¿AlGO MÁS QUE UNA SIMPLE RESPUESTA MILITAR LEGAL A LA SUBVERSIÓN?
ATISBOS ANALÍTICOS
No. 122, noviembre 2010. Cali, Colombia.
DIRECTOR: HUMBERTO VELEZ RAMIREZ
EDICION: Jorge E. Salomón , Nelson A. Hernández, Jessica Villegas
Egresados de Estudios Politivos de la U. DEL valle.
En 1986 la nuestra fue la primera respuesta que, desde la Academia, hubo sobre el mediático tremendo suceso. Como profesor investigador del departamento de historia de la Universidad del Valle publiqué un largo artículo titulado “El Triple Asalto al Palacio de Justicia o la Lógica de la Fuerza bruta”. Lo recogió en Bogotá la revista “6 de noviembre” y lo reprodujo en sus números 2, 3 y 4. Con posterioridad, Carlos Medellín me llamó y me pidió la autorización para publicarlo, condensado bajo su responsabilidad, en el Espectador. Y efectivamente el diario capitalino lo publicó por entregas los días 6, 7 8 y 9 de noviembre de 1988. En ese artículo, usando como soporte empírico una todavía caótica pero abundante información de prensa y apelando al precario método inductivo, inferimos una hipótesis descriptiva orientadora que decía que ese día el Palacio de Justicia había sido objeto de tres asaltos, el primero, realizado por el M19 para ”someter a un juicio al presidente Belisario Betancur”, el segundo, ejecutado por el Ejército colombiano casi como “anticipada” y aleccionadora respuesta al grupo subversivo, y el tercero, un asalto ideológico, había sido hecho por un sector de la dirigencia del establecimiento en procura de justificar y legitimar la respuesta del Estado colombiano. También dijimos en este primer escrito: cuando en una sociedad como la colombiana portadora de una cultura que valoriza más el poder que la misma posesión de riqueza, en una coyuntura dada se ponen
“en juego problemas substanciales y estratégicos ligados a la legitimidad del poder político estatal, los actores participantes en la confrontación tienden hacer caso omiso de las consecuencias de sus acciones..; pero , aún en el caso en que las puedan prever, éstas, por delicadas y graves que sean, pasarán a un segundo plano. Esta situación parece ser la característica de aquellos actores que agotan la política en la práctica del fusil”. Fue así como adelantamos la hipótesis sobre los sucesos del Palacio de Justicia como una confrontación entre militarismos, el del M19, el del Ejército colombiano y el de las Sociedades civiles.
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En esas andaba, cuando hice equipo investigativo con Adolfo Atehortúa, quien, graduado ya en historia, había sido uno de mis alumnos más aventajados. Con Adolfo, en 1993 publicamos el libro “Militares, Guerrilleros y Autoridad Civil El caso del Palacio de Justicia”. Por desgracia, este texto en su circulación se quedó muy circunscrito a lo local. El soporte empírico central de este trabajo lo constituyeron las fuentes judiciales a las que pudimos acceder gracias al empeño del inolvidable Eduardo Mendoza. Por otra parte, en noviembre del 2005, con una finalidad más bien informativa, publicamos un condensado bajo el título “¿Qué pasó en el Palacio de Justicia?
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Sin interés alguno en confrontarlo con los importantes avances investigativos que ha habido sobre el tema, (ojalá le sirva a algún investigador en su fase de estado del arte), el siguiente fue el conjunto de hipótesis, que sobre la base, de la información accesible, logramos levantar sobre ese triple Asalto:
1. Al hablar sobre las huellas dejadas por el espectacular evento, dijimos
“Con relación a los hechos del Palacio de Justicia, abunda en apariencia una información desparramada y atomizada. Sin embargo, acerca de una determinada y muy importante dimensión del suceso (la confrontación armada en sí misma), las huellas dejadas por los actores enfrentados no lograron conservar su originalidad y en ocasiones ni siquiera su existencia. Sobre ellas… incidieron en forma denodada intereses asociados al militarismo vencedor”.
