TEMAS DE FRONTERAS Y DE LESA HUMANIDAD
Como es de público conocimiento la Corte de Justica de la provincia de Sucumbíos en Ecuador, ratificó la orden de prisión del ex ministro de Defensa Colombiano y candidato Presidencial Juan Manuel Santos, después que el defensor de oficio no se presentó en la sustentación que debía hacer del pedido de revocatoria de esa orden de captura.
La Corte consideró que “no compareció el abogado de la defensa y la Corte consideró que no justificó tal decisión con documentos, argumentó una situación de calamidad doméstica que no justificó”, añadiendo que “ante esta situación seguirá el proceso”. La orden de prisión de Santos está vigente desde Junio del 2009.
Santos al igual que el Comandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla y otros dos Generales, fueron requeridos en esa jurisdicción por la incursión Militar de Angostura, territorio Ecuatoriano el 1 de Marzo del 2008 en que fueron muertas 25 personas, entre ellas el jefe guerrillero Raúl Reyes. Ecuador consideró que Colombia violó su soberanía, lo que ocasionó un impasse Diplomático entre los dos países, que aún subsiste.
Ante los medios de comunicación el Gobierno Colombiano ha manifestado su rechazo a la reapertura del proceso contra Santos, desconociendo la jurisdicción extraterritorial por la que se pretende procesar al ex ministro y otros miembros de las Fuerzas Armadas.
En su defensa, el candidato Presidencial ha declarado que no es posible juzgarlo porque esa fue una acción de Estado y no de Juan Manuel Santos.
Es precisamente esta teoría la que nos induce a verificar su fundamento y los hechos sucedidos en nuestro país, que podrían dar origen a consecuencias internacionales por la “supuesta violación” de las normas que tipifican delitos que afectan la extraterritorialidad y la humanidad, siempre y cuando la justicia Colombiana no cumpla cabalmente con su función en estos casos.
Será que los funcionarios de alto rango de los gobiernos no son responsables de las acciones realizadas durante su gestión y que excedan la legalidad y la territorialidad? Esto es solo responsabilidad del etéreo Estado?
La incursión militar Colombiana en Angostura originó el reclamo por la violación de la soberanía Ecuatoriana y la muerte de Colombianos, Ecuatorianos y Mexicanos por parte de los militares que participaron en esa incursión internacional, justificada por el Gobierno Colombiano no solo por la presencia de Reyes, sino por el combate al terrorismo que “fundamentó” esa actitud. Varios países Latinoamericanos manifestaron su incomodidad por la incursión en Ecuador, lo que amplió las consecuencias de ese hecho militar.
Guardando prudente distancia con el caso del campamento de las Farc en Ecuador, las entendibles protestas Ecuatorianas y la orden de detención contra Juan Manuel Santos, existen situaciones ocurridas en los últimos 8 años que podrían hipotéticamente ser enmarcadas como crímenes de lesa humanidad y también hipotéticamente, comprometer a funcionarios importantes del actual gobierno.
Los desplazados en Colombia que sobrepasan los 4 millones de ciudadanos, lo que comparado con los conflictos de Darfur en la década pasada que también produjo 4 millones y el de Sudan, dos veces más grande que Colombia, que lo supera en número de desterrados, nos da a entender la magnitud del agravio a la población Colombiana causado por los actores del conflicto, llámense grupos de narcos, paramilitares y militares. Igualmente la falta de voluntad de diálogo político en la búsqueda de soluciones pacíficas y la visión militarista como única posibilidad de triunfo, han influido en la prolongación del litigio y el incremento de desplazados.
Pero no solo la guerra produce desplazados. También la incursión de los narcotraficante y paramilitares unidos en algunas regiones del país, han provocado el destierro por sus agresiones a campesinos, sus familias y pueblos enteros, sino también por su necesidad de acumular tierras para sus cultivos ilícitos y su dominio armado.
Las acciones perpetradas desde el DAS, institución adscrita a la Casa de Nariño en cuanto a la persecución, seguimientos y “chuzadas” a magistrados, periodistas, políticos opositores, instituciones de derechos humanos, sindicalistas, etc., además de los espionajes denunciados por los propios funcionarios detectives de esta institución a Cuba, Ecuador y Venezuela, nos llevan a percibir un régimen que aunque siempre trate de justificarse endilgando estas acciones a “mandos medios inconsultos”, nos lleva a entrever como se agrede a amplios sectores de la población y a países soberanos hermanos.
