
-Cooperar más estrechamente con el Banco Central Italiano y presionar a otros países (por ejemplo Suiza, Liechtenstein, Mónaco) para que cooperen más en la ruptura del circuito de lavado de dinero.
-Trabajar con el Gobierno italiano para mejorar un sistema judicial estropeado. Si se quiere acabar con el crimen organizado, las sentencias deben ser más duras, las apelaciones limitadas, y el proceso judicial más eficiente. No puede ser que presos convictos acaben liberados porque los jueces fracasen al hacer el papeleo.
-Compartir la experiencia de las instituciones penitenciarias del Gobierno de EE UU en construcción, gestión y privatización. Uno de los problemas mayores de Italia es la falta de prisiones, lo que significa que muchos acusados no son encarcelados jamás y muchos condenados son liberados mucho antes de cumplir sus penas.
-Dar más apoyo visible a los esfuerzos de las asociaciones ciudadanas que luchan contra el crimen organizado (por ejemplo los grupos que en Sicilia lideran la rebelión pública contra la extorsión).
-Ayudar a ampliar el conocimiento del público sobre los efectos deletéreos de las organizaciones criminales, y sobre cómo hemos tratado el problema en EE UU.
-Lograr la asistencia de la Iglesia Católica Romana para que sea más expresiva contra el crimen organizado.
-Animar al Gobierno italiano y a la Unión Europea para que inviertan en infraestructuras, particularmente en mejoras de la seguridad pública, en el sur de Italia, y al mismo tiempo para mejorar el seguimiento de cómo se gasta el dinero.

EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EN UNA TRANSFORMACIÒN NACIONALMENTE POSITIVA DEL CONFLICTO ARMADO

Hacia la Reactivación de REDUNIPAZ, Red de Universidades
por la Paz.

COLOMBIA 2010-2014:
ATISBOS ANALITICOS 125 ENERO DE 2011



Santiago de Cali, Colombia

DIRECTOR: Humberto Vélez Ramírez humbertovelezr@gmail.com
EDITOR: Jorge E. Salomón fundacionecopais@gmail.com

ENSAYO
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Hoy por hoy, en Colombia casi no hay compatriota que no se asuma como un especialista en materia de conflicto armado; en otros términos, como mínimo, todos tenemos una representación sobre el asunto, una forma subjetiva de conocimiento sobre el fenómeno y sobre su mejor y más sabia salida. Es ése el lógico resultado de más de dos décadas - por lo menos desde 1990 - de cotidiana insistencia, radial, televisiva, discursiva y analítica, sobre una u otra dimensión del problema. Bienvenido este fenómeno cognitivo colectivo, pero, asumido por cada quien como definitiva verdad “conquistada”, puede funcionar como obstáculo epistemológico a un mejor conocimiento objetivo del estado actual, en este enero del 2011, de la evolución histórica del conflicto armado. Por estos días, cuando, en el periódico o en internet, nos topamos con una titulación que apunta a algún detalle de la guerra interna, como reacción, casi espontánea, de inmediato nos decimos, “sobre esto de la guerra, para qué leer más, si ya casi lo sé todo”.
Pero, hoy como nunca los académicos sabemos que la guerra, como todo otro fenómeno importante de la vida social, debe ser examinada desde su realidad objetiva, así como desde la intimidad subjetiva de los que la hacen, la observan y la sufren en el transcurrir de cada día.
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Para que, desparramadas, estas pildoritas académico políticas, no se queden como islotes cerrados, precisemos de entrada cuál es el propósito central de este escrito, cuál es la píldora central. Hace ya cinco meses que la recomendamos, fue el mismo día en el que el actual presidente Santos se estaba posesionando. Mientras que él, el 7 de agosto del 2010 afirmaba que, direccionado por la Seguridad democrática, no echaría, sin embargo, al mar las llaves de una posible negociación, nosotros escribíamos el Atisbos 120, “Abriéndole trocha a un nuevo Modelo de negociación política del conflicto armado”, en el que decíamos,
“Para empezar digamos que, en una primera fase, dados los obstáculos que desde la mente de los colombianos conspiran contra ese horizonte, todos los esfuerzos deben orientarse a posicionar la agenda de negociación política del conflicto armado.
Quemar esta etapa, presionados por premuras del momento o por la aparición de pequeñas esperanzas, puede significar quemar el pan a la entrada del horno como sucedió en el Caguán cuando, con precipitación, se entró a una negociación sin una previa y necesaria pre-negociación. Una cosa es que sigamos pensando que la negociación política es el camino ciudadano cultural y sicológicamente más sano de tratamiento de la guerra interna, y otra cosa es que existan las condiciones objetivas y simbólicas para entrar a marcharlo. Estas, de modo necesario, deben ser construidas, lo que tiene que ver con sus tiempos, los tiempos de la aclimatación de una salida negociada, ahora bajo un esquema distinto de los del Caguán y la Seguridad democrática, pues el primero se frustró mientras que el segundo ya dio de sí todo lo que podía dar,” incluidas sus protuberantes e históricas perversidades asociadas a la idea antiética según la cual “todo vale” con tal de derrotar a un enemigo considerado estratégico.(1)
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En este primer semestre del 2011, por varias vías, aunque todavía de modo débil, se ha venido abriendo paso una idea, la de la urgencia “pausada” de construir y viabilizar un nuevo Modelo de abordaje del fenómeno capaz de inspirar una transformación nacionalmente positiva de lo mucho que aún queda de guerra interna. Frustrado el Caguán y casi agotada la Seguridad democrática, como muy peculiarmente nuestro sería aferrarnos a una nota, que ha sido una constante en la conducta histórica de los colombianos: de cara a los grandes males nacionales de índole estructural, en “la mañana” normalmente nos sumergimos en la cultura de la resignación - “es que al respecto nada podemos hacer”, es lo que casi siempre decimos-, pero esa misma “tarde” salimos a eliminar de modo violento al vecino o porque “ la noche anterior nos puso a volumen elevado un disco que no nos dejó dormir” o porque “miró mal a un hijo amado”.
¡Con qué facilidad franqueamos las fronteras entre la resignación y la violencia! Como ciudadanos, nunca hemos sido capaces de protestar manteniendo, al mismo tiempo, el respeto al “otro”. Como conducta ciudadana siempre hemos sido resignados “hoy” y violentos “mañana”! ¡Como constante nunca hemos logrado evidenciar una expresión de la modernidad, la de ser luchadores y combatientes inscritos en una cultura de la tolerancia y el respeto!
Nuestra guerra se asocia a un problema estructural de nuestra sociedad. De cara a dos tremendo fracasos para tratarla, no podemos refugiarnos ahora en la cultura de la resignación, “es que ese conflicto nunca tendrá final”, mientras continuamos violentando y eliminando a nuestros vecinos por problemas de menor calado. Respetando al enemigo y al contrario, debemos salir a luchar por una Colombia sin conflicto armado buscando una transformación positiva de éste en la que el gran ganancioso sea el país en su conjunto, aunque todas las categorías de sus hijos salgamos perdiendo, los guerrilleros y los más ligados al Estado y al establecimiento incluidos.

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En concreto, la invitación ahora es para que todos los colombianos, como sociedades civiles y desde las lógicas específicas que las definen, nos reorganicemos para, en una primera fase, coordinar esfuerzos y voluntades con el fin de legitimar en lo social y viabilizar en lo político una nueva estrategia para la transformación positiva del conflicto armado y todo ello inspirado en el levantamiento de un nuevo Modelo de negociación.
Pero, como un nuevo Modelo se impone porque los anteriores han fallado, precisemos primero las razones por las que el Caguán falló como negociación y por las que la Seguridad democrática, excedida en perversidades, ha llegado al agotamiento como posibilidad de derrota militar de las guerrillas.

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La estrategia de negociación ensayada en el Caguán estuvo orientada a institucionalizar a las guerrillas, primero, derrotando a los paramilitares, segundo, haciendo, desde el Estado, una especie de “revolución social” y, tercero, redistribuyendo el poder institucional con las primeras.
Las fallas, precariedades y limitaciones del Modelo Caguán, que finalmente lo llevaron al fracaso, estuvieron asociadas, primero, a la zona escogida para negociar (una región paraestatal donde las Farc presentaban evidentes ventajas comparativas de poder), segundo, a la premura del proceso (se pretendió construir acuerdos sin haber hecho antes una negociación de la negociación), y tercero, al nivel de reformas exigidas por las Farc ( que se hiciese desde el Estado una “revolución social” fue la consigna que se impuso). Coaligadas en sus consecuencias esas tres circunstancias, lo que, en la práctica, se impuso fue un permanente, disfuncional y perverso juego de poder con el que los agentes del gobierno y los farquianos buscaron evidenciar, ante el país y ante el mundo, cuál de los dos era “el más guapo”.
Sobre las muchas críticas que se le pueden formular a la experiencia del Caguán, existe una que, delicada y compleja, hemos formulado así,
“Es necesario, por otra parte, que empecemos a hacernos una autocrítica en torno a algunos problemas centrales, que han terminado por quedar socialmente asentados y aceptados casi como “inamovibles”. En particular, me voy a referir a uno, al de las relaciones entre una negociación política de la guerra interna y las llamadas reformas estructurales de la sociedad colombiana. En su versión extrema, desde el Caguán se ha venido afirmando que sin reformas sociales en profundidad, las sociedades civiles no podían contribuir a pactar el final de la guerra interna. Fue esa postura la que hizo que, desde las lógicas del establecimiento, Alfonso López Michelsen proclamara que muchos -seguro que estaba pensando en la izquierda- pretendían que, por decreto, se les hiciese la revolución social. Pues bien, sabemos que el Modelo- Caguán también fracasó porque el Estado y los dueños de la gran propiedad se negaron a asumir el costo económico y fiscal de las reformas estructurales que le dieron forma a la Agenda de Paz que finalmente se levantó. Esto no obstante, debemos preguntarnos ahora si la negociación de un conflicto macro de nunca acabar, como el colombiano, debe quedar condicionada a que se hagan las profundas reformas sociales que el país requiere. Quizá estemos equivocando los ámbitos de acción, el de la negociación es la coyuntura política de oportunidad para ponerle punto final a una conflicto ya casi secular, mientras que el de la revolución social es y debe ser el de las luchas sociales y políticas de las masas no propietarias. No es que de una negociación así, no se deriven una serie de reformas pero ajustadas a la naturaleza del conflicto a tratar. Algunos dirán que las guerrillas existen dadas la profunda inequidad social que caracteriza a esta sociedad. Pues bien, en este caso, parte de la negociación consistiría en brindarle a los exguerrilleros los espacios institucionales de democracia más adecuados para que en ellos libren sus luchas por la revolución social.