2. Importa destacar que la mayoría de las hipótesis levantadas fueron hipótesis descriptivas o sea inferidas, de modo casi directo del relato o narración, apelando al precario método inductivo. Esto no obstante todas ellas, tuvieron como trasfondo una hipótesis contexto, que no tenía por qué probarse, pues cumplía, más bien, una función orientadora y que podemos recoger así:
si todo en el Palacio de Justicia, pero también por fuera de él, fue tan cruento, tan intenso y tan veloz ese día 6 de noviembre, se debió a que allí se enfrentaron tres militarismos, incluido uno de tipo ideológico, ligado a las sociedades civiles. Por lo tanto, no se trató simplemente de una sociedad inocente, víctima y sujeto pasivo de la perversión innata de los actores. O sea, que cuando sucedió lo del Palacio de Justicia, “algo” andaba ya muy mal y casi “podrido”, en el cuerpo social.
3. Examinamos, entonces, los complejos sucesos del Palacio de Justicia, en términos de una confrontación entre tres militarismos siendo quizá éste el meollo central del libro.
“Es cierto que la toma, montada sobre un análisis fantasioso según el cual se había producido un cambio en las correlaciones de poder favorables favorable al M19, había tenido una violenta iniciación. Pero la retoma, liderada desde las 12 del día 6 de noviembre por los mandos militares, sin autorización expresa de las autoridades civiles, fue un operativo más orientado a aniquilar a los guerrilleros que a rescatar, sanos y salvos, a los civiles atrapados. No obstante, los militares se encontraron en el otro polo de la confrontación con un actor que, aunque no esperaba una reacción tan radical, tampoco estaba dispuesto a reformular los rumbos de su demanda, como le es propio a la obcecación y la soberbia militaristas. En esas condiciones, los objetivos explícitamente buscados con el correspondiente operativo armado… ya no importaron pues, en coherencia con la lógica de la alienación de las armas, la confrontación armada en sí misma y por sí misma se transformó en el objetivo más importante de la respectiva acción militar. Fuerzas Armadas y M19 se trenzaron, entonces, en infernal duelo. Uno de los dos tenía que desaparecer y el resto, es decir, la vida, los rehenes, los civiles atrapados y el cumplimiento de los objetivos trazados, pasó a ocupar un lugar secundario”.
4. Respecto a la toma de decisiones ese 6 de noviembre, esto fue lo que planteamos: “Aunque en un principio el Presidente Betancur colocó sobre sus hombros el pesado fardo de la responsabilidad total por las decisiones tomadas, pasados unos meses comenzó a trasladar hacia los uniformados la cuenta de cobro por las decisiones y acciones concretas. Los mandos militares, a su turno, proyectaron en sus declaraciones ante los jueces la imagen de una subordinación incondicional a la Autoridad Civil.” Pero…”a las 12 del día fueron los uniformados quienes decidieron una solución militar que dos horas más tarde sería definida también por el Presidente Betancur, ya porque tuviese razones propias para hacerlo o bien porque hubiese querido formalizar el operativo puesto en marcha por la Fuerza Pública…Podría plantearse que el 6 de noviembre los militares no se limitaron a las decisiones técnicas sino que, en la base de la definición de solución militar hubo una decisión política y que esta decisión, consistente en la forma específica de conducción el operativo militar, fue tomada por ellos mismos”. “Fundamentadas empíricamente, las entrevistas simuladas y el relato descriptivo expuesto… se movieron a favor del siguiente cuerpo de hipótesis subsidiarias.
En síntesis,
Primero: El Presidente de la República tomó ( o simplemente formalizó ) la decisión de solución armada del conflicto, una vez conocidas las exigencias básicas del M19, sobre todo aquella relacionada con su presencia ante la Corte Suprema de Justicia para ser juzgado por presunta traición a la causa de la paz.
Segundo: desde las doce a.m, casi con el inicio de la toma, los Mandos Militares, movidos por automatismos inherentes a su configuración histórica institucional y sin que le pidiesen permiso a poder civil alguno, decidieron y pusieron en marcha el operativo militar.
