“A los desplazados la guerra les dejó roto el cordón umbilical con su tierra”
[ Autor: Nudo Bogotá/ Tejido de Comunicación]
Múltiples afectaciones e impactos ha dejado el desplazamiento para los colombianos: pueblos despojados de su territorio, heridas de dolor y temor; crisis humanitaria; millones de personas viviendo en condiciones de pobreza y miseria. Todos y todas olvidadas por la sociedad y el Estado, e invisibilizadas por los medios comerciales de comunicación.
Esto se evidenció durante la séptima y última sesión regional sobre coordinación y corresponsabilidad entre la nación y entidades territoriales en materia de atención integral a la población desplazada, realizada por la Corte Constitucional el pasado 17 de junio en Bogotá.
A la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 y sus Autos de cumplimiento acudieron los representantes indígenas, Mesas y Comités de Desplazamientos locales-regionales y organizaciones voceras de los desplazados de los departamentos de Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Huila y Tolima, junto con los gobernadores y alcaldes de los municipios más afectados de estos departamentos, entes de control (Ministerio Público) regionales, entidades nacionales como Acción Social, Mininterior, Planeación Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Los informes entregados serán objeto de análisis y seguimiento por parte del Alto Tribunal en aras de superar el estado de cosas inconstitucionales, que según dirigentes indígenas y voceros de los desplazados, no se ha logrado por falta de voluntad política del Gobierno nacional y las administraciones locales.
Pueblos despoblados por la guerra
La sesión recogió testimonios desgarradores que ha dejado el desplazamiento, como consecuencia del conflicto armado y las peligrosas alianzas de actores armados con el narcotráfico y bandas criminales, lo mismo que las circunstancias socioeconómicas que marcan el derrotero del país. Los pueblos indígenas señalaron cómo las nuevas dinámicas del conflicto generan desplazamiento a diario en sus territorios; “nuestros pueblos están condenados al destierro y al desarraigo de sus territorios y casi imposibilitados a retornar una vez desplazados. Incluso los Muiscas nativos del territorio capitalino han perdido sus tierras”, señaló Edgar Otavo, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas Urbanos de Bogotá, ASCAI. La organización denunció las condiciones indignas en que viven los indígenas que llegan a la capital de distintas regiones de Colombia.
También responsabilizaron a empresas multinacionales que explotan minerales, petróleo y recursos naturales de provocar desplazamiento de comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas, y cómo estas poblaciones son obligadas a vivir en zonas periféricas (urbanas y rurales) donde la marginación social e institucional se convierte en el pan de cada día. El alcalde de Pisba, Marco Antonio Pacheco Romero, indicó que en las 12 veredas de este municipio no hay centros de salud, ni servicios de agua potable, luz eléctrica y tampoco carretas. Señaló que algunas de estas veredas son receptoras de desplazamiento masivo lo cual agrava la situación.
Los U`wa de Cubara, los nueve pueblos indígenas de Casanare y demás pueblos de Tolima, Huila y Cundinamarca denunciaron cómo las actividades de explotación minera y de recursos naturales, principalmente petroleras y los megaproyectos de desarrollo representan la muerte para las comunidades y la destrucción natural y cultural. El representante de los U’wa en Boyacá, Armando Tegría, indicó que la explotación petrolera y la construcción de la Carretera binacional que atraviesa el territorio U’wa conllevan al exterminio social y cultural de este legendario pueblo que, otrora, le diera la vuelta al mundo denunciando los atropellos de la Oxy, Occidental Petroleum Corporation, e impedir que esta compañía (respaldada por la potencia gringa, el Gobierno colombiano y sus fuerzas armadas) les arrebatara el petróleo, considerado por los indígenas las venas de su territorio.
La preocupación de exterminio de los pueblos indígenas fue también expuesta por José Rigoberto Ruiz, alcalde de Chameza -Casanare-, un municipio de raíces ancestrales, cuyo primer intento de exterminio corrió por cuenta de los conquistadores españoles. En otros pueblos como La Palma en Cundinamarca, los que se han ido como los que se quedaron son desplazados. A los habitantes de este municipio, “la guerra les dejó roto su cordón umbilical con la tierra y su derecho a vivir de forma digna y en paz”, relató el vocero del Comité de Desplazados de este municipio que vivió la violencia bipartidista a mediados del siglo XX, luego la incursión guerrillera y paramilitar. Sumado a ello los desplazados vieron una oportunidad de solvencia económica y productiva en el cultivo de café, pero los cogió la crisis cafetera que les dejo en la bancarrota.
Similar crisis humanitaria viven municipios como Puerto Boyacá, Viota y Socha. El primero afrontó la fuerte escalada de violencia del Magdalena Medio por cuyo río, a la par de sus aguas corrían descompuestos y abundantes cadáveres de personas víctimas de los temibles escuadrones de la Motosierra y, de otra parte, éxodos humanos emprendían dramáticas correrías huyendo de la guerra. Viota, Yacopi y Rionegro no fueron y no son ajenos al drama humano, primero la guerrilla y luego actores armados emergentes desarraigaron violentamente a numerosas familias de su tierra. Soacha es un caso paradigmático como receptor de desplazamiento, si bien la Alcaldía indicó que un 14 por ciento de su población es desplazada, la Mesa de Desplazados de este municipio sostuvo que el número de desplazados podría superar el 30%; en lo que va corrido del último año más de 500.000 personas han llegado desplazados por la guerra al vecino municipio, según la Personería. En Soacha la pobreza extrema y la miseria humana se miden por cuánto más lejos estén del centro las personas en condición de vulnerabilidad, expresó una vez una humilde campesina desplazada.