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Por su parte, la Seguridad democrática que, como estrategia siguió al Caguán, estuvo inspirada en la idea de institucionalizar el paramilitarismo, primero, derrotando militarmente a las guerrillas y, segundo, favoreciendo, tanto por omisión como por acción, la cristalización de alianzas locales y regionales entre la mafia paramilitar con burócratas y políticos institucionales orientadas a refundar el Estado desde posiciones ideológicas de extrema derecha. Asunto central de la refundación lo constituía el desmonte de la Constitución de 1991, así como el retorno al espíritu y la cultura política de la Constitución de 1886.
Las fallas, precariedades y limitaciones del Modelo Seguridad Democrática, las recogimos así en el Atisbos Analíticos 124,
“Al final del octoenio de Uribe, 2002-2010, la Constitución de 1991 quedó entre paréntesis, ni desmontada del todo ni sobradamente triunfante. Pero ahí se encuentran la República autoritaria instaurada, así como las consecuencias objetivas y los estados mentales perversos de la Seguridad democrática, su mayor éxito relativo incluido, vale decir, el haber parado la escalada militar que iniciaron las Farc a partir de la toma de la Base militar de las Delicias. Esto no obstante, cuando el presidente Santos inició su gobierno de unidad nacional, bajo el liderazgo de los uribistas más moderados, la Seguridad democrática, todavía viva y actuante, pasaba por una aguda crisis ligada a sus perversidades intrínsecas: primera, la de haber tirado la Casa fiscal por la única ventana del financiamiento de la derrota militar de las farc; segunda, la de haber posibilitado el ahondamiento de la inseguridad urbana; tercera, la de haber equivocado, de modo reiterado, los tiempos de la derrota militar de esta guerrilla; cuarta, la de haber subordinado casi todas las políticas públicas a las lógicas, ritmos e intereses de la Seguridad democrática; quinta, la de haber propiciado “el todo vale”; sexta, la de haber dejado a Colombia internacionalmente aislada; y séptima, la de haber puesto patas arriba la institucionalidad de las relaciones entre dos ramas del poder público”.
Y Ahora, en enero del 2011, patentada ha quedado una octava perversidad de la Seguridad democrática: la de haber propiciado, por acción o por omisión, una segunda fase del paramilitarismo en la que, en definitiva, éste instaló en más de 10 departamentos vigorosos bloques locales y regionales de poder con los narcotraficantes como fuerza protagónica, en alianza con sectores de las Fuerzas de Seguridad, funcionarios civiles y particulares. Para colocar un único y escalofriante dato, la Fiscalía General de la Nación documentó que entre el 2005 y el 2010, con motivo de la instalación y de las condiciones de funcionamiento de esos numerosos gobiernos fácticos de factura neoparamilitar, hubo 173.183 casos de homicidio, 34.467 desaparecidos, 1597 matanzas con la participación de 155 funcionarios civiles, 381 miembros de las Fuerzas de Seguridad y 7067 particulares. Es decir, que colocados en posición longitudinal, esos 173.183 cadáveres en una autopista, nos darían casi 100 kilómetros, como decir desde Cali hasta Tuluá.

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Pero, no se trata ahora de reclamar una estrategia alternativa cuando la Seguridad democrática todavía no se ha desmontado y cuando el nuevo Gobierno de Santos lo que efectivamente está haciendo es un esfuerzo por lavarle su cara, perversamente ensuciada por “el todo vale” aunque reiterando, por boca de su vicepresidente Angelino, sobre todo, que
“si ellos cumplen las condiciones que el gobierno ha establecido se tendrá toda la generosidad para construir escenarios de paz y caminos de perdón y de reconciliación”.
Entonces, como universitarios nos toca ahora preguntarnos por el papel que las Universidades, en todos sus estamentos, pueden cumplir en un esfuerzo colectivo nacional por construir y viabilizar un nuevo Modelo de tratamiento de la guerra interna.
En el pasado, entre 1998 y el 2002, sobre todo, las Universidades colombianas, con sus intelectuales como componente importante de las Sociedades civiles y asumiéndose ellas mismas como parte integrante del movimiento social por la paz, vivieron una experiencia muy rica al crear la “Red de Universidades por la Paz y la Convivencia”, que entre 1998 y el 2002 realizó cuatro importantes Congresos Nacionales logrando presencia activa en más de 40 Universidades.
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Sabemos que la Universidades que investigan pueden adelantar muy buena proyección social en la medida en que produzcan Pensamiento estratégico. Sin polemizar al respecto, digamos que éste puede ser entendido como aquel que permite llevar los resultados de la investigación teórica, analítica y tecnológica a los problemas de la vida social. Es por esta vía por donde la Universidad cristaliza su misión social. Sin embargo, precisemos que no hay pensamiento estratégico que no sea un pensamiento interesado. En muchos de nuestros Atisbos, bajo formas conceptuales y prácticas muy variadas, lo hemos reiterado inspirándonos con frecuencia en Pierre Bourdieu. En muchos de los Atisbos hemos dicho que el pensamiento estratégico que las Universidades producen a partir de la investigación acumulada, al mismo tiempo no le puede servir a Dios y al Diablo. Lo que normalmente hace el pensamiento estratégico es sugerirle a los actores sociales qué obstáculos deben vencer y qué condiciones crear para que la estrategia de cada uno pueda ser exitosa. Es claro, entonces, que los problemas a resolver están atados a las luchas sociales y a las relaciones de poder. Por lo tanto, de acuerdo con el enfoque ideológico de base de cada universitario, el pensamiento estratégico producido, por ejemplo, para iluminar las luchas realizadas alrededor del conflicto armado, en unos casos instrumentalmente le ha servido a unos para fortalecer o rectificar una salida negociada y a otros, en cambio, para animar una salida militar.
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Pero, al margen del debate que pueda desarrollarse alrededor del carácter y alcances del pensamiento estratégico, habría que decir que un desenlace negociado del conflicto armado es el que más y mejor se ajusta al espíritu, lógicas y cultura de los universitarios. Muy bien sabemos que la lógica de la Universidad no es la lógica del principio de identidad (como decir, lo que es, es) sino, más bien, la del principio de contradicción (como decir, lo que es, puede llegar a no ser hasta convertirse en su contrario). S e trata, entonces, de la contradicción resuelta siempre, de modo dialéctico, mediante la permanente apelación a la inteligencia, a la razón, a la investigación, al debate crítico pero de altura y al poder de la palabra.
Desde el pasado, ésa es la línea en la que, en lo referente a la relación Universidad –Conflicto armado, se han movido, por ejemplo, muchos profesores de la Universidad del Valle.
Sobre la materia, escribió el profesor Angelo Papaquini,
“El encierro en la Universidad y la entrega al goce despreocupado del conocimiento puro y de la cultura aparece ya como una deserción frente a las expectativas de quienes confían en que la Universidad contribuya, con un trabajo investigativo de envergadura sobre los problemas más acuciantes del país, los recursos invertidos en ella por la misma Universidad….La Universidad tiene que enfrentar los problemas concretos de su tiempo y del contexto específico en que se inscribe, pero con sus herramientas más peculiares: el conocimiento, la investigación científica, la crítica y un ethos sustentado en el diálogo y el poder de la palabra”.

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Como decir, si la Sociedad nos financia, a ella pertenecemos con todo lo que tenemos como más específico y peculiar, como es todo lo que gira alrededor de lo que podemos llamar “Palabra de Universidad”. Como decir, la palabra y el diálogo enhebrado en ella al servicio de esa causa llamada “una Colombia sin conflicto armado”. Al pensar en la relación palabra, Universidad y conflicto armado, no podemos olvidar al gran Pablo Neruda,
“Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan…Me prosterno ante ellas…Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito…Todo está en la palabra…Una idea entera se cambia porque una palabra se cambió de sitio, o porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció”.
No hace mucho tiempo, así puse sobre tierra académica este texto de Neruda desde la que he llamado, “Palabra de Universidad”,
“Claro que con la palabra podemos equivocarnos”, y también mentir, añadiríamos ahora, “pero también mediante ella, podemos corregir, reparar y perdonar. Lo que en definitiva la aturde es su uso inútil, hablar por hablar, y, peor, su uso inmoral, hablar para mentir, para engañar, para tapar, para tergiversar. Los que hacen ese uso inútil, pero, sobre todo, inmoral de la ‘palabra’, incurren en el delito de ‘lesa-palabra’ “.