Tercero: aun bajo el supuesto de que el Presidente Betancur hubiese definido ‘autónomamente’ la decisión militar, ésta fue una determinación a posteriori que, no obstante, resultó congruente con las decisiones concretas tomadas por los mandos militares.
Cuarto: Tanto el Presidente Betancur como los mandos militares, en niveles distintos, tomaron decisiones políticas.
Quinto: Aunque el Presidente Betancur no haya sido informado sobre los distintos aspectos de la dinámica global del operativo ni sobre sus más importantes desarrollos concretos, todo indica que tampoco hizo exigencias específicas a ese respecto, convencido como se encontraba, primero, de que las Fuerzas Armadas eran un cuerpo estrictamente profesional; segundo, de que los militares utilizarían los recursos y elementos “normales” que el Estado les había proporcionado para el cumplimiento de sus obligaciones; y tercero, de que como las instrucciones impartidas a los militares habían sido inequívocas (mantener las instituciones y recuperar el Palacio de Justicia con las debidas precauciones para garantizar la vida de los rehenes), “usarían las armas del Estado en forma prudente, gradual y oportuna.” Pero, nada de eso, desde la iniciación misma del Frente Nacional, por lo menos, los militares habían evidenciado de que, parte integrante del Estado, al mismo tiempo eran en la vida nacional un grupo más, muy poderoso, por cierto, de presión política. Por lo tanto,
“Los supuestos de Betancur fueron más ficción que realidad: Aún aceptando a los militares como ‘cuerpo profesional’, no podía olvidarse que también se trataba de un importante actor político en poder de recursos y elementos de guerra utilizados en forma imprudente, veloz e inoportuna. Tal parece que las manifestaciones discursivas de los actores se quedaron a la zaga de sus conductas prácticas.” No se podrá olvidar que pasados unos meses, el presidente empezó a distanciarse de sus primeras declaraciones con las que, sobre todo, había buscado “producir un efecto de verdad al proyectar sobre la opinión pública una sólida imagen de solidaria cohesión en las relaciones entre la autoridad civil y los mandos militares.”. “El 5 de mayo de 1986, por ejemplo, ante el Juez 30 de Instrucción Criminal puntualizó que todas las decisiones concretas las habían tomado los militares. Aún más, aunque reconoció la oportunidad de los informes suministrados por el Ministro de Defensa, los calificó como insuficientes, sobre todo cuando los había confrontado con la información obtenida posteriormente”. Entonces, el presidente “pudo haber tomado la decisión general de decisión militar, pero se desprendió de la decisión política asociada a la forma militarista de conducción del operativo militar. Esta decisión, con claridad, fue tomada por los mandos militares”. Por otra parte, “la forma militarista como se condujo el operativo militar resultó incompatible con la adopción de una política seria de rescate de rehenes”. Fue así como tomada o formalizada la decisión general…Betancur “pareció desprenderse de la dinámica específica de la confrontación armada… Dejó que el Ministro de Defensa le informase espontánea y selectivamente lo que le viniese gana… “En estas condiciones, entonces, los civiles atrapados en el Palacio se fueron encontrando por fuera de la ‘regla de oro’ del Presidente, quedando a merced de las exigencias tácticas de los militares”.
5. En nuestro concepto, entonces, no es que 6 noviembre haya habido “un golpe de Estado de 28 horas” o “un vacío de poder”. Sencillamente ese día los militares, en las condiciones de la coyuntura, recuperaron, muy a la colombiana, “sus plenas condiciones de actor político” y decidieron darle un manejo militarista al operativo decidido, o simplemente formalizado, por el presidente Betancur. No se podrá olvidar, entonces, una historia específica que nos recuerda que, creado el Frente Nacional, como lo aconsejó Alberto Lleras en el teatro “Patria” de Bogotá en 1958, “dada la índole específica de sus acciones”, se le dio vía libre a los operativos de los militares. “Es más, por razones asociadas con la recurrente violencia, los militares cada día ganaron mayor autonomía para actuar en las acciones de orden público discrecionalmente, para administrase a sí mismos y para manejar, con relativa independencia, su propio presupuesto”.