El irrespeto por las minorías atenta contra los pueblos ancestrales, las negritudes o otros grupos, lo que manifiesta el grado de descomposición y marginamiento. Los actores armados matan a los Indígenas, no respetan su cultura y los despojan de sus tierras. Algo similar sucede con las comunidades negras en varios Departamentos, como lo conocimos recientemente en Antioquia y Chocó, donde no solo los esclavizan en su propia tierra, sino que los despojan de ellas.
La desaparición de jóvenes en Soacha reveló ante los sorprendidos ojos de los Colombianos y la comunidad internacional, tal vez el hecho más grave de los que se puedan cometer contra la juventud de cualquier país; “Los falsos positivos”, que consisten en reclutar por parte de militares a jóvenes con engaños, para luego hacerlos aparecer muertos como guerrilleros dados de baja en combate, y así sus autores lograban beneficios económicos y privilegios que además representaban estímulos institucionales, (resolución No. 029). Según las informaciones más de 1.500 casos de “falsos positivos” se han denunciado hasta el momento en todo el territorio nacional, lo que podría ser enmarcado como crímenes de Estado y crímenes contra la humanidad.
Precisemos que son crímenes contra la humanidad: “La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
“Es importante añadir que los crímenes contra la humanidad tienen la característica especial de ser imprescriptibles, es decir que pueden ser perseguidos en todo tiempo”.
“Además la comunidad jurídica internacional considera crímenes de lesa humanidad, los que se cometen utilizando el aparato estatal, lo que supone el compromiso de quienes ejercían cargos en ese aparato (o gobierno), por lo que no quedan exentos de responsabilidad”. (Wikipedia).
La objetividad, celeridad y resultados eficaces de la justicia criolla sobre esos sucesos que podrían ser denominados como de lesa humanidad, sería el “antídoto” contra cualquier posibilidad de que hipotéticamente, funcionarios sean conminados en el futuro por crímenes contra la humanidad y juzgados por las cortes internacionales.
Algunos de esos funcionarios que dejaran el poder el próximo 7 de Agosto, están haciendo mucha fuerza junto a uno de los Presidenciables por la “continuidad del continuismo”, pues de lo contrario no tendrían la garantía de que futuros sobresaltos los obligue a permanecer en el país, ante el peligro de pasearse desprevenidamente por el extranjero. Esto también hipotéticamente!
Como es de público conocimiento la Corte de Justica de la provincia de Sucumbíos en Ecuador, ratificó la orden de prisión del ex ministro de Defensa Colombiano y candidato Presidencial Juan Manuel Santos, después que el defensor de oficio no se presentó en la sustentación que debía hacer del pedido de revocatoria de esa orden de captura.
La Corte consideró que “no compareció el abogado de la defensa y la Corte consideró que no justificó tal decisión con documentos, argumentó una situación de calamidad doméstica que no justificó”, añadiendo que “ante esta situación seguirá el proceso”. La orden de prisión de Santos está vigente desde Junio del 2009.
Santos al igual que el Comandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla y otros dos Generales, fueron requeridos en esa jurisdicción por la incursión Militar de Angostura, territorio Ecuatoriano el 1 de Marzo del 2008 en que fueron muertas 25 personas, entre ellas el jefe guerrillero Raúl Reyes. Ecuador consideró que Colombia violó su soberanía, lo que ocasionó un impasse Diplomático entre los dos países, que aún subsiste.
Ante los medios de comunicación el Gobierno Colombiano ha manifestado su rechazo a la reapertura del proceso contra Santos, desconociendo la jurisdicción extraterritorial por la que se pretende procesar al ex ministro y otros miembros de las Fuerzas Armadas.
En su defensa, el candidato Presidencial ha declarado que no es posible juzgarlo porque esa fue una acción de Estado y no de Juan Manuel Santos.
Es precisamente esta teoría la que nos induce a verificar su fundamento y los hechos sucedidos en nuestro país, que podrían dar origen a consecuencias internacionales por la “supuesta violación” de las normas que tipifican delitos que afectan la extraterritorialidad y la humanidad, siempre y cuando la justicia Colombiana no cumpla cabalmente con su función en estos casos.
Será que los funcionarios de alto rango de los gobiernos no son responsables de las acciones realizadas durante su gestión y que excedan la legalidad y la territorialidad? Esto es solo responsabilidad del etéreo Estado?