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Por facilidad de consulta, quedémonos ahora con algunas de las tesis, que, levantadas hace una década por profesores de la Universidad del Valle, nos pueden servir ahora para repensar la relación Universidad- Conflicto armado.
En 1999, en el Primer Congreso Nacional de la Red de Universidades por la Paz realizado en Bogotá, entre otras cosas, señaló el profesor Adolfo Alvarez,
En la Universidad “se reciclan los conflictos sociales en el ámbito de las ideas y por su función intelectual, por su esencia crítica, la Universidad es uno de los espacios más sensibles a los conflictos y luchas políticas…Existe entonces una tensión entre la necesaria autonomía universitaria para avanzar en su misión intelectual y las demandas de signo diverso que la confrontan y la afectan. Qué tanto y en qué sentido el movimiento universitario y la Universidad colombiana, han incidido sobre: los procesos, las ideas, los actores-partidos, movimientos-, y los conflictos políticos y en el conflicto armado como expresión del conflicto político? O cómo estos la han afectado?”.
Enseguida el profesor Alvarez hizo un examen histórico de las tensiones entre la Universidad colombiana por conquistar su autonomía y la presencia en su seno de fenómenos ora de hiperpolitización- década de 1970- ora de despolitización-década de 1990 concluyendo en la necesidad de repensar la función política de la Universidad:
“La Universidad, señaló, no puede sustraerse de la influencia de los procesos y conflictos políticos que agitan la sociedad. Pero ella debe ganar y construir una verdadera autonomía, que le permita pensar y repensar, criticar, evaluar y estudiar; someter también a un análisis sistemático, con base en las ciencias sociales y humanas, en los desarrollos del pensamiento moderno, las diversas opciones y propuestas políticas... ‘La Universidad, señala al citar a O. Gaviria, no es el escenario de la política, pero la política pasa por la universidad”.
“Por ejemplo, concluyó, respecto de la guerra y la paz la tarea de la Universidad, de los académicos y de los universitarios es promover el análisis, el debate, la reflexión, el estudio, en forma más amplia, rica y compleja de los factores, de las condiciones que la explican, de los actores internos y externos de este proceso. Más allá de justificar el conflicto debe explicarlo, mostrando la lógica de los actores y sus implicaciones para el conjunto de la sociedad y la propia nación. El logro de la paz, hace parte de una condición para la sobrevivencia y el ejercicio de la autonomía universitaria, que como hemos visto es una de las damnificadas de la confrontación armada, pero porque se trata de una condición para ejercer su función crítica en libertad”.
Señalemos, por otra parte, que el profesor Alvarez recogió en su Ponencia una tesis central, que inspiró a REDUNIPAZ durante sus cuatro años de vida activa y que señala a
“las formas democráticas” como las “únicas coherentes con el espíritu de la Universidad”.
Agreguemos ahora que, desde tiempo atrás, Los Atisbos han defendido la tesis que dice que el desenlace que finalmente alcance en Colombia el conflicto armado, incidirá, de modo significativo, en su forma futura de Estado y de sociedad. De todas maneras, el desenlace democrático será siempre el más congruente con el espíritu, la misión y la cultura de La Universidad. Ya lo hemos experimentado, la salida guerrerista intentada entre el 2002 y el 2008, ha tenido entre sus consecuencias más disfuncionales y perversas la evolución del régimen político colombiano hacia una forma de república autoritaria.
Recordemos, por otra parte, que años atrás la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle instauró un Seminario Permanente sobre la Guerra y la Paz en el que 17 investigadores (“Daniel Pecaut, Fernando Cruz K, Carmiña Navia, Anthony Sampson, Rodrigo Romero, Humberto Vélez, Angelo Papacchini, Víctor Mario Estrada, Alba Nubia Rodríguez, Boris Salazar, Martin Urquijo, Jesús Valencia, Fabio Martínez, Darío Henao, Gilberto Loaiza, Alejandro López y Adolfo Alvarez”), independientemente de los diferentes sistemas éticos asumidos como punto de referencia, compartieron la idea de
“unos mínimos humanitarios que no pueden ser violados por ninguna razón o causa superior, por noble y elevada que ésta sea”.
Al respecto, se presentaron cuatro importantes Ponencias.
La idea de universitario se encuentra muy cercana a la de intelectual. Entre las Ponencias presentadas en ese Seminario hubo una que importa destacar en este 2011 cuando creemos que es válido y necesario esforzarnos por viabilizar un nuevo modelo de tratamiento positivo del conflicto armado, proceso en el que a la Universidad le compete un papel importante pero sin que violentemos su naturaleza olvidando que se trata de una organización situada, que tienen una historia específica. Se trata de la reflexión realizada por el profesor Gilberto Loaiza, “Los intelectuales colombianos ante los dilemas de la guerra y de la paz”. Para animar la reflexión, la condesamos así con algunas glosas, en sus tesis centrales,
En su Ensayo esboza lo que “han podido ser y hacer los intelectuales” en un país que, como Colombia “ha vivido, en los dos últimos siglos, una guerra endémica, permanente, no importa los eufemismos explicativos que la aderecen ni las variantes en los métodos de aniquilación o la ampliación histórica de los listados de causas y actores en contienda”. En una primera tesis central, el profesor Loaiza destacó cómo la recurrente alternativa de las armas nos ha llevado a despreciar que “antes, durante y después de cada guerra ha sido posible construir algunos indicios institucionales de modernidad cultural, de lo que cualquier ideólogo liberal decimonónico habría llamado con entusiasmo ‘civilización’ opuesta a la ‘barbarie’ ”. Es en este primer momento cuando el ponente, sin temor y con valor, hace la loa del sector de intelectuales que, sin vinculación en apariencia con la política, han contribuido a la construcción de “la institucionalidad cultural, que permite la difusión – así sea todavía exigua o marginal- de los gustos estéticos”: “A muchos creadores, precisa, debemos agradecerles sus sistemática elaboración de una obra artística” aunque sobre ellos haya recaído la justa o injusta condena de la evasión.”Muchos de esos individuos, prosiguió, son responsables de que la vida pública en Colombia sea menos desoladora, que las ciudades sean escenarios menos hostiles y que el ciudadano medio del país pueda tener algún grado de goce estético en su trágico peregrinaje.”. Glosando al profesor, nosotros agregaríamos que muchos de esos creadores son responsables de que la violencia en Colombia no sea todavía mucho más abundante, intensa y aplastante, lo que, para el caso colombiano, sería casi hiperbólico.
Enseguida el autor destaca cómo durante esos dos siglos de aparente vida republicana y en medio de esta guerra endémica y permanente, “han nacido universidades, se han organizado expediciones científicas, se han ido formando comunidades especializadas en investigación y se han diferenciado las esferas de producción intelectual”. Ha sido así, entonces, como los intelectuales colombianos, con todas sus ambivalencias, históricamente han oscilado “entre ser el apéndice institucional, de su sistema tradicional de parentelas o ser los voceros de una sociedad moderna”. Válida esta tensión, habría que decir que el intelectual del siglo XIX, fue ante todo, el intelectual de un establecimiento e institucionalidad básicas, todavía en construcción, “un agente de exclusión política, precisó el ponente, bajo el principio de la soberanía de la razón que suplantó al de la soberanía del pueblo”. Pero, “en tiempos más cercanos, y he aquí otra importante hipótesis histórica de Loaiza, el impacto de los medios de comunicación audiovisuales y el persistente cuestionamiento del débil sistema público de educación superior, han hecho que el intelectual caiga en la desgracia, según el lenguaje tecnocrático en boga, de ser inviable, de resultar oneroso según las ponderaciones de los heraldo del libre mercado. Su original carácter mediador, de persuasor permanente, se ha diluido en una sociedad que parece poco dispuesta a optar por el uso de la razón. Escribir en este umbral sobre los intelectuales colombianos no promete por tanto, un balance que invite a la esperanza. Pero eso sí, la simple indicación de un acumulado, de unas líneas de persistencia que se sostienen en medio de las cíclicas irrupciones de las formas explícitas de la guerra, nos permiten creer que algo se ha podido construir y que es preciso protegerlo de la extinción”.
El profesor Loaiza nos ha puesto sobre el tapete unas tesis que juzgamos muy importantes en esta coyuntura cuando creemos que es importante trabajar por la reactivación de REDUNIPAZ. Entre 1998 y el 2002, invadidos por el optimismo social de la pacificación, de modos variados idealizamos el papel de la Red. Una década después, con claridad nos hemos percatado de que los intelectuales colombianos no somos unívocos. Quizá todos queramos el final de la guerra aunque unos por un camino de re-guerra y otros, por el de su negociación; muchos, por distintos caminos legítimos, están contribuyendo a la construcción de paz positiva, como ha llamado GALTUNG a toda forma activa de sensibilidad humana orientada a enriquecer lo humano. El profesor Loaiza lo ha destacado: ha existido un grupo de intelectuales colombianos responsables de que este país sea menos desolador. Han sido, así, activos constructores de modernidad. Otros, quizá, queramos colocar ahora nuestro granito de arena en este esfuerzo por potenciar la Red. Hagámoslo con mucho sentido de realidad, pues, de todos modos, estamos en una sociedad en la que no son tantos lo que crean en el poder de la palabra, en el poder de “La Palabra de Universidad”.

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Recojamos, entonces, la idea central: la Universidad Colombiana puede, por ser una empresa del conocimiento y, debe, por obligación moral ligada a su propia misión, primero, investigar el conflicto armado, como pasado y como presente, como realidad y como representación simbólica; segundo, evaluar, en sus implicaciones y consecuencias, las distintas propuestas atadas a sus posibles desenlaces; tercero, contribuir a levantar un nuevo modelo para su transformación nacionalmente positiva; y cuarto, por qué no , casarse con la apuesta más congruente con sus lógicas, espíritu y cultura.
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En este esfuerzo por reactivar la Red, ahora con participación de estudiantes, empleados y trabajadores, ECOPAIS- ATISBOS ANALÍTICOS ofrece sus esfuerzos y espacio (fundacionecopais@gmail.com, humbertovelezr@gmail.com, templario006@yahoo.es, yesika_villegas@hotmail.com, mandatoestudiantilciuv@gmail.com, mandatohumanitario@gmail.com, ) para que a mediados del año podamos realizar en Cali un Encuentro de Universidades del suroccidente colombiano preparatorio del V Congreso de REDUNIPAZ, que se podría realizar en Bogotá a finales del año. Mientras tanto, en las distintas Universidades vayamos realizando Encuentros Internos, Locales y Regionales, así: 1. Eje Cafetero, Caldas, Risaralda, Quindío; 2. Valle del Cauca; 3. Popayán, Cauca, Putumayo.LOS ATISBOS ANALITICOS abre su especio virtual para animar este debate en el sur-occidente colombiano
Mientras tanto, asumamos a REDUNUIPAZ como parte integrante del Movimiento social por la Paz, y, sobre todo, de “Colombianos y colombianos por la Paz” bajo el liderazgo de Piedad Córdoba.
Es una propuesta, ya dialogada entre algunos, que REDUNIPAZ recoja la memoria de Alfredo Correa D’Andreis, uno de sus más entusiastas fundadores.

DAMNIFICADOS EN COLOMBIA VIVEN EN CONDICIONES INFRAHUMANAS




DENUNCIAN LAS AUTORIDADES DE LA PROCURADURIA.

Muchos de los damnificados residen en viviendas de precaria construcción, algunas de ellas hechas con materiales como cartón y zinc, a la orilla de las carreteras, sin acceso a ninguna fuente de agua potable ni servicios sanitarios.

Prensa YVKE Mundial / Telesur
JUEVES, 20 DE ENE DE 2011. 9:02 AM




La Procuraduría colombiana denuncia que los damnificados residen en refugios precarios a la orilla de las carreteras / Foto: Telesur


La Procuraduría General de Colombia denunció que, en los norteños departamentos de Bolívar y Atlántico, algunas de las personas damnificadas a consecuencia de la ola invernal que azotó al país suramericano a finales del pasado año se encuentran en situación crítica.

Durante una visita que funcionarios de la Procuraduría realizaron a la zona, se comprobó que las personas afectadas por las lluvias viven en condiciones inhóspitas, según reseña una nota de prensa publicada en el sitio web de ese órgano del Estado colombiano.

El Ministerio Público indica que muchos de los damnificados residen en viviendas de precaria construcción (cambuches), algunas de ellas hechas con materiales como cartón y zinc, a la orilla de las carreteras, sin acceso a ninguna fuente de agua potable ni servicios sanitarios, bajo fuertes y constantes cambios de temperatura.