6. Finalmente, a ese respecto señalamos que las formas prácticas como procedieron los militares esa mañana del 6 de noviembre fueron expresivas de su intención efectiva de ejecutar una ejemplarizante acción de “tierra arrasada”: más de mil hombres para someter a tres docenas de guerrilleros y los Urutú subiendo escalas arriba para derribar con espectacularidad la puerta metálica de la entrada principal y la llegada tardía de los Comandos helitransportados y la apelación a armas de “gran despliegue ofensivo”. Por otra parte, se violaron casi todas las reglas asociadas a la experiencia internacional acumulada para enfrentar estos casos:
Primero: No se establecieron contactos inmediatos con los subversivos; segundo: No se buscó ganar tiempo ni se interpuso un negociador ni se adelantaron consultas con las autoridades centrales; tercero: No se presionó al Comando guerrillero para que garantizase la vida de los rehenes; cuarto: Por otra parte, se omitieron dos importantes recomendaciones (hacer efectiva la acción armada sólo cuando el subversivo se encuentre en el nivel más alto de fatiga sicológica y la intervención del presidente aún para la toma de decisiones políticas concretas).
Fue por esto por lo que éste fue el remate de nuestro libro,
“En el Palacio de Justicia los militares aplicaron los mismos métodos y tácticas que habían venido aplicando en el país desde hacía más de tres décadas. Sin embargo, esta situación sólo la conocían unas pequeñas franjas de la sociedad civil y de la clase política. En el caso del Palacio de Justicia, la conocieron casi todos los colombianos”. ( Los anteriores fueron quizá los puntos centrales de nuestro libro.
7. En relación con otros temas que se fueron haciendo nodales, sólo evidenciamos, en lo descriptivo, algunas situaciones pero sin que hayamos levantado hipótesis alrededor de ellas. Por ejemplo, respecto a los desaparecidos de la cafetería. Si los Altos Magistrados quedaron invisibilizados dada la táctica de “tierra arrasada” aplicada por los militares y la respuesta también cerril de los guerrilleros a ella, ¿quién se iba a preocupar por unos humildes empleados a quienes muy pronto quisieron enredar con el cuento de que habían sido colaboradores de los guerrilleros? Esto no obstante lo registramos, así:
Primero: Jaime Solano Jiménez, Capitán del Ejército reconoció que , una vez recuperado el sitio , “fue sacado personal por esa área” y, más en concreto, “unas señoras que decían ser de la cafetería”. Segundo: en las comunicaciones internas del Ejército, esto fue lo que dijo ARCANO 2, “es que por el otro sector occidental evacuaron otras personas, pero esa no tengo la relación…”. Tercero: el 1 de agosto de 1989, el exagente de inteligencia, Ricardo Gámez Mazuera, elevó la siguiente denuncia, “El Señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería, salió del Palacio y fue llevado a la Casa del Florero sin ninguna lesión. De allí fue enviado a la Escuela de Caballería por orden del Coronel Alfonso Plazas Vega, quien dio las siguientes instrucciones:’ Me lo llevan, me lo trabajan y cada dos horas me dan informe. El Coronel Plaza se basó en la hipótesis de que en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto y por ello ordenó torturar al Señor Rodriguez por ‘cómplice’ (…) El Señor Rodríguez murió durante las torturas…”. Cuarto: de acuerdo con Juan Gossaín, él, cuando se iniciaba la retoma del Ejército, obtuvo comunicación telefónica con personas que se identificaron como funcionarios de la Cafetería y que le dijeron que estaban en los pisos inferiores por fuera del control del M19; esta información hace precaria la tesis del Tribunal Especial de Instrucción según la cual “ los empleados de la cafetería habían sido conducidos como rehenes al cuarto piso donde murieron calcinados”.
