ATISBOS ANALITICOS No. 118 – JULIO DE 2010.
ECOPAIS.
DIRECTOR:
HUMBERTO VELEZ RAMIREZ EDICION:
Editores Jorge E. Salomón y Nelson A. Hernández
¿Qué nos han legado de Estado?
LAS DOS REPÚBLICAS AUTORITARIAS EN LA HISTORIA
COLOMBIANA: LA REGENERACIÓN Y LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Un Enfoque desde lo Político
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Tras 200 años de fundado, importa preguntarnos por lo que la actual generación de colombianos ha recibido como Estado.
A propósito del Bicentenario, los historiadores, bajo la sugerencia de horizontes teórico-ideológicos distintos, han ensayado tres miradas. Con la primera, nos han dicho que como las guerras de la independencia sólo significaron el cambio de una forma de dominación a otra - del dominio del Estado colonial español al dominio criollo de los hijos de los ibéricos- no habría nada que celebrar y mucho menos conmemorar de modo solemne y alborozado. Al respecto, nosotros opinamos que, al margen del carácter del evento, de sus alcances y consecuencias sociales, fue allí donde se originó esa “cosa” llamada Estado y que, tras veinte décadas, buena, regular o mala, no nos hemos podido zafar ni de nuestras espaldas, y, mucho menos, de nuestras mentes. Por otra parte, y en segundo lugar, los historiadores del establecimiento, al maximizar las transformaciones asociadas a las guerras de la independencia, nos hablan de un Estado que, legítimo, evidencia un elevado estatuto de realidad y que sólo requeriría de algunos ajustes para llegar a un nivel adecuado de eficacia social. Sus 200 años, por lo tanto, habría que celebrarlos de manera solemne y batiendo las palmas del futuro. En contraste, una tercera mirada, al reconocer el carácter histórico del suceso, una guerra de liberación y de fractura no podrá dejar de serlo, trae a la memoria del presente el significado concreto de la emancipación de España y, al preguntarse por el carácter y alcances del Estado que empezó a construirse, concluye sobre la necesidad de su refundación e invención en este presente actual. Es así como rescata la importancia y la necesidad de una conmemoración crítica.
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Constituye ésta una primera aproximación a un Enfoque de lo político- recordar al investigador francés Pierre Rosanvallon- que le permite al estudioso preguntarse por las maneras como en una sociedad dada se ha construido lo social en sus distintos presentes pasados hasta llegar a su presente actual para proyectarse, sobre bases más firmes, hacia sus presentes futuros. Para esos efectos, vale decir, para descifrar las formas históricas específicas de construcción de lo social, en lo metodológico se apela a unos llamados “objetos privilegiados”, que se presumen vigorosos para darle forma, pero que varían de acuerdo con el enfoque teórico propio de cada investigador. En nuestro caso, que es el de un primer acercamiento práctico a este enfoque, hemos seleccionado tres problemas – los papeles del Estado, de los subalternos sin propiedad y de la Cultura política- en los esfuerzos y luchas de la sociedad por darle forma a lo social institucional en dos etapas claves de la historia política colombiana. De un lado, la etapa crítica 1870-1885 y su solución, “La Regeneración” de Rafael Núñez y de Miguel Antonio Caro, y, del otro, la etapa, también particularmente crítica, de 1970-2000 y su solución, “La Seguridad democrática” de Alvaro Uribe Vélez. Como podrá atisbarse, la criticidad de una y otra época estuvo ligada a fenómenos de reiteradas y acumuladas violencias: las guerras civiles del siglo XIX, de un lado, y las violencias ligadas al ascenso de las guerrillas, del narcotráfico y de la delincuencia común, del otro. Preocupante, aunque con visos explicativos, fue la conclusión provisional alcanzada: en una y otra etapa, bajo fue el alcance de esos fenómenos para darle forma a lo social. Ya desde tiempo atrás, en 1992, siguiendo a Pecaut habíamos intuido, “El Estado responsable de desarrollar la unidad de lo social (de ‘darle forma’), no logra consolidarse en Colombia como su agente legítimo y, postrado en su incapacidad histórica, abre paso a la violencia como vinculo colectivo que desarrolla las adhesiones preestablecidas”.