Además, la Procuraduría denuncia que en las zonas aún anegadas se evidencia que varios damnificados han construido refugios en condiciones aún más críticas.

A varias semanas de las inundaciones, algunos damnificados expresan que aún no han recibido ninguna ayuda humanitaria, ni siquiera alimentos.

Ante la situación, la Procuraduría ha realizado un llamado al Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para que se agilice la gestión de entrega de ayuda a las personas afectadas por la ola invernal, así como para habilitar albergues temporales con mínimas condiciones de salubridad.

Uno de los municipios más afectados en el sur del Atlántico es Campo de la Cruz, que quedó totalmente inundado por la ruptura de un dique.

El alcalde local, Carlos Gutiérrez Cote, según denuncian los afectados, no ha asumido ninguna de las gestiones en relación con la atención a los damnificados, razón por la cual la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en su contra.

El pasado 6 de enero, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, extendió por 20 días más el estado de emergencia económica, social y ecológica para seguirle haciendo frente a los desastres causados por la temporada de lluvias que, al cierre de 2010, dejó 310 muertos y dos millones 220 mil damnificados.

El estado de excepción inicialmente adoptado el pasado 7 de diciembre por 30 días y dentro de los cuales se emitieron 25 decretos, se prolongará hasta el 28 de este mes.

La Constitución permite al Gobierno adoptar emergencias hasta por 30 días, prorrogables a 90, tiempo en el cual el presidente puede adoptar toda clase de medidas con fuerza de ley sin que estas pasen por el Congreso.

PRIVILEGIOS EN RECLUSIÓN MILITAR? EL DEBATE ESTÁ ABIERTO



SEMANA.El Centro de Reclusión Militar de Tolemaida, creado en abril de 1974, con la finalidad de recluir a los miembros de las Fuerzas Militares que hayan infringido el Código Penal o el de Justicia Penal Militar.

SEMANA.COM – NACIÓN: Los excesos denunciados en la base militar de Tolemaida y la fuga del mayor César Maldonado, detenido allí, reabren el debate. ¿Los militares condenados deben permanecer en guarniciones militares o deberían ir a cárceles comunes?

Miércoles 19 Enero 2011

Durante los últimos días, la base militar de Tolemaida ha sido noticia. Las denuncias publicadas en el diario El Espectador, en las que se ponía en evidencia cómo el preso Juan Carlos Rodríguez, alias ‘Zeus’, hacía y deshacía dentro de la guarnición iniciaron la polémica. De fiestas donde había licor y presencia de prostitutas disfrutaba este hombre.

La decisión de cambiarlo a él y a otros detenidos a otra cárcel no se hizo esperar. Pronto, el director del Inpec, brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, ordenó el traslado al pabellón de alta seguridad de La Picota de Rodríguez y de otros cuatro uniformados, entre los que estaba el mayor César Maldonado, quien al enterarse de la noticia de su traslado se fugó.

El mayor Maldonado, condenado a 27 años de prisión por homicidio, no estaba en su celda del centro penitenciario de la base militar de Tolemaida. Su extraña desaparición hizo recordar un hecho ocurrido tiempo atrás, noviembre de 2004, del que este mismo oficial fue protagonista. En ese entonces, luego de que fuera llevado a un calabozo en el Batallón Militar No.13, en Bogotá, Maldonado escapó. Su recaptura se dio cuatro años más tarde, julio de 2008, en Cúcuta.

Y aunque esta vez su búsqueda duró menos de 24 horas, porque fue hallado antes de pasar el último cordón de seguridad de la base militar, la situación reabre un viejo debate: el de las irregularidades y los privilegios para los presos en los centros de reclusión para policías y militares.
Cabe recordar que hay más de 1.000 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía presos en centros de reclusión especiales, de los que más de la mitad están condenados, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Posiciones encontradas

Entre las reacciones frente al escándalo de Tolemaida, la del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha despertado mucha polémica. Y es que aunque fue claro en decir que las instalaciones militares no dependen del Ministerio del Interior, la situación que se conoció recientemente, según él, “ha de conducir a replantear la permanencia de muchas de las personas condenadas en las instalaciones de las brigadas militares. Eso ha de llevarnos a replantear la política para que quienes estén en estas circunstancias purguen sus condenas en las cárceles ordinarias. En La Picota hay pabellón para quienes fueron servidores públicos. Ahí van a ser trasladados”.

¿Los militares condenados deben permanecer en guarniciones militares o deberían ir a cárceles comunes? Es la pregunta que se hacen hoy muchos.

Para Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, si en Colombia se quieren superar los problemas de impunidad es necesario que haya “solo una justicia”. Y hace especial énfasis en lo que tiene que ver con los crímenes de Estado, en lo que asegura, “no puede haber fuero ni privilegios. Debe ser una justicia igual para todos”.

Carreño asegura que la noción de igualdad en términos de derechos humanos se pierde mientras sigan existiendo reclusiones especiales para militares, aunque reconoce que dada la naturaleza del conflicto sí es necesario que ellos estén en un pabellón especial, pero en cárceles normales.

Y es que el tratamiento que hay en estos sitios de reclusión tiene muchos privilegios. “Sin duda, el hecho de no estar bajo la guardia del Inpec, hace que reciba otros tratamientos, y desde los mismos militares. Es decir, están custodiados por sus mismos subalternos. Ellos nunca están esposados y no importa el rango: de soldado a general van sin esposas”, asegura el abogado, quien además cita varios ejemplos de cómo las fugas son situaciones comunes en este tipo de guarniciones.

“Además del conocido caso de Maldonado, quien se ha fugado dos veces, hay muchos otros. Por ejemplo, el caso del coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, autor intelectual del secuestro y el posterior asesinato del industrial Benjamín Khoudari. Detenido y condenado a 40 años de cárcel por este caso, pero quien se fugó de la Escuela de Artillería y nunca más volvió a aparecer. De eso hace ya más de diez años...”, cuenta Carreño.

La posición de Carreño, de que los militares sean sometidos a la justicia ordinaria, se basa también en el hecho de que estos “logran, siempre, dilatar los procesos. O están enfermos o tienen otras audiencias, pero terminan no asistiendo. Un ejemplo, lo que ha pasado con Plazas Vegas en el caso del Palacio de Justicia”.

Entre tanto el Vicepresidente Angelino Garzón pidió una reunión urgente entre el ministro del Interior, el director del Inpec y los comandantes de las Fuerzas Militares para revisar los mecanismos que lleven a evitar que en las guarniciones militares y las cárceles se fuguen personas.

“Los condenados por delitos de lesa humanidad no deben estar en guarniciones militares. Se debe analizar cuál es la situación real que hoy tienen las personas que están pagando condenas a fin de que esas personas no tengan posibilidad de fugarse y no tengan privilegios que conlleven a tener presos de estratos uno y presos de estrato seis”, dijo Garzón.

Jaime Restrepo, representante legal de la Fundación Héroes Visibles, que lucha por la libertad y dignidad de los soldados víctimas de la guerra jurídica, señala que la razón de ser de que los militares procesados y condenados estén y tengan el derecho a estar en centros de reclusión militar no es otro que “no compartir sitios de reclusión con la delincuencia común y organizada que ellos mismos han combatido en el ejercicio de sus funciones”.

Restrepo dice además que no solo la seguridad de los mismos internos se vería afectada, también las de sus familiares. “Hemos visto casos de cómo militares que están en cárceles ordinarias deben recibir la visita de sus familiares los mismos días que la delincuencia común, lo que genera agresiones en lasa filas de ingreso por parte de los otros familiares”, asegura.

El abogado Restrepo dice también que ante las manifestaciones de quienes insisten en decir que los militares deben ser recluidos en las mismas condiciones de otros, “se podría decir entonces que así como pasó, por ejemplo, con pertenecientes al M-19 que han recibido amnistías e indultos, y otros grupos que con Justicia y Paz están pagando penas cortas, se tuvieran los mismos criterios de igualdad para los miembros de la fuerza pública, que tienen que pagar penas altísimas por hechos cometidos en función de su propio deber”.

Sin embargo, el abogado es consciente de que hechos como el que se denunció hace algunos días sobre irregularidades en la guarnición de Tolemaida tenga elementos que generen el debate, por lo que dice que “una propuesta sería construir prisiones en centros de reclusión militar como batallones y brigadas, pero que obedezcan al pie de la letra lo que exige el Inpec, organizar mucho más todo lo que tiene que ver con la seguridad (...)”.

Pero aunque Restrepo reconoce que hechos como la fuga del mayor César Maldonado da cuenta de las fallas que en materia de seguridad existe en las guarniciones militares, es enfático en decir que eso no solo ocurre allí, así como tampoco los escándalos. “Cualquiera puede visitar prisiones ordinarias de cualquier parte del país y advertir que también se dan ese tipo de situaciones, así es que si se van a aplicar controles para que no se presenten, debería hacerse en cárceles comunes y guarniciones”.

Frente a la posición de algunos que argumentan que los condenados por delitos de lesa humanidad no deben estar en guarniciones militares, Restrepo, quien desde la fundación que representa ha conocido de cerca el tema, señala que “siempre que se piense en llevar a un mismo espacio a militares, sin importar el rango, con delincuentes comunes se pondrá en un gran riesgo la integridad y seguridad de los condenados. Y es que es poner en el mismo lugar a quienes persiguieron, bajo el ejercicio de su función”, concluye.

BACRIM y Paras: La misma porquería



Editorial de VOZ Edición 2573 del 19 al 25 de enero de 2011
FUENTE: ANNCOL.

FOTO: http://www.nodo50.org/comadehco/informeiacol2005.htm


Desde el comienzo de las llamadas negociaciones de Ralito y de la aprobación de la ley de justicia y paz, desde estas páginas alertamos de la farsa de la paz con narcotraficantes y paramilitares. Sin vacilaciones, advertimos al país y al mundo que era el diálogo de “yo con yo”.


Posteriormente, producidas las “desmovilizaciones”, en las que se descubrieron varios conejos consentidos por Luis Carlos Restrepo, señalamos que el paramilitarismo seguía vivito y coleando en el territorio nacional.

Los crímenes continuaron contra la izquierda, dirigentes sindicales y militantes del Partido Comunista –y hasta inauguraron al naciente Polo Democrático Alternativo-, aún con los capos del paramilitarismo en las cárceles. Así se lo advertimos al Gobierno Nacional, inclusive al presidente Álvaro Uribe Vélez en la Casa de Nari, en reunión pública y a la cual ingresamos por la puerta principal, en la quel le reclamos por los asesinatos de comunistas en el sur del Tolima. Uribe, enfadado, nos respondió que eso no era cierto y cuando le enumeramos los muertos de carne y hueso, entre dientes dijo que en Colombia había mucha gente mala y cualquiera podía ser el responsable de esos crímenes.