8. Digamos finalmente que sobre si , más allá de una demanda armada, el M19 fue al Palacio de Justicia a hacerle un “mandado pagado” a los narcotraficantes, fue un asunto que, aunque registramos, sin embargo, carecimos de soportes empíricos sólidos para fundar alguna hipótesis.
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Ya lo dijimos, nuestro interés no es el de confrontar nuestras hipótesis originarias, por cierto todavía muy débiles por tratarse de generalizaciones de casi exclusiva índole empírica, con los importantes desarrollos que han tenido las investigaciones sobre lo acaecido en el Palacio de Justicia. Esto no obstante, personalmente pienso, no sé qué opinará al respecto el profesor Adolfo Atehortúa, que nuestra hipótesis sobre esos sucesos como compleja confrontación entre tres militarismos, tal como fue recogida atrás, nos lleva más allá de saber si la respuesta del Ejército estuvo o no ajustada a la Constitución y las leyes. En los discursos y declaraciones judiciales lo estuvieron, pero la práctica de lo acaecido nos revela que al otro lado de la respuesta militar legal y constitucional, hubo otra preocupante respuesta, una que expresada y manejada por los actores brotaba del corazón mismo del “cuerpo social”. Como decir que no se trató simplemente de una confrontación armada entre unos actores “buenos” defendiendo con denuedo la sociedad y la democracia y de unos sujetos “perversos” atacándolas y subvirtiéndolas. Más allá de esto, se trató de algo “perverso” fluyendo del corazón mismo de la vida social. Todo indica que es allí donde en esta sociedad anida el ya conocido y practicado “todo vale” con tal de derrotar al enemigo.
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Hace apenas un año el Embajador francés de los Derechos Humanos, Francoise Zimeray, declaró a “El Tiempo” de Bogotá,
“hay una dimensión que me impacta: cuando vemos como se atacan los derechos humanos en Colombia, y veo muchos ataques en el nivel mundial- estuve en Asia, en Palestina, en Africa, en Chechenia- lo que me impacta de la situación colombiana no es solamente la violencia…En Palestina…no se descuartiza a la gente…También me pregunto, remató, si lo que se hace tiene fundamento en el cuerpo social”. (Subrayado nuestro)
Constituye ésa la gran pregunta, ¿por qué hemos llegado a esos extremos? A esos extremos del Palacio de Justicia, de las motosierras, de los hornos crematorios, de las Escuelas Especializadas en “descuartizamiento”, de miles y miles de fosas comunes, de los “falsos positivos”, esos horrendos y horrorosos asesinatos racionales por lo disfrazados? Zimeray sugiere que la situación se encuentra asociada a la forma intrínseca de institución de esta sociedad. Nosotros, cercanos a su hipótesis, decimos que sólo la existencia de un social, de una estructura o tejido social elevadamente gaseoso y vaporoso, puede acercarnos a una explicación del fenómeno.
Como para decir, que en lo que expresan y han significado, en la historia contemporánea de Colombia, Palacios de Justicia ha habido más de uno. Esto lo recordamos hoy, 6 de noviembre del 2010, al traer a la recordación el Palacio de Justicia de 1985.
atisbosanaliticos2000.blogspot.com ; ecopaisfundacion@gmail.com,
A Eduardo Mendoza:
Solidario como siempre, acompañándonos
en todo esfuerzo por saber lo que en Colombia
ha sucedido con las víctimas de las violencias.
En esta sociedad, de una inocultable cara perversa,
en la que los victimarios, directos e indirectos,
son y han sido quizá el más poderoso y maligno
factor de ocultamiento de la verdad: De la verdad
sencilla, la que con sus autores y móviles acaeció.
. Vélez R, Humberto. “De dónde viene, en qué situación se encuentra y para dónde va esta sociedad? Atisbos Analíticos No 111Cali, marzo 2010.
. Vélez Ramírez, Humberto. “De dónde viene, en qué situación se encuentra y hacia dónde va esta sociedad”. Atisbos Analíticos No 111. Cali, 2010.
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