POR LA LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS….
SEMANA.COM – REGIONES: La restitución de tierras que ha tenido gran aceptación en todo el país no ha despertado en Antioquia el mismo entusiasmo. Además, hay un notorio descontento regional con el gobierno Santos. ¿Qué está pasando?
Sábado 18 Febrero 2012
En el acto central de celebración de los 100 años del periódico El Colombiano de Medellín la semana pasada sorprendió que el presidente Juan Manuel Santos no fuera recibido con la ruidosa ovación a la que está acostumbrado cuando asiste a foros y actos públicos. En esta oportunidad, Santos se encontró con un auditorio frío y distante, de más de 800 personas, y su discurso fue interrumpido por aplausos solo en dos ocasiones y de manera breve: cuando hizo alusión al expresidente Álvaro Uribe y cuando respaldó el billonario proyecto de Autopistas de la Montaña.
La falta de entusiasmo con la que la clase dirigente antioqueña recibió al jefe del Estado ha coincidido con una serie de editoriales de los dos periódicos emblemáticos de esa región contra el gobierno. El Mundo se fue lanza en ristre contra la marcha en favor de las víctimas del despojo de tierras que se organizó en Necoclí, evento respaldado y promovido desde la Presidencia de la República. "No le luce a un demócrata integral como él, heredero del talante republicano de su abuelo, el expresidente Eduardo Santos, imitar las veleidades populistas de ciertos 'nuevos mejores amigos"', señaló el diario liberal que dirige Guillermo Gaviria Echeverry, padre del actual alcalde de Medellín.
Una posición similar frente a la marcha asumió el periódico El Colombiano, que lo consideró un acto populista del gobierno y un riesgo para los desplazados. En los últimos días el diario conservador ha ido mucho más allá. El editorial 'Obras son amores' del pasado martes se fue con todo: "Antioquia se ha sentido marginada de las decisiones que se toman en las altas esferas del Estado. Esto ha llevado a muchas personas a pensar que existe un trato discriminatorio, una especie de acción concertada, en los más altos niveles del poder, contra los paisas".
Pero no solo ha llamado la atención la frialdad de Antioquia con Santos, también ha causado desconcierto la apatía que se observa en ciertos sectores de esa región hacia la política de restitución de tierras, bandera del gobierno. Mientras en todo el país la Ley ha tenido gran aceptación, entre los antioqueños no ha despertado el mismo entusiasmo. No deja de sorprender que una política cuyas bondades parecen incontrovertibles, pues se trata de devolverles el suelo a campesinos que fueron despojados por los bandidos, genere un sentimiento agridulce en Antioquia.
Esta revista se puso a indagar cuáles son las verdaderas reservas que tienen los paisas frente a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y qué está motivando el malestar general que se percibe en la región frente al gobierno central. El tema es 'comidilla' de cocteles y clubes en Medellín, pero nadie quiere ventilarlo públicamente. Por esta razón, las fuentes consultadas prefirieron mantener sus nombres en reserva.
Lo primero que hay que concluir es que no se trata de un sentimiento generalizado de disgusto del empresariado antioqueño o de toda la clase dirigente. Hay matices. Por ejemplo, frente a la restitución de tierras, las mayores dudas sobre esta política provienen de los llamados empresarios del agro, que en las últimas dos décadas se dedicaron a comprar tierras en los Montes de María, el Bajo Cauca o el Urabá. Este proceso, como dice un reconocido industrial de la región, ha sido considerado "casi otra colonización antioqueña". Si estos empresarios no aplicaron con rigor -como algunos piensan que sucedió-, los controles suficientes para saber el origen de los predios y si hubo despojo o abandono forzado en el pasado, esa negligencia los podría meter en problemas. Tendrán que demostrar que fueron compradores de buena fe. "En Antioquia, como en otras zonas del país, hubo inversionistas que compraron al por mayor, a precios no justos, y luego vendieron al por menor. Estos son los más inquietos con la Ley y los que no están tan entusiasmados con la misma", afirmó una de las fuentes consultadas por SEMANA.
Otra cosa es el llamado empresariado moderno de Antioquia, que ve con interés la Ley de Restitución de Tierras, pero que tiene algunas reservas frente a su aplicación. Aunque ninguno de los llamados cacaos se opone abiertamente a la Ley, después de los apoyos protocolarios, salen a flote algunas reservas.
En los círculos de la élite empresarial se comenta el malestar que ha creado el hecho de que se invierta la carga de la prueba, es decir, que tengan que defenderse ante los jueces agrarios para demostrar que fueron compradores de buena fe. Para cualquier empresario que ha tenido una vida intachable de honestidad y ética es un factor incómodo tener que dar pruebas de su probidad ante los estrados judiciales. Cabe recordar el caso del empresario Fabio Rico Calle, quien después de una vida transparente, sin tacha en sus negocios y apegado a cánones de la ética, se vio envuelto en un negocio que le amargó los últimos días de su existencia.
Con la Ley de Restitución de Tierras no solo individuos sino compañías pueden tener inquietudes comparables. Cemento Argos, por ejemplo, uno de los tres pilares del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), adquirió tierras a precios comerciales en Montes de María para desarrollar proyectos de reforestación y hoy tiene que explicarles a los jueces que es poseedor de buena fe. Este es un proceso que tiene mal sabor por tratarse de una empresa y unos directivos cuya integridad nadie en Antioquia ni en el país pondría en tela de juicio.
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirma que casos como estos no deberían preocupar, pues los contempló la Ley: "Aquellos que compraron de buena fe exenta de culpa, tendrán que entregar el bien a ser restituido y serán compensados".
La inconformidad paisa frente a la ley más ambiciosa e importante de este gobierno, estaría basada en la preocupación de que la puesta en marcha de esta política podría ser más complicada de lo que se pensaba. Algunos, como los bananeros de Urabá, han expresado serias dudas sobre la posibilidad de que el gobierno logre aplicarla correctamente y que de esta se beneficien realmente los despojados con proyectos productivos para ellos. El ministro de Agricultura, en una carta que le dirigió al presidente de Augura, Roberto Hoyos, asegura que el gobierno no restituirá tierras peladas a las víctimas del desplazamiento y el despojo y garantizó que el proceso estará acompañado de proyectos productivos.
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