Extraditados los principales jefes del paramilitarismo, que nunca abandonaron el poder y el control en sus regiones, como “Don Berna, Jorge 40 y Mancuso, para citar tres casos, aparecieron numerosas bandolas que fueron creciendo como espuma a lo largo y ancho del país. El gobierno de Uribe, los mandos militares y de policía se inventaron el cuento, con la complicidad de organismos internacionales y de algunos países europeos, que eran bandas criminales que nada tenía que ver con las “AUC” de Ralito y de Justicia y Paz. El narcotráfico continuó, los crímenes y masacres aumentaron casi que en secreto, mientras los voceros militares y policiales, del Gobierno y la “gran prensa” los apodaban con el simpático nombre de Bacrim, que parecía más un término inofensivo que realmente enérgico para el potencial poder criminal que representaban.

Casi que en solitario, en las páginas de este semanario, semana tras semana, denunciamos crímenes, masacres, desapariciones e intimidaciones, en numerosos casos con la complicidad de la Fuerza Pública. Casi el mismo libreto que con los paramilitares en los últimos 30 años. El 31 de diciembre denunciamos el asesinato de Luis Mayuza, el último hombre que le quedaba a una familia desplazada del Meta, que fue exterminada sin piedad. Nadie dijo nada. El silencio fue total. El crimen fue en La Unión Valle del Cauca, donde se ha detectado el accionar impune de grupos paramilitares, que la policía insiste en llamar Bacrim. No hubo titulares ni discursos de los voceros del Gobierno Nacional ni amenazas del Vicepresidente de la República.

Tuvo que ocurrir el crimen de dos estudiantes de la Universidad de los Andes, Mateo Matamala y Margarita Gómez, miembros de prestantes familias bogotanas, para que el país despertara y se conociera la existencia de estas bandas de paramilitares, que siguen contando con la colaboración de militares y policías. En Córdoba, nunca hubo un solo operativo para perseguirlos y capturarlos, como está sucediendo ahora, sin contundentes resultados todavía.

Son paramilitares y narcotraficantes, que tienen el mismo origen y los mismos cómplices de sus predecesores en los últimos 30 años en el marco de la doctrina de seguridad nacional gringa y de los planes de exterminio de la izquierda. ¡Que no nos vengan con cuentos! El general Naranjo se rasga las vestiduras, porque los únicos responsables de los asesinatos son las “bandas criminales”, cuando no está clara la acción de las autoridades, en primer lugar de la Fuerza Pública. Semejante discurso tiene tufo a demagogia. Las autoridades tienen que responder por qué no los han desmantelado, como nunca lo hicieron antes.

Córdoba, Urabá, Costa Atlántica, Tolima, parte de Santander, Antioquia, siguen en poder de estos grupos, que sólo pueden sostenerse porque son apoyo para la estrategia antiterrorista de la seguridad democrática. Uribe trató de legalizarlos, actuó con ellos y hasta se apoyó en el proselitismo armado para promover su elección primera y segunda y la campaña reeleccionista.

Varios de sus representantes visitaron la “Casa de Nari” por la puerta de atrás. Así que no vengan con cuentos, por lo demás porque es un lastre del actual Gobierno, heredero del anterior. Se requieren resultados concretos y mayor exigencia del exterior de donde provienen muchas complicidades por omisión y del norte.

Editorial de VOZ Edición 2573 del 19 al 25 de enero de 2011

EN APENAS 4 AÑOS, CHINA LUCE ENVALENTONADA FRENTE A EEUU



Foto AP: Banderas de China y Estados Unidos en una calle de Washington DC, con el domo
20 de enero de 2011, 10:55 AM

WASHINGTON (AP) - El poder de negociación del presidente chino Hu Jintao se ha fortalecido desde que visitó Washington en 2006. Puede acreditarlo el crecimiento explosivo de China y las tribulaciones económicas de Estados Unidos.

La economía estadounidense todavía es más del doble que la de China, pero la diferencia se está acortando. La economía de Estados Unidos subió un 16% entre 2005 y 2010. China la duplicó con creces, según el Fondo Monetario Internacional.

No es de extrañar entonces que el envalentonado Hu haya mostrado poca disposición a ceder ante Washington en cuestiones que van desde la divisa china hasta su apoyo a Corea del Norte.

Desde su visita anterior, China ha pasado a ser la segunda economía del mundo. Su mercado automovilístico es ahora el mayor. Su rango de usuarios de internet exceden la población total de Estados Unidos.

Simultáneamente, Estados Unidos ha perdido cinco millones de empleos, ha padecido una grave crisis financiera y ha visto duplicar su tasa de desempleo.

Son dos economías divergentes.

"China tiene más peso que antes en términos económicos y políticos", observa Charles Freeman, sinólogo en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. "En China no hay ambiente para hacer concesiones particulares a Estados Unidos".

La situación contrasta con la anterior visita de Hu en 2006. En ese entonces estaba dispuesto a admitir "que Estados Unidos era sin duda el grandote", comentó Freeman. Ahora, dentro de China, "se ventila un debate muy activo sobre el papel internacional que debe asumir China".

La creciente influencia china es evidente aun en los arreglos de la cena para la visita de Hu: el presidente Barack Obama le ofreció la suntuosa cena estatal que el presidente George W. Bush le negó en 2006.

"Estados Unidos necesita a China para lidiar con todos los desafíos que encara", opina Yuan Peng, director del Instituto de Estudios Estadounidenses en el Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas, del gobierno chino.

La crisis financiera y la gran recesión contribuyeron a modificar el equilibrio económico entre las dos naciones. Cuando Hu vino hace cuatro años, la economía estadounidense experimentaba su decimonoveno trimestre consecutivo de crecimiento. El mercado de la vivienda parecía rozagante. Cualquier noción de peligro en el sistema financiero nacional parecía descabellada.

Sin embargo, fue China la que logró sobrellevar la recesión mundial casi sin dificultades. Por el contrario, Estados Unidos se ha visto en figurillas para vigorizar una economía afectada por la lenta creación de empleos y el alto desempleo.

El jueves, China reportó que su economía creció nada menos que el 10,3% en 2010. Por comparación, la economía de Estados Unidos parece haber crecido menos del 3% el año pasado.
China sobrepasó a Estados Unidos en 2009 como el mayor mercado automovilístico con base en el número de vehículos vendidos. Exige a las fábricas extranjeras forjar operaciones conjuntas con socios chinos si quieren llegar a los compradores chinos. Esas sociedades ayudan a las empresas chinas a crecer en el exterior.

Envalentonada por su éxito, China se resiste a Estados Unidos en una serie de cuestiones. En las conversaciones sobre el clima, por ejemplo, se comprometió a contener las emisiones de gases contaminantes pero ha rechazado límites obligatorios o un sistema de verificación.

China, uno de cinco miembros en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con poder de veto, ha dejado de lado además su tradicional resistencia a involucrarse en asuntos mundiales.
Se ha sumado a Rusia para resistir las presiones occidentales para sancionar a Irán por su programa nuclear.

EX DICTADOR DUVALIER PRETENDE SER PRESIDENTE DE HAITÌ

PUERTO PRÍNCIPE, GRANMA INTERNACIONAL - 19 de enero.—
El ex dictador Jean-Claude Duvalier planea quedarse en Haití, donde espera ser elegido presidente, reportó AFP.

Henry Robert Sterlin, ex embajador haitiano en Francia y autoproclamado portavoz de "Baby Doc", aseguró que harán todo lo que esté a su alcance por anular las elecciones del pasado 28 de noviembre, para que este pueda lanzarse a la presidencia del país en unos nuevos comicios.

Duvalier fue acusado de cargos por corrupción, robo y apropiación indebida de fondos, que podrían ser evadidos por su equipo legal por la prescripción de los delitos tras 25 años de exilio.
Entretanto, varias víctimas del régimen de 1971 a 1986 presentaron denuncias en su contra por crímenes de lesa humanidad.

La periodista Michele Montas, ex portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, cuyo difunto esposo fue enviado al exilio durante la dictadura, dijo que presentaron la denuncia por "detención ilegal, exilio, destrucción de la propiedad privada, tortura física y moral, violación de los derechos civiles y políticos", según EFE.

Por otra parte las autoridades haitianas rechazaron renovar el pasaporte del ex presidente Jean Bertrand Aristide para regresar a Haití.

El abogado Brian Concannon, director del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, afirmó que el ex dignatario está en su derecho de volver y criticó el hecho de que a Jean Claude Duvalier sí le renovaron el pasaporte, indicó PL. (SE)

MINERIA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO: UNA SEÑAL DE ALARMA


ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA - ACIN



Martes, 18 de Enero de 2011 11:26

Bajo el gobierno Uribe hubo una feria de concesiones mineras sobre millones de hectáreas, incluso en zonas donde hoy está prohibido. Los pagos por esas concesiones no aparecen, pero en cambio aumentaron las exenciones a la minería. Al mismo tiempo se debilitaron y se desfinanciaron las entidades encargadas del control, lo cual hace aun más preocupante el panorama.

La política de no tener política
La catástrofe que atraviesa el país por las lluvias extremas pone en evidencia la debilidad que tenemos para afrontar el cambio climático. Como en toda situación de esta naturaleza, no se pueden escatimar esfuerzos para atender a millones de personas que lo han perdido todo. Pero igual de importante es hacerlo de tal manera que, además de reparar los daños ya causados, se tomen medidas para contrarrestar los orígenes de la catástrofe y prevenir su repetición en un futuro no lejano.

El cambio climático es un hecho al cual tenemos que adaptarnos. Sus efectos, en buena medida, son la cuenta de cobro que pasa la naturaleza por la acumulación de erráticas decisiones humanas. Y tal vez uno de los aspectos en donde más erráticas han sido estas decisiones, es en la ocupación y el uso del territorio.

En el uso del territorio las reglas del mercado son claramente insuficientes para lograr una asignación eficiente de los recursos, ya que existen múltiples factores que restringen la operación efectiva de estas reglas. La combinación de bienes públicos con bienes de los particulares; la precaria definición jurídica del derecho de propiedad sobre muchos de estos bienes, incluso los de carácter privado; la ausencia de información o las restricciones a su acceso; la acumulación de tierras, no por las fuerzas del mercado sino por la fuerza de las armas en manos de antisociales, son factores que, sumados al paulatino debilitamiento de todo tipo de instituciones sociales, obligan a repensar otro tipo de reglas, muy distintas de las del mercado, para ordenar las decisiones de las personas.

