Señor Presidente: " No más palmaditas de Hipocresìa "

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA – CRIC-
Thursday, 01 July 2010 22:06

El pasado 16 de junio, la fiscalía recibió la denuncia sobre el atentado que sufrió Dagoberto Musse, exgobernador indígena del resguardo Chxa Yu´ce Fxiw, ubicado en el municipio de Cajibío, Cauca, del cual salio ileso pero al tiempo recibió un mensaje donde le anunciaban que él y su familiar Alcides Muse, actual integrante de la Consejería Mayor CRIC, tenían dos meses para salir de su territorio bajo la amenaza de ser asesinados.

Llaman la atención dos situaciones detectadas en el memorial de denuncia: Una referida a que la fiscalía registró el hecho como realizado por subversivos, cuando el testimonio de la víctima indicó que los atacantes fueron individuos desconocidos que portaban armas de largo alcance, vestían de negro y uno de ellos cubría su rostro con pasamontañas. Dos: No aparecen registradas las vainillas recogidas en el sitio de los acontecimientos y que habían sido aportadas como prueba al momento de presentar la denuncia.

Otra situación lamentable fue denunciada por la Autoridad Tradicional del cabildo indígena de Cofradía del mismo municipio de Cajibio, donde se responsabiliza al ejército nacional de haber realizado un allanamiento sin orden judicial. El hecho sucedió el pasado 18 de junio a las 8:30 de la mañana, y fue perpetrado por dos individuos que portaban armas de largo y corto alcance, uno de ellos con prendas militares y el otro vestido de civil, quienes intimidaron al joven Andrés Felipe Volverás, colocándole un arma de fuego en la cabeza mientras lo acusaban de ser guerrillero y le preguntaban dónde se hallaba el resto de sus compañeros. Igual suerte sufrió el comunero del lugar, señor Libio Casamachín, a quien obligaron a quitarse la ropa, le tomaron fotografías y lo amenazaron con matarlo si lo veían nuevamente por esos lugares.

Días antes, 15 de junio, la Audiencia Pública Interétnica realizada en Santander de Quilichao, norte del Cauca, más de 7 mil comuneros indígenas, afros y campesinos, denunciaban que en un lapso de seis meses se han presentado, solo en el norte del Cauca, 284 hechos violatorios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, los cuales permanecen en la más absoluta impunidad.

Las cifras, por demás escalofriantes, se refieren a ocupación militar de actores legales e ilegales a los territorio étnicos y a los sitios sagrados, bombardeos y hostigamiento a poblados, incursión y afectación a viviendas y bienes civiles, detenciones arbitrarias y reclutamiento forzado de menores, amenazas, masacres, asesinatos y desplazamiento forzado, así como presencia de minas antipersonas en más de 5 territorios indígenas y campesinos, cuyas explosiones han dejado como resultado 3 muertos y 14 heridos, donde varias de sus víctimas eran menores de edad (uno muerto y dos heridos).

Mientras el gobierno nacional pregona por todos los medios a su servicio que en el país se desmontaron estructuras criminales, las amenazas contra las organizaciones sociales por parte de los grupos paramilitares continúan, lo cual ha sido denunciado por el CRIC expresando que la guerra, en territorios indígenas, “…se ha usado como distractor para invisibilizar las jornadas de resistencia que han realizado nuestros pueblos en Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló, Caldono y Tierradentro entre otros. Ha contribuido, de igual forma, con las instituciones para que no cumplan plenamente sus compromisos, como en el caso de la secretaría de educación en el departamento del Cauca. Por otra parte ha permitido que las multinacionales ingresen a nuestros territorios activando la violencia que siembra desolación y muerte, como se observa dramáticamente en la mayoría de los municipios del Cauca, especialmente en Morales, Buenos Aires y Suárez”.

El mismo oficio llamaba la atención frente al hecho “…. que las motivaciones de las amenazas paramilitares durante los últimos ocho años, sean las mismas que usan los voceros del gobierno para referirse al accionar de los movimientos sociales y de las organizaciones de derechos humanos…”

En consecuencia, el CRIC reitera lo expresado en el comunicado emitido el pasado 9 de junio y sobre el cual el gobierno nacional ha mantenido un silencio absoluto: “… se requiere que el gobierno colombiano explique ante la opinión pública sobre su distancia o relación con dichos grupos, ya que éstos ratifican su continuidad y accionar pleno. Tal coincidencia conceptual y tanta reserva institucional conllevan a crear un clima de complacencia gubernamental con el accionar criminal de los paramilitares o por lo menos se puede intuir un silencio cómplice.”
De igual forma, ante los últimos acontecimientos de amenaza y violencia, la Consejería Mayor CRIC demanda del Estado colombiano variar su comportamiento mediático con el cual distrae a la opinión pública y emita una política concertada con los pueblos indígenas por medio de la cual las instituciones detengan los discursos discriminatorios y garanticen la vida, los territorios y en general todos los derechos de nuestros pueblos, autoridades tradicionales y comunidades tal como se lo ordena la Constitución Política de Colombia, los tratados internacionales y la Declaración Universal de los Pueblos indígenas aprobada por la Asamblea general de las Naciones Unidas.

No se puede permitir que el gobierno siga dándole “palmaditas de hipocresía” a la OPIC, como es su costumbre para engañar a la opinión pública y gastarse los recursos que le pertenecen a los pueblos indígenas. Es urgente tratar los problemas de fondo, como se lo hemos planteado a la mayoría de los funcionarios del orden nacional y departamental y al mismo presidente Uribe en diversos escenarios locales, regionales y nacionales, quienes los han soslayado haciendo vigente la propia expresión presidencial: como ha sido “…la costumbre de muchos politiqueros”.

Algo tiene que cambiar en este país, lo urgente es que el gobierno tome distancia de los planteamientos de los grupos ilegales, en caso contrario, los entes de control deben iniciar de oficio procesos de investigación frente al comportamiento institucional, en especial, el del gobierno nacional por su cercanía conceptual con el lenguaje de las amenazas o por su omisión ante tanta violencia contra los pueblos indígenas del Cauca.

Dado el contexto actual, resumido por la Corte Constitucional en su Auto 004, una amenaza contra una Autoridad Tradicional como ha sucedido en dos territorios indígenas del municipio de Cajibío o contra alguno de los integrantes de la Consejería CRIC puede entenderse como una amenaza contra todo el proceso organizativo de los pueblos indígenas del Cauca, situación que debe ser atendida con urgencia por el Estado colombiano.

CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
Popayán, junio 21 de 2010