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Como para entender ahora el por qué en esta sociedad tan marcada por la precariedad en la construcción de lo social, o en donde éste ha llegado a ser tan líquido y gaseoso, han tenido lugar cosas y situaciones tan desmesuradas asociadas a la malignidad y a la perversidad y que hayan sido de diaria ocurrencia y hasta de amplia aceptación social: por ejemplo, una constante histórica de violencias; la creación de Escuelas de enseñanza-aprendizaje sistemáticos del ‘arte’ de asesinar y hacer desaparecer personas ya en hornos crematorios ya rebanadas por una sierra como tajadas de pan francés; la proliferación de exalumnos que, sin ruborizarse, han declarado como un tal Villalba, “en el aprendizaje del descuartizamiento, declaró, usábamos campesinos… los llevaban al sitio donde el instructor esperaba para iniciar las primeras recomendaciones. Las instrucciones eran, prosiguió, quitarles los brazos, las cabezas, descuartizarlos vivos. A las personas se les abría desde el pecho hasta la barriga para sacarles lo que es la tripa, el despojo. Se hacía con machete o con cuchillo. El resto, el despojo, con la mano. Nosotros, que estábamos en instrucción, sacábamos los intestinos…”. Pero, para qué proseguir. He ahí, una muestra mínima de cruel criminalidad dentro de un universo que es amplísimo. Y habrá que dejar registro de que a esos macabros sucesos nos hemos acostumbrado los colombianos, ya nada nos sorprende y por eso, después de medio leerlos en las páginas residuales de los diarios, nos apresuramos a buscar en ellos la apetecida página deportiva o la de las últimas banalidades de la farándula.
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Pero, lo más preocupante no es que en Colombia haya habido esa larga y compleja historia de perversidades asociadas a distintas formas de violencia, lo más grave nos lo reiteró, a finales del año pasado, el Embajador francés de los derechos humanos, Francoise Zimeray, cuando declaró, “hay una dimensión que me impacta: cuando vemos como se atacan los derechos humanos en Colombia, y veo muchos ataques en el nivel mundial- estuve en Asia, en Palestina, en Africa, en Chechenia- lo que me impacta de la situación colombiana no es solamente la violencia…En Palestina…no se descuartiza a la gente… También me pregunto, remató, si lo que se hace no tiene fundamento en el cuerpo social”. (Subrayado nuestro). Constituye ésta la gran pregunta. ¿por qué hemos llegado a esos extremos? Zimeray sugiere que la situación se encuentra asociada a la forma intrínseca de institución de esta sociedad. Nosotros, cercanos a él, hemos dicho que sólo la existencia de un social (un tejido social) elevadamente gaseoso y vaporoso, puede aproximarnos a una explicación del fenómeno.
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Elevada razón parecen tener, entonces, muchos intelectuales extranjeros quienes, de diversos modos, han dudado de que la nuestra sea una sociedad institucional. He aquí una pequeña muestra: “es que como institucionalidad no puede existir como sociedad un país donde las normas, las leyes y el derecho no existen” (Johan Galtung); Colombia es “una rosa educada por la sal” (Pablo Neruda en “Residencia en la Tierra”); Colombia significa “un acto de fe” (Jorge Luis Borges en el cuento Ulrika); y, para no sobreabundar, “ Colombia, una Nación a pesar de si misma” (el colombianista David Busnhell). Digamos ahora que una sociedad así, con esos rasgos estructurales, parecería ser una sociedad no descifrable, casi ininteligible. Es la tesis que, con fervor, han acogido algunos sectores de la dirigencia, por lo menos, intelectualmente “responsables” de tanta malignidad; también la han mirado con simpatía ciertos estudiosos empiristas cuando señalan que metafísicas son las preguntas que se formulan alrededor de la inteligibilidad de nuestra sociedad. Pero no, como ya lo hemos sugerido con esta primaria aproximación al Enfoque de lo político, Colombia sí es una sociedad descifrable y, por lo tanto, inteligible.
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Precisemos ahora que si hemos empezado estas notas hablando de una sociedad donde se ha llegado a matar con crueldad, ha sido con la intención de fijar ciertos sentidos de las violencias que, de un lado, han sido expresión casi natural de la precariedad de nuestro tejido social y que, del otro, precedieron, acompañaron y subsistieron a las dos Repúblicas autoritarias que se fundaron, primero, como remedio contra ellas y, segundo, como condición para la prosperidad económica.