En particular, la ausencia de reglas claras y efectivas, que ordenen la ocupación del territorio y el acceso a los recursos naturales, es un tema de primer orden. La catástrofe actual es apenas una señal de alerta sobre lo que puede pasar en el futuro inmediato en caso de no tomarse decisiones preventivas y limitarse sólo a las reparativas.

Regulación ambiental relegada
La precaria intervención del Estado en el ordenamiento del territorio se pone en evidencia en la inexistencia de criterios claros y transparentes sobre el uso del suelo por parte de las denominadas locomotoras de la prosperidad. Poco se ha hecho (1) para regular de manera efectiva la expansión de la gran agricultura, especialmente de la producción de agro-combustibles; (2) para organizar el crecimiento de las ciudades y la ubicación de las viviendas; (3) para desarrollar la infraestructura de transporte y energía; y, muy especialmente, (4) para racionalizar el uso de los recursos naturales no renovables por la minería.

Todo esto como consecuencia de una decisión explícita, tomada desde las instituciones públicas: minimizar las normas de regulación ambiental y desmontar las nacientes instituciones del Estado encargadas de aplicarlas.

Títulos mineros por millones
Un ejemplo claro de esta tendencia es la forma como ha crecido en los últimos años la titulación de tierras para la minería. Resalta la precaria capacidad técnica y operativa del Estado para regularla, siendo una actividad económica de alto riesgo para el entorno natural, la salud y la vida de las personas.

Como se observa en la gráfica adjunta, durante la primera administración del presidente Uribe, el área titulada para minería prácticamente se duplicó, pasando de 1,1 millones a 1,9 millones de hectáreas. Pero a partir de 2006, la titulación minera se disparó de forma totalmente descontrolada, pues se multiplicó por más de cuatro veces entre ese año y 2009, para sumar 8,4 millones de hectáreas.


Estos procesos de titulación tienen la particularidad de que no toman en cuenta las consideraciones ambientales, toda vez que la legislación no contempla como requisito algún tipo de licencia ambiental, para adelantar labores durante la fase de exploración, es decir, antes de iniciar la explotación propiamente dicha.

Primero los títulos y luego la Ley

Durante el segundo período de Uribe también se dio un crecimiento inusitado de titulaciones en zonas de páramo, una posibilidad que finalmente quedó excluida de la actividad minera, al sancionarse la reforma al Código de Minas, en febrero de 2010. Se trata de áreas que por su gran importancia estratégica y por el papel que tienen como fuentes de agua, son de especial trascendencia para el país.

La base de datos geográficos del Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) confrontada con el mapa de páramos elaborado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, muestra que en estas áreas, que representan en total apenas un 1,7 por ciento del territorio del país, se pasó de 70.000 hectáreas tituladas para minería en 2006 a 122.000 en 2009, es decir, un crecimiento de un 74 por ciento.

Ello, sin contar, por falta de información geográfica, las zonas de páramo que puedan estar incluidas dentro de las 3,7 millones de hectáreas tituladas por el gobierno anterior entre el momento de ser aprobado por el Congreso el nuevo Código de Minas (18 de junio de 2009) y la fecha de su sanción de la respectiva Ley por el presidente Uribe (9 de febrero de 2010).
Extraña coincidencia que en un lapso de casi ocho meses, después de aprobada la ley, pero antes de ser sancionada por el mandatario, se hubiera aumentado el área titulada para minería en cerca de un 80 por ciento.

¿Dónde están los dineros?
Otro asunto que amerita especial atención es el relacionado con el "canon superficiario", un pago que debe hacerse a la autoridad minera por quien recibe la concesión, que debe pagarse desde que tiene el título minero para la etapa de exploración y hasta cuando empiece la producción. Este canon equivale anualmente a un salario mínimo mensual vigente por hectárea de tierra concesionada, que rige hasta cuando se inicie la extracción del mineral y se empiece a generar entonces el pago de regalías.

Si se supone, por ejemplo, que las 5,5 millones de hectáreas tituladas entre 2008 y 2009 no habían entrado a la fase de explotación en 2010, ello significa que las autoridades mineras debieron recaudar por el "canon superficiario" alrededor de 2,8 billones de pesos en 2009, es decir, una cifra equivalente a un 43 por ciento del total de las regalías por explotaciones mineras y de hidrocarburos percibidas en dicho año.

Frente a la magnitud de estos recursos, y teniendo en cuenta el debate suscitado por la reforma constitucional, que se tramita actualmente en el Congreso, al régimen de regalías, cabe preguntarse si ésta obligación se está cumpliendo. Si es así, surge la inquietud sobre el destino que se le está dando a estos cuantiosos recursos, sobre los cuales poco se habla en el debate público. Y si no lo es, cabría cuestionar entonces la validez de los títulos otorgados, cuando se incumple con esa obligación de pago.

Gabelas a la minería

Según cifras presentadas por el Comité Técnico Interinstitucional, que formuló la propuesta de regla fiscal para Colombia[1], al contrastar el valor pagado por impuesto a la renta por el sector minero, con base en el excedente de producto, reportado por las Cuentas Nacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), se obtiene que ese tributo está muy por debajo de lo que hubieran tenido que pagar si estuviesen regidos por la tarifa plena.

En efecto, para 2009 esa exención al impuesto a la renta significó 3,5 billones de pesos que, frente a regalías por 6,5 billones de pesos para el mismo año, implicó un beneficio fiscal para las compañías del sector equivalente a un 53,8 por ciento de las regalías totales pagadas por la minería y los hidrocarburos.

La magnitud del crecimiento de las áreas tituladas para minería, así como los beneficios tributarios que recibe esa actividad, reflejan privilegios muy especiales, que contrastan con el comportamiento de la autoridad ambiental, encargada de asegurar el cumplimiento de las normas de regulación.

Menos recursos para el control ambiental

Como se observa en el gráfico mencionado, mientras la autoridad minera entregaba títulos sobre millones de hectáreas, las instituciones nacionales del sistema ambiental, con el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a la cabeza, habían entrado en un severo deterioro institucional, derivado de la precariedad de los recursos percibidos para cumplir con su misión.

En efecto, los dineros asignados por el presupuesto general de la Nación al sistema ambiental, cayeron intempestivamente en los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, pues pasaron de un 0,19 por ciento del PIB en 1998, a entre un 0,06 y un 0,09 por ciento del PIB a partir de 1999.

Este debilitamiento ha tenido implicaciones muy importantes. No sólo redujo la capacidad de gestión directa del Ministerio para ejercer sus funciones como autoridad reguladora ambiental de la minería, sino que también perdió su capacidad de interlocución y liderazgo frente a los demás ejecutores de la política ambiental, especialmente en el caso de las corporaciones autónomas regionales.

Nos quedó así un sector minero con un crecimiento potencial muy acelerado frente a unas autoridades de regulación en un estado muy precario por ausencia de liderazgo y debilitamiento institucional.

Hacia el desastre ambiental

Las consecuencias de todo ello pueden ser desastrosas.

Con una minería todavía incipiente, se empiezan a generar graves conflictos, tales como los originados por la explotación ilegal del oro, o serios impactos sobre el medio ambiente producidos, incluso, por empresas mineras formalmente constituidas, con unas autoridades ambientales débiles, seriamente atomizadas, que marchan a la deriva y sin capacidad para consolidarse en el corto plazo.

En este escenario, el ordenamiento del territorio, especialmente en las áreas rurales, podría derivar en el peor de los mundos: un ordenamiento liderado por el mercado, pero no por cualquier mercado, sino por uno en una de las actividades de más alto riesgo ambiental, que históricamente ha generado múltiples calamidades en todo el mundo. Y en este escenario, los eventos climáticos extremos en el futuro podrían ser todavía más catastróficos que los actuales.

Fuente:
http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1697:mineria-medio-ambiente-y-cambio-climatico-una-senal-de-alarma&catid=20:economia-y-sociedad&Itemid=29

lunes, 17 de enero de 2011

SANCOCHO DE ÁCIDO, CARBÓN Y MERCURIO...



Domingo, 16 de Enero de 2011 09:24

Por: JUAN GOSSAÍN / CARTAGENA DE INDIAS
El alcatraz que vuela entre mis sueños lleva en su enorme pico una quimera... (Walt Whitman, Hojas de hierba).

Una mañana de mayo pasado, los viejos madrugadores del pueblo de Marytown, perdido en las costas que bordean el sudeste de los Estados Unidos, se levantaron como todos los días a echarles unas migajas de pan a los pájaros marinos que merodean con mansedumbre por los patios y que se han ido convirtiendo en sus amigos.

Lo que vieron los dejó espantados: las gaviotas de cabeza negra, que son tan bellas, también tenían negro el plumaje. Del pico les goteaba una mancha babosa. No podían levantar el vuelo de la arena, con las patas hundidas en una masa de chapapote pastoso, como el asfalto cuando se derrite. Una de las gaviotas miró a la gente pidiendo ayuda.

Según cuentan los testigos, más allá de la playa, cerca del río, tres garzas morenas habían muerto con los ojos despepitados. El guiso espantoso que navegaba corriente abajo, matando todo lo que se le atravesara, era la mezcolanza de petróleo crudo de la empresa British, que cayó pocos días antes a las aguas del Golfo de México.

A esa misma hora los alcatraces de la bahía de Santa Marta, al norte de Colombia, desayunaban su ración cotidiana de buñuelos de carbón. El periodista Antonio José Caballero, grabadora en mano, esperaba en la playa el regreso de los pescadores que habían salido a trabajar temprano. Mientras aguardaba, la cámara de su teléfono celular retrató la pala enorme de un barco carbonero que arrojaba al mar el polvo negro que sobró en las bodegas.

A esa misma hora, en las playas legendarias de Juanchaco y Ladrilleros, cerca de Buenaventura, los lancheros de cabotaje que llevan carga y pasajeros por los pueblos que se arraciman en las orillas del Pacífico limpiaban sus motores preparándose para un nuevo día de trabajo. Como si fuera la cosa más natural del mundo, arrojaban al mar el contenido de unos tanques repletos de residuos de gasolina, queroseno y diésel. Un langostino magnífico, que medía un jeme, iniciaba el día tomándose su primera taza de combustible. Cuando vi la fotografía en El País de Cali me dieron ganas de echarme a llorar.