La incursión militar Colombiana en Angostura originó el reclamo por la violación de la soberanía Ecuatoriana y la muerte de Colombianos, Ecuatorianos y Mexicanos por parte de los militares que participaron en esa incursión internacional, justificada por el Gobierno Colombiano no solo por la presencia de Reyes, sino por el combate al terrorismo que “fundamentó” esa actitud. Varios países Latinoamericanos manifestaron su incomodidad por la incursión en Ecuador, lo que amplió las consecuencias de ese hecho militar.
Guardando prudente distancia con el caso del campamento de las Farc en Ecuador, las entendibles protestas Ecuatorianas y la orden de detención contra Juan Manuel Santos, existen situaciones ocurridas en los últimos 8 años que podrían hipotéticamente ser enmarcadas como crímenes de lesa humanidad y también hipotéticamente, comprometer a funcionarios importantes del actual gobierno.
Los desplazados en Colombia que sobrepasan los 4 millones de ciudadanos, lo que comparado con los conflictos de Darfur en la década pasada que también produjo 4 millones y el de Sudan, dos veces más grande que Colombia, que lo supera en número de desterrados, nos da a entender la magnitud del agravio a la población Colombiana causado por los actores del conflicto, llámense grupos de narcos, paramilitares y militares. Igualmente la falta de voluntad de diálogo político en la búsqueda de soluciones pacíficas y la visión militarista como única posibilidad de triunfo, han influido en la prolongación del litigio y el incremento de desplazados.
Pero no solo la guerra produce desplazados. También la incursión de los narcotraficante y paramilitares unidos en algunas regiones del país, han provocado el destierro por sus agresiones a campesinos, sus familias y pueblos enteros, sino también por su necesidad de acumular tierras para sus cultivos ilícitos y su dominio armado.
Las acciones perpetradas desde el DAS, institución adscrita a la Casa de Nariño en cuanto a la persecución, seguimientos y “chuzadas” a magistrados, periodistas, políticos opositores, instituciones de derechos humanos, sindicalistas, etc., además de los espionajes denunciados por los propios funcionarios detectives de esta institución a Cuba, Ecuador y Venezuela, nos llevan a percibir un régimen que aunque siempre trate de justificarse endilgando estas acciones a “mandos medios inconsultos”, nos lleva a entrever como se agrede a amplios sectores de la población y a países soberanos hermanos.
El irrespeto por las minorías atenta contra los pueblos ancestrales, las negritudes o otros grupos, lo que manifiesta el grado de descomposición y marginamiento. Los actores armados matan a los Indígenas, no respetan su cultura y los despojan de sus tierras. Algo similar sucede con las comunidades negras en varios Departamentos, como lo conocimos recientemente en Antioquia y Chocó, donde no solo los esclavizan en su propia tierra, sino que los despojan de ellas.
La desaparición de jóvenes en Soacha reveló ante los sorprendidos ojos de los Colombianos y la comunidad internacional, tal vez el hecho más grave de los que se puedan cometer contra la juventud de cualquier país; “Los falsos positivos”, que consisten en reclutar por parte de militares a jóvenes con engaños, para luego hacerlos aparecer muertos como guerrilleros dados de baja en combate, y así sus autores lograban beneficios económicos y privilegios que además representaban estímulos institucionales, (resolución No. 029). Según las informaciones más de 1.500 casos de “falsos positivos” se han denunciado hasta el momento en todo el territorio nacional, lo que podría ser enmarcado como crímenes de Estado y crímenes contra la humanidad.
Precisemos que son crímenes contra la humanidad: “La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
“Es importante añadir que los crímenes contra la humanidad tienen la característica especial de ser imprescriptibles, es decir que pueden ser perseguidos en todo tiempo”.
“Además la comunidad jurídica internacional considera crímenes de lesa humanidad, los que se cometen utilizando el aparato estatal, lo que supone el compromiso de quienes ejercían cargos en ese aparato (o gobierno), por lo que no quedan exentos de responsabilidad”. (Wikipedia).
La objetividad, celeridad y resultados eficaces de la justicia criolla sobre esos sucesos que podrían ser denominados como de lesa humanidad, sería el “antídoto” contra cualquier posibilidad de que hipotéticamente, funcionarios sean conminados en el futuro por crímenes contra la humanidad y juzgados por las cortes internacionales.
Algunos de esos funcionarios que dejaran el poder el próximo 7 de Agosto, están haciendo mucha fuerza junto a uno de los Presidenciables por la “continuidad del continuismo”, pues de lo contrario no tendrían la garantía de que futuros sobresaltos los obligue a permanecer en el país, ante el peligro de pasearse desprevenidamente por el extranjero. Esto también hipotéticamente!
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