Municipios como Pisba, Cubara, Mongua, Aquitania, Minguí, Corrales, Labranza Grande, San Luis de Gaceno en Boyacá; Chameza, Yopal, Villanueva, Mani y Tauramena en Casanare, entre otros, han sido afectados por la confrontación entre guerrilla y fuerza pública. En Cubara y Casanare la explotación petrolera y la acción paramilitar han sido también victimarios de campesinos e indígenas y causantes de desplazamiento. En Huila y Tolima además del conflicto la explotación minera y los megaproyectos amenazan a sus pobladores; han causado éxodos masivos de gente y se ha convertido en principal amenaza de extinción de ecosistemas, contaminación ambiental y atentados contra la vida humana y natural como el Caso de La Colosa en Cajamarca que destruirá 150 fuentes hídricas y millones de especies de fauna y flora. Varios municipios son también expulsores en materia de desplazamiento y casi ninguno contempla Planes o Programas de retorno. Esto se apreció durante el desarrollo de la Audiencia de seguimiento a la Sentencia T-025 que estipula la atención con enfoque diferencial para desplazados.
Bogotá como receptor de numerosos desplazamientos de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas se ha convertido en una fría ciudad que recibe sin piedad a quienes huyen de la guerra. A 2600 metros más cerca de las estrellas, los emberá y demás desplazados viven en similares condiciones a los grupos de refugiados de los conflictos entre naciones: discriminados, abandonados a su suerte y mendigando mendrugos para sobrevivir; a miles de kilómetros de su territorio ancestral, desarraigados de su cultura por la violencia y con poca esperanza de volver a sus hogares y parcelas.
El Cara a Cara
Como un zapato quedaron, ante los desplazados y ante el Alto Tribunal, instituciones como Acción Social, Minagricultura, Mininterior, Planeación Nacional y las administraciones departamentales que pretendieron mostrar “balances positivos” fundamentados en subsidios, cifras económicas y disminución de desplazados, pero no presentaron acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los desplazados, ni siquiera un comentario en cuanto a la situación muy sentida y dramática de las víctimas del desplazamiento. Tampoco mostraron cómo garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición un aspecto que: desplazados, la Corte y las organizaciones queremos oír.
Veamos, pues, algunas cifras presupuestales que presentaron las instituciones nacionales y los entes territoriales al respecto. Acción Social presentó “avances” en identificación y caracterización de las 750 mil familias desplazadas en todo el país y señaló que el presupuesto para este año en cuanto a atención de desplazados es de un billón y medio de pesos. Boyacá pasó de una baja inversión en 2007 a $ 4.410 en 2010, de ellos 78 millones para Puerto Boyacá. Planeación Nacional indicó que para este año la atención por persona es de 460.000 pesos por persona. Casanare además de destinar un alto rubro, puede invertir parte de la partida recibida por regalías; Minagricultura señaló que ha habido aumento en entrega de tierras; la alcaldía del distrito dijo que para este año el rubro para atender desplazados es de $166.677 millones, y así cada municipio y departamento amplió el rubro como indicaron sus gobernantes en sendos informes.
Pero mientras los presupuestos para atender a los desplazados aumentan gradualmente, también aumenta el número de desplazados en el país que ya supera los cuatro millones, según cifras de las organizaciones que representan a las víctimas, y lo que es más preocupante decrece las condiciones de vida y las posibilidades de un retorno voluntario y en condiciones de seguridad.
En este sentido los desplazados y entes de Control regionales y nacionales (personerías, defensorías, procuradurías y contralorías) advirtieron sentidas preocupaciones y exigieron el cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno y sus instituciones con los desplazados. Entre otras exigencias platearon constituir y reconocer los Comités de desplazados municipales y departamentales y la asignación del presupuesto oportuno para su funcionamiento. Fortalecer los programas de vivienda y generación de ingresos que hasta ahora han sido casi nulos, lo mismo que la atención de salud especializada y el acceso a la educación que en algunos municipios por desconocimiento de los rectores de colegio han negado a los desplazados el ingreso gratuito.
Instaron a las diferentes administraciones e instituciones (advertencia que hizo también la Corte Constitucional) a construir y poner en funcionamiento los Planes Integrales Únicos para población desplazada, PIU, articulados con los Planes de Desarrollo y a nivel nacional con las Políticas Públicas para desplazados. Acción Social fue advertida sobre la inminente tarea de agilizar los trámites para reconocer e incluir en el Registro Único a los desplazados en tiempo record, pues muchas víctimas denuncian que duran hasta un año sin recibir ayuda humanitaria por negligencia de la entidad. Acción Social deberá, también ser más diligente con la entrega de ayudas humanitarias. En el mismo sentido fue advertido el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, cuya acción en reconocimiento de predios a desplazados es nula y excluye de proyectos de restitución de tierras a los desplazados.
Finalmente el Tejido de Comunicación hizo un ejercicio de monitoreo de prensa a esta audiencia y pese a la numerosa afluencia de medios de comunicación muy poco fue lo que se difundió, lo cual lleva a concluir que al ya agudo drama se suma la invisibilización de las víctimas por parte de los medios de comunicación y la sociedad nacional que no es receptora de esta información.
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