A esa misma hora, en la zona industrial de Cartagena de Indias, abierta sobre la bahía del Caribe resplandeciente, los trabajadores de una compañía empacadora se sentaron a desayunar en los comedores de su empresa. En ese momento volvieron a ver, como venía sucediendo en las mañanas más recientes, que una nata de tizne cubría la superficie del café con leche, y que una mermelada negra, tan semejante al betún de limpiar zapatos, se había pegado al pan y al queso blanco.

Entonces, no aguantaron más. Se levantaron todos, sin que nadie los hubiera convocado, y comenzaron a golpear los platos contra los mesones. La algarabía se oyó en media ciudad. Las autoridades ambientales ordenaron el cierre de un muelle vecino, que se dedica a cargar carbón a cielo raso, sin mayores precauciones ni cuidados, sin tubos cerrados ni conductores protegidos. Seis días después el muelle fue reabierto.
A esa misma hora, en la región acuática de La Mojana, que cubre un gigantesco territorio húmedo de los departamentos de Bolívar, Sucre y Antioquia, bajaban resoplando los ríos Cauca y san Jorge, que se desbordan en caños y ciénagas. El apóstol Ordóñez Sampayo, que se ha gastado la vida defendiendo de la contaminación a campesinos, cosechas y animales, apareció en la plaza de Guaranda con el dictamen médico en la mano: los doctores certificaban que los tres niños que nacieron deformes tenían mercurio en el sistema sanguíneo.
El terrible mal de Minata, como lo saben los japoneses, porque las empresas en cualquier parte del mundo, en Tokio o en Majagual, arrojan porquerías químicas a las corrientes, y primero se pudren las aguas, y después nacen degenerados los peces y los camarones, y después nacen sin ojos los niños cuyas madres, en aquellos caseríos extraviados de la mano de Dios, consumen esa agua y esos pescados.

En las cabeceras de ambos ríos, las compañías mineras, que buscan oro entre la tierra, hacen sus excavaciones con un sancocho de mercurio y ácidos. Arroyos y acequias se llevan el mazacote. Los bocachicos mueren con la boca abierta en los playones. Las espigas de arroz no volvieron a crecer.
En medio del desastre causado por las inundaciones, y como si fuera poco, las yucas harinosas de antes florecen ahora con un hongo químico a manera de cresta. El hambre campea entre los pocos ranchos que no se ha llevado el invierno. Las emanaciones de las lagunas huelen a lo mismo que huele un laboratorio de detergentes.

Hay que decir, también, que los empresarios mineros se defienden diciendo que Ordóñez Sampayo está loco. Claro que está loco: ningún hombre cuerdo expone su pellejo ni dedica su vida entera a defender a un ruiseñor, una mojarra, un plátano pintón, una mazorca de maíz o a una mujer embarazada que carga un fenómeno en el vientre.

Epílogo

Aquella mañana, cuando los pescadores de Santa Marta regresaron a la playa, el periodista Caballero los acompañó en su tarea de descamar y abrirles el buche a los escasos pescados que traían.

-¿Qué es eso? -preguntó, intrigado, al ver unas bolas negras en el estómago de un bagre.

-Carbón, amigo -le contestó uno de ellos, levantando el animal-. Pelotas de carbón. Eso es lo que comen ahora.

Caballero tomó más fotografías y se las llevó a algunos funcionarios de la industria carbonera.

-No se preocupe -le contestó el gerente-. Vamos a construir un nuevo muelle de última generación.

-No lo dudo -dijo el reportero, con una mueca de dolor que parecía sonrisa-. No lo dudo: será la última generación.

El día que Caballero me contó esa historia, y me enseñó sus fotografías, ya no sentí ganas de echarme a llorar, como la vez aquella del langostino bañado en combustible. Lo que sentí ahora fue rabia. Cuando ya no quede una sola hoja de acacia, cuando el último pulpo haya muerto atragantado con ácido sulfúrico y cuando nuestros nietos nazcan con un tumor de carbón endurecido en la barriga, entonces será demasiado tarde. Dispondremos de computadores infrarrojos de última generación, pero ya no habrá agua para beber; los celulares de rayos láser se podrán comprar en las boticas, pero el sol no volverá a salir; los niños encontrarán el algoritmo de 28 a la quinta potencia con solo cerrar los ojos, pero dentro de 20 años no sabrán de qué color era una golondrina.

Los invito a todos a ponerse de pie antes de que se marchite el último pétalo. Usen el arma prodigiosa del Internet para protestar. Hagan oír su voz. Que el correo electrónico de los colombianos sirva para algo más que mandar chistes y felicitaciones de cumpleaños. Porque, si seguimos así, el día menos pensado no quedará nadie que cumpla años. Ni quién envíe felicitaciones.

Fuente: EL Tiempo

MARCHA POPULAR EN APOYO A LA REVOLUCIÓN REBASÒ EL CENTRO DE MADRID




COMPROMISO CON EL PROCESO.

La concentración se inició en la Plaza Jacinto Benavente, de Madrid, y arrancó por toda la calle Atocha, rebasando el centro madrileño hasta la entrada de la estación de Trenes de Atocha, mayor complejo ferroviario de España.

Prensa Yvke/ Embajada Venezolana en España
DOMINGO, 16 DE ENE DE 2011. 10




Durante la actividad quedo plasmado el compromiso por articularse para defender al presidente Chávez, el pueblo venezolano y la Revolución Bolivariana (Foto: archivo)


Dirigentes y miembros de los movimientos de izquierda en España iniciaron esta marcha con el fin de demostrar su apoyo y compromiso en defender la Revolución Bolivariana. “…es importante para las fuerzas de izquierda el salir a las calles a defender modelos de desarrollo, económico y social, muchos mas solidarios y justos, como el de Venezuela”, expresó Esther Gómez, portavoz de Izquierda Unida.

La concentración se inició en la Plaza Jacinto Benavente, de Madrid, y arrancó por toda la calle Atocha, rebasando el centro madrileño hasta la entrada de la estación de Trenes de Atocha, mayor complejo ferroviario de España. “…Madrid es una ciudad plenamente coaptada por la ultraderecha del sector mas duro del PP tanto a nivel político, como mediático; desde ese planteamiento organizar una manifestación que se acerca a las 500 personas es un éxito organizativo y político”, manifestó Pedro Barea Díaz de la Plataforma Bolivariana.

Diversas organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales convocaron desde el pasado lunes, a todos los ciudadanos y ciudadanas comprometidos con los cambios revolucionarios que se desarrollan en Venezuela, a participar en la actividad desde las 12:00 horas de este sábado 15 de enero de 2011.

Durante la actividad quedo plasmado el compromiso por articularse para defender al presidente Chávez, el pueblo venezolano y la Revolución Bolivariana, tal como lo dijo Fran Pérez, Miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida, “…significa que se va consolidando en Madrid un movimiento de solidaridad con Venezuela importante, porque hoy el país está capitaneando y liderando un proyecto continental en América Latina de izquierdas, a favor del pueblo, y claramente por los derechos humanos y sociales de todos los ciudadanos enfrentado al Imperio y oligarquías locales”, dijo.

Bajo lemas como ¡Por la Soberanía del Pueblo Venezolano! y ¡Contra la Injerencia Imperialista!, los convocantes alzaron la voz en apoyo a la Revolución y en contra de la manipulación mediática, que busca tergiversar la realidad de gobiernos que han impulsado un sistema dirigido por el pueblo y contrario al tradicional sistema capitalista. “…es importante para la defensa de la verdad frente al terrorismo mediático donde se evidencia la manipulación de la información que quiere presentar a Venezuela como una dictadura cuando hay una conquista democrática muy superior a la que hay en muchos países europeos”, acotó Gonzalo Gómez, cofundador de Aporrea.org.

El Embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Julián Isaías Rodríguez Díaz, también participó junto al colectivo en esta manifestación, “Me parece muy importante que se produzcan manifestaciones como estas para combatir la desinformación, justo en el momento que se pretende descalificar a Venezuela para poner piedras en el camino en vísperas al 5 de julio, cuando se espera constituir el CELAC, una organización que sustituirá a la OEA sin la presencia de Estados Unidos y Canadá”.

Entre los convocantes destacaron la “Asociación de Amistad Hispanocubana Bartolomé de las Casas, Asociación Bolivariana de Solidaridad con Venezuela, Asociación Estrella Roja, Asociación Pablo de la Torriente Brau, Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM), Colectivo 26 de Julio, Corriente Roja, El Militante, IA, Iniciativa Comunista, Izquierda Castellana, Izquierda Unida (IU), Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela, Partido Comunista de España (PCE), PCPE y la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE).

CUAL DESMOVILIZACIÓN?

(UNA PREGUNTA PARA EL EXPRESIDENTE URIBE Y SUS SEGUIDORES)

Por María Jimena Duzán


SEMANA.COM – OPINIÓN - Actualmente, en el golfo de Morrosquillo no hay dos grupos paramilitares, como antes de las desmovilizaciones, sino siete, según la propia Policía.

Sábado 15 Enero 2011
Cuando los hechos desplazan el discurso se tejen frases desafortunadas como la que le oí al director de la Dijín. Ante los medios afirmó que a los dos estudiantes de Los Andes que perdieron la vida en el golfo de Morrosquillo los acribillaron porque los narcoparamilitares que dominan la zona "los confundieron". La frase sugiere el absurdo de que a ellos los mataron por imprudentes y por temerarios y no porque el Estado colombiano haya demostrado su incapacidad de controlar el fenómeno narcoparamilitar. Pero además deja la sensación de que si los estudiantes no hubieran metido las narices donde no debían y no se hubieran internado en los manglares -que es donde los narcoparamilitares guardan sus embarques de droga-, no les hubiera pasado nada. Pero ¿y las otras 30 víctimas que han sido asesinadas en San Bernardo del Viento en estos dos últimos dos meses, cómo vendrían a justificarse? ¿Y qué de las diez masacres que se han producido a lo largo del año pasado? ¿Y de los casi seiscientos homicidios sucedidos en 2010?

Luego de esta metida pata, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, salió el viernes a anunciar en una rueda de prensa una nueva estrategia para controlar al narcoparamilitarismo, al que ahora, de manera eufemística, se le llama las Bacrim. Las declaraciones de Rivera me parecieron bien encaminadas, aunque tardías. Así no lo admitan, en el fondo son una aceptación tácita de lo insostenible que le estaba resultando al gobierno de Santos mantener la retórica uribista que afirma la falaz tesis de que el paramilitarismo se acabó cuando se desmovilizaron, en 2006, los cabecillas de las AUC. Desde entonces, una inmensa minoría hemos venido denunciando que esa desmovilización dejó intactas las estructuras de poder del narcoparamilitarismo y que la posibilidad de que este se recompusiera era muy alta.