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En la década de 1870, cuando se insinuaron las primeras bases de la forma de gobierno que hemos llamado la primera República autoritaria (La Regeneración), el país pasaba por un especie de segunda “Patria boba”, no lograba regularizar e imponer un producto en el mercado exterior y sus distintas regiones estaban tan alejadas del mundo como lo estaban entre sí. En ese sentido, la Regeneración de 1886 fue un re-direccionamiento, un giro radical “desde arriba”, pues en el mediano plazo, primero, se regularizó la economía cafetera, segundo, los fragmentados Estados regionales sintieron que, por fuera de ellos, de modo represivo había empezado a funcionar un Estado central y, tercero, una Cultura ciudadana en clave religiosa, de modo coercitivo, cohesionó al país. En la coyuntura 1880-1882, la de la primera presidencia de Núñez, el país tenía puestas sus miradas en la agigantada figura del cartagenero que, disidente del liberalismo oficial con una fracción llamada los Independientes, había hecho una sólida alianza con los conservadores liderados por Caro.
Señalemos, como contrastante contexto, que el Núñez de 1850 fue un liberal contestatario, librecambista convencido, libertario efectista, anticatólico ferviente y creyente decidido en la efectividad de las revoluciones; en cambio, el Núñez que, tras 10 años de diplomacia, regresó de Europa, fue un personaje conservador doctrinario, defensor del proteccionismo de Estado, enemigo por principio de las guerras y amigo, por táctica, de la Iglesia. En su opinión, las guerras civiles eran las causantes de todas las desgracias de la sociedad y, sobre todo, del atraso económico en que se encontraba el país. Entonces, por convicción, planteó que un orden político autoritario e inamovible, vale decir, una República autoritaria ininterrumpida, era la forma ideal de gobierno. Ya en 1868, desde Europa había adelantado que en su país había intranquilidad colectiva asociándola al régimen político de 1863, que, incapaz de controlar las guerras civiles, más bien las inspiraba y animaba generando cada día que pasaba mayor desorden, intranquilidad y anarquía; en 1882, al aplicar su método spenceriano, “la paz científica”, señaló que el país requería un gran cambio que, inscrito en la relación orden-progreso económico, afincara una República autoritaria, para él la forma ideal de gobierno, sobre bases inamovibles.
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La Regeneración, no obstante su perversidad, resultó siendo una experiencia duradera que, como orden político autoritario, como normatividad constitucional cerrada y como cultura política clientelista, ajustándose a circunstancias cambiantes, duró 105 años, hasta 1991 cuando fue desmontada, por sus cimientos, por una nueva Constitución. Pero, no es que en el país en el siglo XX no hubiese habido luchas democráticas. Entre ellas, por vigorosas, cabe destacar las luchas de los trabajadores de las primeras tres décadas del siglo XX cuando formalmente todavía no había sindicatos; las luchas democrático burguesas de la “Revolución en Marcha”; el vigoroso pero golpeado movimiento gaitanista en el que, por vez primera en la historia, el pueblo en sentido gramsciano se asomó como protagonista; la amplia movilización social de los sin propiedad por el derecho a la tierra en la década de 1960; y el fuerte movimiento ciudadano que en la segunda parte de la década del 80 le dio base social a la Constitución de 1991; en todo estos casos, y en otros, se trató de luchas muy variadas y de mucha calidad, aunque, en general y en lo básico, se trató de luchas orientadas a derrotar la República autoritaria heredada del siglo XIX. De todas maneras, fue la Carta del 91 la que, en definitiva, marcó la derrota política de la Regeneración. Esto no obstante, más temprano que tarde, la neoderecha, añorando el espíritu de la Constitución de 1886, se vino lanza en ristre contra aquella en un movimiento del que el Uribe fue parte central.
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En el 2002, por su parte, cuando se echaron las primeras bases de una forma de gobierno que hemos llamado la segunda república autoritaria (La Seguridad democrática), Colombia soportaba todavía los efectos de una aguda crisis institucional que, evidenciada en todo su vigor en la década de 1980, no había logrado ser superada por la Constitución de 1991. La guerra interna se encontraba in crescendo, la economía pasaba por la peor situación de las últimas décadas y una posible negociación política del conflicto armado había perdido su norte. Fue éste el contexto en el que apareció, cada día más agigantada, la figura de Alvaro Uribe Vélez.
Para Uribe, la violencia subversiva, la de las Farc, sobre todo, era la causa general de todas las perversidades de la sociedad y, en particular lo era del bajo desarrollo económico del país. Urgía, entonces, generar un orden político inamovible que él, sin la honradez intelectual de Núñez, no se atrevió a llamar “República autoritaria”, sino, más bien, “Seguridad democrática” buscando tapar “lo que de perverso hizo, el todo vale”, mediante el uso ideológico y efectista de la palabra “democracia”. En su concepto, ésa era una condición sine qua non de la prosperidad económica. Se trató de una especie de modelo neohobbesiano con el que le dijo al país, “si quieren seguridad policial, yo se las daré en la medida en que me transfieran sus derechos y reservas democráticas”.
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Entonces, donde Ñúñez habló de “república autoritaria”, Uribe habló de “seguridad democrática”; donde el cartagenero escribió “orden político autoritario e inamovible”, el antioqueño, sin proclamarla, “repitió la fórmula”; donde el habitante de El Cabrero dijo “progreso económico de cien años”, el habitante del Ubérrimo señaló “prosperidad económica de un siglo”; donde el primero pergeñó “cohesión social asociada a la Iglesia católica y al unanimismo de la Regeneración”, el segundo reiteró “cohesión social asociada a la confianza inversionista, a la fe absoluta en el capital extranjero y en los Estados Unidos y, sobre todo, a la adhesión emotiva y acrítica al mesías redentor” que los salvaría a todos.
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En los últimos meses del 2009 y los inicios del 2010, en casi todas sus intervenciones centrales, sobre todo al inaugurar obras del sector privado, el presidente Uribe fungió como historiador caricaturesco obsesionado por uniñizar la Seguridad democrática así, 1. En el siglo XIX en el país “sólo habría habido siete años de paz”, los de Núñez, siendo éstos y no tanto las políticas económicas “los que permitieron la industrialización del país”; 2. Núñez habría sido una “figura internacional y latinoamericana”, que “se anticipó en 40 años a los desarrollos latinoamericanos en materia de moneda, de intervención del Estado y de dirección de la economía”; 3. En el siglo XX, en cambio, “sólo hubo paz hasta 1940, dos centurias con solo 47 años de paz, dijo, constituyen una tragedia”; y 4.entonces, introdujo su propuesta, “necesitamos que este sea un siglo de prosperidad, que sea un siglo de desquite de prosperidad…La seguridad no es un capricho. No es una pose doctrinaria, para que haya un siglo de prosperidad, se requiere de un siglo de orden, sin salirnos de tres caminitos…del caminito de la seguridad, del caminito de la confianza inversionista y del caminito de la cohesión social”.
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Vayamos ahora sí a nuestra pregunta central, en esas dos Etapas de República autoritaria, inamovibles en la intencionalidad, ¿qué papel cumplieron el Estado, los subalternos sin propiedad y la Cultura política en darle forma a lo social institucional?