Esa realidad es aterradoramente cierta en el golfo de Morrosquillo, donde casi nada ha cambiado con la desmovilización pactada en Ralito. La zona sigue siendo considerada un balneario predilecto de los paisas adinerados que pasan allí sus vacaciones a sabiendas de que siempre ha sido un enclave narcoparamilitar, particularidad que nunca les ha molestado. Sé de varios turistas que fueron a esos mismos manglares visitados por los dos estudiantes asesinados y que se toparon con paras que cargaban embarcaciones de coca. Durante ese día fueron seguidos muy de cerca por los ilegales y alcanzaron a temer por sus vidas.

La política local y la justicia siguen siendo permeadas por estas estructuras ilegales, así estos paras recompuestos no tengan un objetivo contrainsurgente y, al contrario de sus antecesores, que eran enemigos de las Farc, ahora sean sus aliados y les vendan la coca que cultivan en el Nudo de Paramillo. Ningún alcalde se atreve a denunciar su poder intimidador por temor a ser asesinado. Los corresponsales de medios que se han desplazado a San Bernardo del Viento cuentan que el ambiente que se siente es de miedo y temor y que nadie les habla como sucedía en los tiempos del 'Alemán' y de 'Cadenita'.

Recuerdo el caso de 'Cuchilla' Londoño, el ex corredor de carros que terminó trabajando para la mafia. A pesar de que su hotel, ubicado en el golfo de Morrosquillo, fue incautado por la Fiscalía, meses antes de que él fuera asesinado, en 2009, fue visto despachando como si aún fuera el dueño.

Varios meses después de que se desmovilizaron los paras, el temible 'Cadenita' seguía paseándose por las playas de Balsillas entre los turistas de gran linaje paisa, convertido en casi una curiosidad de la región. Y de no haber sido porque Andrés Peñate, siendo viceministro de Defensa, fue de vacaciones al golfo de Morrosquillo y vio lo mismo que yo vi y tomó la iniciativa de perseguir a 'Cadenita' -quien fue capturado por la Armada algunos meses más tarde-, es probable que ese temible asesino siguiera hoy haciendo de las suyas.

Actualmente, en el golfo de Morrosquillo no hay dos grupos narcoparamilitares, como sucedió antes de las desmovilizaciones, sino siete, según cifras dadas por la misma Policía. Y esas siete bandas, a diferencia de lo que insiste en sostener la fuerza pública, sí ejercen un poder local y muy posiblemente van a permear las próximas elecciones regionales. Por eso causó indignación cuando, en septiembre del año pasado, el ministro Rivera sorprendió a los cordobeses al decir, en Montería, que las cosas estaban muy bien y que las Bacrim eran unas bandas sin mayor poder local, fácilmente manejables.

Obviamente la decisión de enviar 800 hombres a Córdoba luego del asesinato de los dos estudiantes demuestra que el Ministro estaba errado y que los hechos han terminado por desplazar a la retórica y a sus cifras.
Lo único que desluce la enderezada que ha emprendido el Estado en esta materia es que se hubiera producido por cuenta del asesinato de dos estudiantes de la Universidad de los Andes y no por los casi seiscientos colombianos que murieron en Córdoba durante 2010.

EVO Y PIÑERA HERMANADOS POR LAS PETROLERAS


Foto: AP
FUENTE: NASAACIN.ORG.



Sábado, 15 de Enero de 2011 10:01
Un indio de “izquierda” y un patrón de “ultraderecha” con el mismo plan: El pueblo paga tarifazo para que las transnacionales ganen más.


Los presidentes Evo Morales y Sebastián Piñera mantienen posturas ideológicas antagónicas e irreconciliables, aunque en la vida real piensan y actúan igual. Ambos decretaron sendos aumentos de precios de carburantes con enorme costo social y político; usaron los mismos argumentos para justificar sus impopulares pero “necesarias e inevitables” medidas, y ahora los dos confiesan que los tarifazos en Bolivia y Chile tienen un mismo objetivo: “incentivar” la explotación de yacimientos hidrocarburíferos.

Las marchas, concentraciones, cacerolazos, barricadas y bloqueos de carreteras destacaron el 12 de enero, primera jornada del paro indefinido declarado en la región chilena de Magallanes y Antártica contra la subida del precio del gas doméstico en casi 20 por ciento. Las protestas tienen como epicentro a Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

Parlamentarios, alcaldes, empresarios, autoridades religiosas, estudiantes, trabajadores de todos los gremios y ciudadanía de la región apoyan la medida de fuerza contra el tarifazo de Piñera, que según algunos expertos sería el primer paso hacia la privatización del petróleo chileno.

La verdadera intención es asegurar un buen negocio para el sector privado, comenta la diputada demócrata cristiana de la Patagonia Carolina Goic, mientras que el académico de la Universidad de Santiago Bernardo Navarrete sospecha que la Empresa Nacional del Petróleo y la distribuidora Gasco planean la privatización del sector.

El gas y el petróleo en Magallanes son cada día más escasos y, si no los cuidamos se van a extinguir, afirmó Piñera, e insistió en la necesidad de elevar el precio del gas domiciliario para “fomentar un uso más racional y una mayor exploración y búsqueda de nuevas fuentes de gas y petróleo en la región”. El Presidente Evo Morales dijo exactamente lo mismo para justificar el frustrado gasolinazo en Bolivia.

El Presidente “izquierdista” decretó el 26 de diciembre un gasolinazo que aumentaba los precios de la gasolina y del diesel de hasta en 80%, supuestamente para frenar el contrabando e “incentivar” la explotación” de yacimientos petroleros, pero una semana después una violenta movilización popular de un pueblo cada vez más furioso le obligó a anular el decreto.

Doy un paso atrás porque prometí gobernar obedeciendo al pueblo, explicó Morales, pero advirtió que “tarde o temprano” tendrá que “nivelar” los precios de los carburantes; desde entonces “consensua” un “tarifazo en cuotas” con las organizaciones sociales afines a su gobierno.

El miércoles de esta semana el Presidente reveló que ya en 2007 y 2008 se dio cuenta de que “era grave no acabar con la subvención (de los carburantes)”, y reiteró que “nivelar el precio de los combustibles no es solamente para acabar con la corrupción y el contrabando, sino para garantizar la inversión”.

“Combustibles como el gas nos da plata; la gasolina y el diesel podrían (también) dar plata al Estado para seguir mejorando la economía… hay proyectos de exploración y explotación petrolera (en el país), pero ninguna empresa, y peor los socios, quieren invertir a pérdida”, argumentó el Presidente.

Este jueves, Morales confesó que se arrepiente de no haber defendido su gasolinazo, elogió nuevamente a los “patriotas” que apoyaron la medida y conminó a los “traidores” que se opusieron a presentar propuestas alternativas. En cuestión de horas, organizaciones sociales, expertos y hasta ex autoridades del propio gobierno del MAS le demostraron que si existen medidas alternativas a la neoliberal y pro petrolera “nivelación” de precios.

En vez de meter mano al bolsillo de la gente, que el gobierno deje de regalar dinero a las transnacionales, recomendó el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz. Las empresas reciben mucho dinero por concepto de “devolución” del IVA, del Impuesto a las Transacciones y hasta de “inversiones”, pese a que la “migración” de sus contratos no les ha privado de la posesión y disfrute de esas inversiones, pues continúan siendo los socios operadores de la explotación en sus respectivas áreas. El Estado pagó a las capitalizadoras de Transredes 250 millones de dólares por sus acciones, criticó Almaraz.

El gobierno quiere invertir en carreteras y obras sociales los 380 millones de dólares que gasta en la subvención de carburantes. “¿Cuántos hospitales, kilómetros de carretera y conexiones de agua potable se podrían financiar con los 700 millones de dólares que regalamos anualmente al Brasil en líquidos asociados al gas que le vendemos, a falta de la tan famosa y largamente anunciada planta separadora que sólo cuesta alrededor de 150 millones de dólares?”, preguntó Almaraz.

La Unión Nacional de Defensores de los Recursos Naturales de Bolivia (UNADERENA) planteó eliminar la subvención de GLP y gasolina a Petrobras, con lo cual Bolivia percibiría alrededor de 700 millones de dólares anuales hasta 2019, suficiente dinero para detener el gasolinazo e implementar programas de desarrollo.

En vez de fungir como abogado de las transnacionales, el gobierno de Morales debería evaluar de manera profunda los costos de producción de las empresas que operan en Bolivia, los más bajos del mundo, precisaron Almaraz, UNARADENA y el economista Hugo Vaca de la Torre.

Antes de la nacionalización Repsol declaró que producir un barril de petróleo en Bolivia le costaba 10 dólares. El ex delegado gubernamental para la Revisión del proceso de Capitalización Juan Carlos Virreira, fallecido en un accidente aéreo, demostró que producir un barril de petróleo en Bolivia cuesta menos de cinco dólares. Entonces, ¿no será mucho pagarles ahora 60 dólares por barril?, cuestionó Almaraz.

“Es importante remarcar que toda la producción de hidrocarburos, de acuerdo a la Ley 3058 y el Decreto de Nacionalización 28701, descontado el consumo propio para la extracción de hidrocarburos, es entregada a YPFB, recibiendo las petroleras una rentabilidad mayor al 30%, además de recuperar todos sus costos de producción, en una especie de doble beneficio”, observó Vaca de la Torre.

La conclusión de todo esto es que el país continúa subordinado a las transnacionales porque el gobierno nacionalista del MAS nunca ejecutó una verdadera nacionalización ni mucho menos consolidó a YPFB como operadora directa en la producción de hidrocarburos, coinciden analistas, expertos y activistas sociales. Pero para el Presidente Morales, el meollo del problema es la “subvención que desangra la economía nacional”.

“Nos hemos equivocado (al mantener) la subvención que es un cáncer para la economía nacional”, comentó el Presidente este jueves, y dijo que se arrepiente de no haber defendido el gasolinazo, que tenía como fin último aumentar el precio de compra del barril de petróleo de 27 a 59 dólares para “incentivar” las inversiones petroleras.

El presidente indígena de “izquierda” fue tan claro y contundente como su colega chileno de “ultraderecha”: Lo importante ahora es que las transnacionales ganen más dinero e inviertan más y que el pueblo se resigne a pagar la factura.
http://www.argenpress.info/2011/01/evo-y-pinera-hermanados-por-las.html