La Regeneración de Núñez y Caro pregonó la necesidad de un nuevo orden político autoritario generador, siendo ésta una importante diferencia entre los dos, de los mayores avances en lo económico en el caso de Núñez y del progreso moral en el caso del segundo. Pero, no era en la gestación de relaciones sociales capitalistas en lo que el cartagenero estaba pensando cuando impulsó una buena lista de medidas económicas (creación del Banco Nacional, acciones orientadas a atender el desarreglo monetario y a proteger a los artesanos, apoyo a la creación de dos ferrerías en Boyacá y Cundinamarca, estímulos a la navegación fluvial por los ríos Magdalena, Sinú y Lebrija, así como a la creación de algunos ferrocarriles…). Incorrecto es afirmar, como lo ha hecho Uribe, que Núñez inició la industrialización en Colombia pues, más allá de las anteriores medidas, el cartagenero dejó que el país marchara a merced de los intereses de los grandes propietarios de la tierra, de los exportadores e importadores y de la Iglesia católica. Se podrá inducir, entonces, que el Estado de la primera República autoritaria no cumplió un papel importante en la institución de lo social siendo, en este caso la cohesión social un asunto más ligado a la coerción- represión del Estado y al peso de la ideología bajo su forma eclesial religiosa que a la aparición de nuevas relaciones sociales de producción. Ahora, si nos preguntamos por las condiciones sociales de vida de los subalternos y de los sin propiedad, se podrá decir que ése no era un asunto que el Estado sintiese como suyo o como de su competencia, que allá cada quien se las arreglase como pudiese acudiendo, sobre todo, a las organizaciones de beneficencia y de caridad, que el Estado, hasta donde le alcanzasen sus escasos recursos, brindaría algún apoyo. No se podrá olvidar, por otra parte, que los delegatarios que formalizaron los contenidos de la Constitución de 1886, asustados y asustadizos de cara a las contestatarias “Sociedades democráticas” en las que se fundieron los hilos de vida de muchos subalternos, prohibieron la creación de sociedades permanentes. Es decir, que como mandato constitucional prohibieron que los sin propiedad, los “don nadie”, se organizaran participando así en la institución de lo social colombiano. Finalmente digamos que la etapa vivida por el país entre 1863 y 1886, entre la Federación y la Regeneración, fue la etapa de la involución desde una incipiente modernidad a la más atrasada premodernidad. En ese contrapunteo, que venía desde mediados del siglo XIX, entre una Cultura democrático secular racional, que, en la década de 1860 se asomó hacia la hegemonía, y una Cultura cerradamente religiosa, ésta se impuso durante esa primera República autoritaria. De nuevo las valoraciones sociales dominantes no favorecieron, desde la intimidad de la ciudadana, las dinámicas propiciadoras de la construcción de lo social moderno.
Por su parte, preguntarse por el papel de la “Seguridad democrática” en la institución de lo social, implica preguntarse por varios asuntos centrales. Ante todo y sobre todo, por el carácter de su llamado “Estado Comunitario”, que no es más que neoliberalismo (el mercado como el más importante regulador de la vida social) untado de un comunitarismo inspirado en una concepción individualista de la ciudadanía (el ciudadano como miembro abstracto de la comunidad y desprendido de toda forma de organización autónoma.) Ha sido éste el Estado que, desde hace ocho años, se ha venido preanunciando, los sábados, sobre todo, en los llamados Consejos Comunitarios, que ya han alcanzado las 300 sesiones efectuadas con un costo cercano a los treinta mil millones de pesos. Cien millones por sesión. En estos eventos se les ha prometido, y efectivamente entregado, a la masa de “pobres desorganizados” las más abundantes migajas sociales mientras que los otros días de la semana el Estado real funcionaba empeñado en acercar el país a la forma ideal de una sociedad de mercado.
Al pretender cohesionar la sociedad desde el mercado en un país donde el 70% de la población, la masa de pobres e indigentes, casi nada tiene que ver con él, el Estado comunitario de la Seguridad democrática ha fracasado en todo intento por otorgarle calidad al tejido social. Por otra parte, dada su concepción individualista de la ciudadanía- el ciudadano sujeto individual y ojalá desorganizado-, la Seguridad democrática ha mirado con desprecio y tratado, de modo represivo, a los subalternos organizados, sobre todo a los sin propiedad con empleo y con algún asomo de organización autónoma. Aún más, los ha percibido como presumibles amigos de los “terroristas”. De nuevo, por esta vía, la construcción de tejido social ha sido la sacrificada.
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Una sociedad en la que a dos siglos de fundación de su Estado, éste ha fracasado en su papel protagónico en la historia de institución de lo social- por ahora, así lo hemos avizorado en dos etapas críticas de su historia- en definitiva debe ser una sociedad en la que la cuestión del Estado debe ser un asunto todavía sin resolver. Al iniciarse en ella el siglo XXI, su Estado continúa “entre paréntesis”, objeto de la más enconada lucha entre fuerzas oficiales, paramilitares e insurgentes. He ahí, entonces, con lo que nos encontramos al traer ahora a la recordación este Bicentenario: con la necesidad de reinventarnos el Estado.
humbertovelezr@gmail.com , atisbosanaliticos2000.blogspot.com,
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